El pasado sábado 1 de octubre se cumplió un año desde la inauguración del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), a partir de la ley 21. 302. La iniciativa, se enmarca en el un proceso más largo que tiene como fin la disolución total del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La idea, simple en un su concepción, se desarrolló (y continúa desarrollándose) con el fin de separar, por un lado, la protección y restitución de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes gravemente amenazados o vulnerados, a través de Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Mientras que, por otro lado, se implementa el Servicio de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia, que se hará cargo de la «intervención personalizada y especializada» de los adolescentes y jóvenes imputados por delitos, además de ocuparse de su reinserción social.
El Sename, organismo que se hacía cargo tanto de la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerados, como de aquellos menores que cometían delitos, pasará a cerrarse definitivamente luego de que entre en marcha el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que según han expresado desde el propio Gobierno de Gabriel Boric estaría pronto a concretarse.
Es más, el lunes fue noticia la renuncia forzosa de la directora nacional del Sename, Rosario Martínez, debido a este último punto. Pues, desde el Gobierno le habrían comunicado que su renuncia era necesaria, aduciendo «pérdida de confianza» de la profesional contratada en el Gobierno de Piñera para dirigir el Servicio. Esto, en un momento clave para la promulgación del nuevo servicio, que es una prioridad legislativa del Presidente Gabriel Boric.
Así las cosas, desde el Ejecutivo se preparan para iniciar un nuevo concurso por Alta Dirección Pública y dejar a una persona de su confianza en la dirección nacional. Este es un rol estratégico, pues será el encargado de llevar a cabo el traspaso del Sename hacia el nuevo organismo.
Mejor Niñez: mucho ruido y pocas nueces
El Sename ha sido una de las grandes piedras en el zapato de los gobiernos de los últimos 20 años, pues dicha institución evidencia como ninguna otra el completo abandono que existe hacia uno de los grupos más vulnerables de cualquier sociedad, las niñas, niños y adolescentes.
Pese a la grandilocuencia con la que se hicieron los anuncios sobre los nuevos servicios que sustituirían al Sename, y que se harían cargo de una vez por todas de la protección efectiva de la infancia y de sus principales problemáticas, la realidad hoy es otra.
Tras un año de promulgado Mejor Niñez, desde dentro de la institución las denuncias no han hecho más que escalar. Trabajadores y trabajadoras del Servicio denuncian que no solo no se han solucionado los principales baches del anterior sistema, sino que además se han profundizado problemas como las listas de espera para programas ambulatorios de niños que han sufrido vulneraciones, así como el acceso a salud mental por parte de los menores a cargo del Estado.
Crítica situación en salud mental
En el primer aniversario del Servicio, el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Subcontratados para la Niñez y Juventud (Sintrasub) realizó una encuesta sobre la situación actual del “Acompañamiento en salud mental para niñas, niños y adolescentes de la red privada del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”.
La encuesta buscó visualizar, a través de las experiencias de las personas que actualmente se desempeñan como trabajadores y trabajadoras de la niñez en distintos programas de la red privada del servicio de protección, si las niñas, niños y adolescentes vigentes estaban recibiendo una atención oportuna y prioritaria en salud mental, indagando en aspectos como la frecuencia mensual de las atenciones, mantención y continuidad de los profesionales tratantes, percepciones en torno a la sensación de satisfacción de los padres, madres y/o cuidadores, respuestas del sistema cuando existen descompensaciones psicoemocionales, oferta programática ante temáticas como consumo de sustancias, entre otras materias.
Las conclusiones de la encuesta fueron lapidarias. Según los y las trabajadoras subcontratadas de Mejor Niñez, el 85% de las niñas, niños y adolescentes vigentes en el servicio, que requieren de atención en salud mental, no reciben atención oportuna ni prioritaria. Asimismo, un 70% de ellos/as, que se encuentran con tratamiento en salud mental, reciben sólo una atención al mes.
El panorama no hace más que agravarse si a lo anterior se suma el constante cambio de profesionales tratantes que sufren los NNA bajo la protección del Servicio (87,5%).
El 71,4% de las trabajadoras y trabajadores considera que no existe oferta suficiente y pertinente en cuanto al tratamiento de consumo de sustancias y/o alcohol, y que la que existe no es acorde al perfil de la niñez en contexto residencial/ambulatorio.
En tanto, el 92,3% de las trabajadoras (es) vinculadas al área de residencias, señalan que los servicios de salud no dan respuestas satisfactorias cuando existen descompensaciones vinculadas a la salud mental en los menores.
Siguiendo con la atención en situación de crisis, el 95,8% de las educadoras de trato directo encuestada consideran que no cuentan con apoyo de los equipos técnicos especializados para responder a los requerimientos de la niñez frente a eventos de crisis.
Al menos 14.301 NNA en lista de espera para acceder a tratamientos ambulatorios
En esta misma línea se enmarca el recurso de protección levantado por la Defensoría de la Niñez, que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago el 22 de septiembre de 2022, en contra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Mejor Niñez.
La Defensoría denunció las arbitrarias e ilegales omisiones de los organismos con sus obligaciones legales de asegurar, a los miles de niños, niñas y adolescentes en lista de espera, el ingreso a los programas ambulatorios de protección de sus derechos.
En el levantamiento de información de la Defensoría señaló que a mayo de 2022 eran 14.301 los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en lista de espera para acceder a tratamientos ambulatorios decretados por los Tribunales de Justicia del país, en el contexto de la aplicación judicial de medidas de protección en favor de sus derechos.
La acción constitucional se presentó después de reiteradas solicitudes formuladas por la Defensoría de la Niñez a dichos organismos, desde septiembre de 2021, sin recibir respuestas que informaran de una solución efectiva del problema.
Al acoger esta acción, la Corte de Apelaciones de Santiago ordena a los organismos responsables dar cuenta de la actual cantidad de niños que se encuentran en lista de espera, de los plazos asociados a cada programa, e informar en qué fecha harán ingreso efectivo a los mismos.
Tando la Defensoría de la Niñez como los trabajadores y trabajadoras de Mejor Niñez, en tanto, quedan a a la espera de respuestas y soluciones para que se adopten medidas concretas que permitan el acceso a los programas, terapias y medidas de protección de los menores, y que de una vez por todas se acaben las interminables listas de espera. Sin embargo, este es solo uno de los tantos problemas que azota al Servicio, y que pese a haberse anunciado con bombos y platillos como una solución para mejorar la protección de la infancia en Chile, tras un año de funcionamiento sigue dejando mucho que desear.
*Este artículo forma parte de una serie de reportajes que irá publicando este medio sobre la protección de la infancia en Chile y el Servicio Mejor Niñez*
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