Paulina Millán / Redacción El Ciudadano
La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, no han tenido una relación cordial desde sus actuales cargos públicos, ambos de elección popular.
La relación entre los gobernantes fue tensa, lo mismo por el control de la seguridad pública en el municipio que por las losas perdidas que alguna vez estuvieron en el Zócalo de la capital del estado.
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Las diferencias entre los integrantes de la 4T comenzaron desde las elecciones de 2018, cuando Rivera Vivanco obtuvo la mayoría de votos en la capital, pero Miguel Barbosa perdió la gubernatura e impugnó la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para buscar que se declarara inválida la elección de Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora.
Desde ese momento la relación se fracturó: Rivera Vivanco fue acusada de operar contra el ahora gobernador y fue denunciada públicamente de haber pactado con el exgobernador Antonio Gali Fayad.
La ruptura total se dio cuando Claudia Rivera acudió a la toma de protesta de Martha Érika Alonso, un evento organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Auditorio de la Reforma.
La alcaldesa prefirió no apoyar a Barbosa Huerta mientras éste peleaba jurídicamente para ganar la gubernatura de Puebla: no acudió a las ruedas de prensa que organizó la militancia de Morena en favor de Barbosa Huerta, ni se sumó al movimiento anunciado el 16 de diciembre de 2018 en la Plaza de la Democracia de la BUAP.
Esta falta de apoyo fue vista por el ahora mandatario como “una traición” de su compañera de partido.
¿Qué pasó después de la muerte de Martha Érika?
La gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018 y ello supuso que Claudia Rivera se quedara sin el aparente respaldo que había pactado con el grupo morenovallista.
Lo que seguía a nivel estatal era una nueva elección. Morena jugó con la posibilidad de postular de nueva cuenta a Miguel Barbosa Huerta o al senador Alejandro Armenta Mier.
Y aunque la alcaldesa intentó mantenerse al margen de la elección extraordinaria, acudiendo sólo a los eventos más importantes del hoy gobernador, su familia apoyó al senador, lo que fue visto como si ella le diera también su apoyo.
El control de la policía
En junio de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión del acuerdo por el que el gobernador ordenó que la policía estatal asumiera las tareas de la policía municipal de la ciudad de Puebla.
“Se concede la suspensión solicitada por el municipio de Puebla. La medida surtirá efectos de inmediato sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, dice el acuerdo de la SCJN.
El 24 de marzo el gobernador publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo impugnado en el que planteó que
“fuentes oficiales de seguridad federal continúan refiriendo que grupos delincuenciales vinculados con los grandes grupos de la criminalidad organizada, como los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana, llevan operando por años en el estado.”
Agregó que
“remanentes del Cártel de Los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuentan con células criminales operando en la entidad, particularmente la ciudad de Puebla”.
La Corte concedió la suspensión en una controversia constitucional promovida en marzo de 2020 por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, para impugnar la orden del gobernador de asumir el control de la seguridad pública en el municipio.
Esta decisión supuso el revés más fuerte para Barbosa en sus diferencias con Claudia Rivera. El gobernador quiso imponer a Carla Morales Aguilar como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Carla Morales es identificada como cercana a Ardelio Vargas Fosado, exsecretario de Seguridad Pública con Rafael Moreno Valle Rosas, y se mantuvo como coordinadora del Complejo Metropolitano de Seguridad (C5) en el periodo del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
En marzo de 2019, Rivera Vivanco dijo que no permitirá la intromisión de exfuncionarios de la administración de Moreno Valle ni de origen chiapaneco en la Seguridad Pública del municipio.
En video difundido en redes sociales indicó que solicitó a “instancias federales” su opinión sobre la designación de un delegado y el relevo de la entonces secretaria, Lourdes Rosales, y le indicaron que no debería permitir el paso de morenovallistas y que debía mantener la autonomía del municipio.
Palmeras, losas y un mercado
La tensión fue llevada la intención de Rivera Vivanco de cortar las palmeras del barrio de Analco, lo que generó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitara a la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, detener la tala.
