Por Alexis Lira Reyes

El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que el operativo en la planta de la embotelladora de agua Bonafont, en Juan C. Bonilla, se debió a una diligencia judicial para que la empresa recupere sus instalaciones que fueron tomadas desde hace casi un año por los integrantes de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes.

Alrededor de la 1:20 de la mañana de este martes, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal ingresaron a las instalaciones que fueron nombradas como “Altepelmecalli. La Casa de los Pueblos” para desalojar a un grupo de habitantes que mantienen un plantón desde el pasado 22 de marzo, en protesta por la sobreexplotación del agua.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano afirmó que la orden se realizó bajo la orden de un juez de control a favor de la embotelladora y aclaró que no fue ordenada por el poder Ejecutivo.

Refirió que Bonafont podrá retomar sus actividades en sus instalaciones ubicadas en Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C. Bonilla, mientras que cualquier reclamo de parte de los inconformes deberá realizarse a través del diálogo.

“Lo que sigue es que la empresa restablezca sus operaciones de manera normal y cualquier reclamo de personas, de organizaciones, se lleve a cabo con el diálogo correspondiente. La empresa tiene que dialogar y nosotros como gobierno tenemos que intervenir en ese diálogo, (…) eso es lo que ocurrió y era lo que tenía que ocurrir”.

Luis Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla

A favor de la defensa del agua

El titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, sostuvo que su administración defenderá el agua, pero tiene que ser de acuerdo a la ley, respetando tanto los derechos humanos como los bienes.

En este tenor, se dijo en contra de que a la planta se le diera el nombre de La Casa de los Pueblos, toda vez que el grupo inconforme no era dueño de las instalaciones; “esa descripción que se hace La Casa de los Pueblos, no, tiene que prevalecer el cumplimiento de la ley”, concluyó.

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