Alternativas a la prohibición de las drogas en Colombia

Una de las características más importantes de los foros sobre narcotráfico y propuestas de superación del problema fue su carácter disperso, a veces contradictorio y limitado. En general, no hubo un enfoque articulado sino una sumatoria de demandas, quejas y reclamos al Estado acerca de su política de drogas que, ciertamente, golpea de manera inclemente a los sectores que menos se benefician de las ganancias de esta economía.

La notoria ausencia de un intercambio horizontal entre las comunidades, hace que esas demandas se proyecten de abajo hacia el Estado sin una articulación entre ellas que permita el desarrollo de una plataforma más o menos coherente de tales reivindicaciones.

Coca – cocaína. Se escucharon planteamientos disonantes que de un lado argumentaban, por ejemplo, el carácter sagrado de la hoja de coca y su uso natural, y de otro esgrimían el argumento de la profanación que implica elaborar psicoactivos como la cocaína. La profanación sería una afrenta a la cultura ancestral de comunidades indígenas.

La cocaína, como la heroína y la morfina, es una realidad empírica cuyo uso es muy difícil de valorar moralmente, so pena de instaurar códigos binarios arbitrarios, donde lo bueno es la hoja de coca y lo malo la cocaína. La morfina, por ejemplo, tiene usos medicinales y, a la vez, genera dependencia. Los opiáceos en general son fundamentales para la elaboración de múltiples e importantes medicinas para tratamientos asociados con el control del dolor o anestésicos, aunque, a la vez y bajo ciertas circunstancias, pueden llegar a destruir vidas. Proclamar su penalización y sustitución desde un enfoque cultural ancestral es muy problemático. ¿Qué es lo que se condena exactamente? ¿La intervención y transformación de la hoja de coca hacia fines de uso recreacional? ¿En el caso de la morfina, qué se condenaría?

De ello se derivan posiciones que en casos extremos estarían de acuerdo con una política de cero tolerancia frente a un uso recreacional que no sea la hoja de coca. La evidencia muestra que incluso la peligrosidad de la cocaína (que no tiene nada que ver con una condena moral) no está claramente establecida, y que los estudios de la Organización Mundial de la Salud no han sido categóricos en señalar esa condición de riesgo. Desafortunadamente, el Departamento de Estado de los EE.UU. impidió la divulgación del que tal vez es el principal estudio existente sobre el tema, limitando así una necesaria discusión sobre la cocaína en el seno de la comunidad científica. En consecuencia, sobre la cocaína ha recaído un estigma cuya fundamentación empírica es pobre. En Colombia este tipo de discusiones no se ha abordado en el interior de las comunidades rurales.

Falta de coherencia en las reivindicaciones. Otro escollo relevante en los foros fue la falta de coherencia argumentativa en el listado de reivindicaciones. Las propuestas demandan aún riqueza argumentativa bajo un contexto conceptual, de base cultural o académica, por lo que corren el peligro de quedar reducidas a un libre ejercicio de opinión y en consecuencia, permanecer limitadas en cuanto a las posibilidades de su conversión en política pública. Se empezó no obstante un ejercicio interesante de articulación entre la política agraria y el tema de los cultivos ilícitos. Pero sólo se esbozaron algunas ideas muy preliminares, y al respecto todavía falta mucho camino por recorrer.

La inexistencia de un enfoque estratégico para las drogas afecta la contundencia de la especificidad de las propuestas. Cada propuesta tiene implicaciones complejas con múltiples dimensiones del problema. Existen demandas concretas que ya cuentan con un soporte argumentativo y hasta cierto punto de evidencia factual, como es el caso del rechazo de las fumigaciones. Se sabe que es una acción ineficaz para combatir los cultivos. La sola reiteración de los mapas cocaleros en zonas fumigadas por décadas es una muestra contundente de su inutilidad, por lo menos en relación con la erradicación de las plantas de coca. El problema aparece cuando del rechazo se pasa a la propuesta alternativa. De no practicarse la erradicación, ¿cuál es la alternativa? Las alternativas propuestas son débiles mientras no estén articuladas a una estrategia mayor.

Por ejemplo, algunos analistas plantean como alternativa a la aspersión dirigir los esfuerzos hacia la interdicción. Esta es una propuesta débil mientras su marco de estructuración no se inscriba dentro de un panorama más amplio. Es decir, esta propuesta para que tenga contundencia necesitaría hacer parte del contexto de una estrategia alternativa mayor. Eso no le quita su valor ético, o de justeza, es decir el reconocimiento de que los costos de la reducción de la oferta no los sufran las comunidades rurales y étnicas sino que apunten a castigar a los mayores ganadores del negocio ilegal. Pero éste es un argumento de orden moral que no es suficiente en términos de política pública efectiva y contundente.

Narcotráfico. Los foros revelaron además que hay bastante desconocimiento en el país respecto al narcotráfico:

El narcotráfico – pero también las economías ilegales que lo acompañan y complementan – acentuó la concentración de la riqueza, el control de territorios, el crecimiento vertiginoso de estructuras privadas para el uso de la fuerza, y profundizó una vía modernizante y reaccionaria para el campo. Incluso, si se llegase a regular mañana el problema de las drogas catalogadas como ilícitas en su producción y uso, esto sería insuficiente como respuesta a los grandes problemas que se derivan del establecimiento de discursos y prácticas mafiosas que hoy aparecen como legítimas, como propias de la cultura colombiana. Este tema y su adecuado tratamiento constituyen el corazón de las posibilidades de paz en Colombia. Este complejo punto no ha sido suficientemente analizado y discutido como aspecto central de la relación entre drogas y conflicto armado. El discurso de sectores de la elite colombiana, apoyado por grupos sociales emergentes de la ilegalidad sobre la necesidad de mantener una guerra permanente en Colombia, encubre este proceso dinámico a la sombra del cual se están propiciando los mayores cambios de la estructura agraria colombiana a costa de la pequeña y mediana propiedad. La continuidad del estado de guerra permanente seguirá justificando las aspersiones aéreas, y con ello el desequilibro entre los presupuestos para iniciativas de desarrollo local y regional por un lado, y la militarización y el combate a la economía ilegal de las drogas en tanto sea fuente de financiación de la insurgencia por el otro. La víctima sigue siendo la masa de población rural empobrecida, obligada a vincularse a esta actividad económica ilegal.