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El Ayuntamiento aseguró que la tala de 12 palmeras en Analco, uno de los puntos más visitados por turistas y lugareños, era porque tenían una infección; sin embargo, Beatriz Guevara Manrique, la titular de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) clausuró los trabajos y acordonó el área.
Manrique dijo que personal de las direcciones Jurídica y de Inspección del gobierno del estado colocó sellos y citó al responsable de Medio Ambiente del municipio para que justificara el corte también de 73 ejemplares de palmeras de la Avenida Juárez que ya se encontraban marcados.
Tuvo que solicitar apoyo de elementos de la policía estatal para evitar que el municipio los cortara sin entregar los estudios pertinentes.
Al caso de las palmeras le precedieron otras diferencias que incluso generaron la pérdida de recursos federales, como los arreglos en la plancha del Zócalo y el Mercado Amalucan; ambos se iban a realizar con recursos enviados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
¿Qué pasó en el Zócalo de Puebla?
A la plancha del Zócalo se le invirtieron 10 millones de pesos, de los 60 millones que estaban programados; se removieron las rejillas de las jardineras, se eliminaron las lajas en mal estado y se le regresó la espada y cadena de hierro a la fuente de San Miguel.
La alcaldesa señaló que las mejoras al zócalo eran parte del programa del gobierno federal por el Mejoramiento Urbano.
En la inauguración de las obras estuvo el director de política de la Sedatu, Juan Carlos Cortés Gómez, ante quien la alcaldesa dijo que “el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido como propósito dignificar, trabajar, en un desarrollo con los gobiernos municipales”.
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El gobernador Miguel Barbosa se deslindó de toda responsabilidad sobre las obras y las negociaciones que se realizaron entre la dependencia federal y el municipio.
En junio al mandatario se le preguntó si sabía sobre la supuesta suspensión del proyecto de la dependencia federal en la plancha del Zócalo. Él respondió que las obras no fueron consultadas al gobierno del estado.
“Lo repito y lo he dicho antes: esas obras que Sedatu decidió llevar a cabo en el municipio de Puebla y de San Andrés Cholula no fueron decididas con la opinión del gobierno del estado y no, no sé dónde se llevó a cabo esa decisión, pero se llevaron a cabo (las obras) y después viene una serie de problemas técnicos y sociales en el caso del mercado de Amalucan, en el caso del Zócalo y hasta la fecha debo decir que están incompletos los documentos de esas obras”, aseguró el gobernador.
Mercado Amalucan
Otro conflicto fue por las remodelaciones del Mercado Amalucan, en que la Sedatu destinó 75 millones de pesos y la obra, de la que ya una vez se anunció la cancelación y luego su reactivación pero con el futuro alcalde Eduardo Rivera Pérez, aún está en riesgo de no llevarse a cabo.
En este conflicto participaron Claudia Rivera, Miguel Barbosa Huerta y también los locatarios: algunos tomaron partido por la alcaldesa y las obras y otros por el gobernador y se pronunciaron en contra contra de las obras.
Mientras la presidenta municipal intentaba conciliar con los locatarios, el gobernador y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Políticas (Jugocopo) del Congreso, Gabriel Biestro, aseguraron que el proyecto violaba las decisiones de los dueños de los locales.
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Al final, éste fue el único proyecto que Sedatu no llevó a cabo de entre los 26 municipios de 10 estados que tenía contemplados para ejecutar obras en mercados con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).
La negativa de ambos a ceder ocasionó que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador tuviera que intervenir para que se retomara el proyecto cancelado por la negativa de un grupo de comerciantes que se ampararon.
La Sedatu indicó que al ser la administración de mercados competencia del Ayuntamiento, resultaba preferible esperar a que las nuevas autoridades municipales asumieran sus cargos para que se volviera a evaluar la viabilidad del proyecto.
Con todo, estos no fueron los únicos conflictos en los dos años que convivieron el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.
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