De persistir este escenario, todas las demandas esbozadas en estos foros para resolver el tema de los cultivos de uso ilícitos se quedarán en el mero deseo.

Las regiones. La instalación y funcionamiento de la economía ilegal de las drogas genera impactos distintos en las diferentes regiones. El foro de San José del Guaviare sólo convocó a cuatro departamentos en donde se produce coca. Pero en número de hectáreas de cultivos de coca existentes estos departamentos sólo representan un 22 por ciento del total nacional. En el casi 80 por ciento restante se mueven dinámicas muy diversas, como sucede en los territorios colectivos a lo largo del Chocó biogeográfico, o en la compleja zona del Bajo Cauca, más los territorios indígenas. Así, los discursos escuchados en San José del Guaviare recogieron solamente aspectos – correspondientes a un 22 por ciento – pertinentes en zonas de colonización de la Amazonia y algo de la Orinoquia.

Además, la dinámica de la economía de la coca no está reducida espacialmente a la zona de cultivo de la hoja. Existen también rutas de trasiego, centros de acopio de pasta básica de cocaína (PBC), acopio de insumos, arreglo de dispositivos para el traslado internacional de esta mercancía en lanchas rápidas, laboratorios, pistas, entre otros. En el foro se tendió a reducir el problema al cultivo dejando por fuera una masa de población que se mueve alrededor de los servicios para esta actividad.

Alternativas demasiado estrechas. Antes que la sustitución del cultivo mismo lo que está en juego es la suerte del territorio, en cuyo contexto la coca es un aspecto más del paisaje. El discurso del Gobierno sobre la sustitución – que se planteó por primera vez en el Plan Maestro que se elaboró en 1984 y tomó cuerpo en las primeras experiencias de Naciones Unidas al final de esa década – es anacrónico. ¿Por qué este discurso desgastado, pobre en su contenido, que repiten incluso de manera acrítica las comunidades, retorna luego de treinta años en el lenguaje de los implementadores de la política gubernamental?

Al reducir el problema a los cultivos de coca el Estado colombiano está evadiendo una gran responsabilidad. De la misma manera como ha manejado la política minera, el Gobierno ha abierto las puertas para nuevas oleadas de colonización hacia la Amazonia previéndose desde ya un nuevo ciclo de desastres ambientales. Una vez pase el boom minero, la economía cocalera puede presentar dinámicas impredecibles. Esto implicará replantear totalmente los términos de las negociaciones con el Estado alrededor de la política para cada territorio.

Ausencia de Estado. Plantear el problema de los cultivos de coca como un problema de falta de Estado es un error estratégico. De una u otra manera el Estado ha estado y está presente. Aún en las negociaciones que se están dando hoy en la altillanura para la compra de tierras de manera malintencionada para hacerse a baldíos con limitaciones en su propiedad, hay Estado. En las fumigaciones y en la estrategia de consolidación está el Estado con una política muy definida sobre un modelo agrario fundado en la gran propiedad y en mecanismos de incorporación de medianos propietarios del campo como suministradores de materia prima en el modelo de alianzas estratégicas. Las propuestas no tienen que plantear entonces la presencia del Estado – ésta es una obligación constitucional – sino más bien, promover el desarrollo de procesos de fortalecimiento de iniciativas no estatales, propuestas de largo aliento bien fundamentadas para negociar con el Estado.

Consumo de drogas. Finalmente, la búsqueda de alternativas desde una perspectiva de regulación de las drogas debería contener propuestas pragmáticas, viables en el corto y mediano plazo. En estos momentos se podría pensar en tres ámbitos de propuestas:

• Usos recreacionales y medicinales del cannabis.

• Investigaciones sobre coca/cocaína.

• Incorporación de Colombia al mercado de medicinas a partir de los opiáceos. Esta es una lucha global.

En conclusión, con estas reflexiones a partir de los foros quiero llamar la atención sobre la necesidad de afinar las iniciativas desde perspectivas comunitarias para que se gane capacidad de interlocución con el Estado. Llamar la atención sobre el hecho de que el tema de los cultivos de uso ilícito ha sido manipulado en su tratamiento para forzar a las comunidades a una mirada localista y de culpa. También, es necesario que las propuestas se hagan desde ángulos estratégicos que vayan mucho más allá de modelos que hasta ahora han limitado la discusión política. Hay urgencia de recuperar una lectura del problema desde el concepto de territorio. Reducir el problema a los cultivos de hoja empobrece los alcances de las reivindicaciones y perspectivas de los territorios que han sido maltratados por el Estado y sus órganos de seguridad, por la criminalidad, por un sector del empresariado que ha sabido aprovechar el desorden en el marco del conflicto para extender sus propósitos inversionistas, y por los grupos armados que han irrespetado y violentado los territorios colectivos.

Las comunidades deben concentrar una masa crítica a través de intercambios y del diálogo horizontal entre ellas, para ir forjando una perspectiva conceptual realmente estratégica.

Ricardo Vargas

Transnational Institute

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