Fotografía: Ángel Valencia
Pasadas las 19:00 horas de este miércoles, el Ministerio de Justicia dio a conocer el tercer candidato del presidente de la República para el cargo de fiscal nacional: el abogado Miguel Ángel Valencia.
Eran cinco los postulantes que presentó la Corte Suprema, y de ellos 2 estaban desde el primer momento: Valencia y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Dos se sumaron en la segunda quina: Juan Agustín Meléndez, fiscal nacional suplente y jefe regional de Los Ríos, y Nayalet Mansilla, fiscal regional del Ñuble; y la última se incorporó en la tercera votación: la gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Erika Maira.
Entre esos cinco nombres, en La Moneda tuvo más peso el de Valencia, que luego de dos intentos fallidos esperan que la tercera sea la vencida. Sin embargo, su nominación levantó automáticamente las alarmas en buena parte del oficialismo debido al cuestionable historial de defensas que ostenta el abogado.
Historial de defensa a abusadores de mujeres
El nombre de Valencia se encontraba desde un primer momento disponible en la quina confeccionada por la Suprema. Sin embargo, empezaron a salir a la luz algunas de las defensas que había patrocinado el abogado, que desde 2006 se desempeñaba en el libre ejercicio de la profesión.
El historial de causas que ha llevado el abogado es vasto y variado. Sin embargo, las más sensibles son las que están relacionadas con defensas en materia de delitos sexuales contra mujeres.
En aquella carpeta de clientes figuran un exjuez formalizado por abuso sexual y un psicólogo condenado por violación reiterada contra una menor de edad. A estas defensas se suman ahora la representación de un acusado por secuestro y violación, y las de imputados por violencia intrafamiliar, que han ejercido violencia física y sexual contra sus víctimas.
A las defensas del exjuez del caso Caval, Luis Barría –a quien la Fiscalía formalizó cargos, en septiembre de 2022, por abusos sexuales contra una funcionaria administrativa de actas del tribunal–, y la del psicólogo David Bros –condenado en febrero de este año en Antofagasta a 13 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación contra una menor de edad–, se suma la defensa a un ingeniero agrónomo acusado por el Ministerio Público del delito de secuestro con violación contra una mujer, por hechos ocurridos en enero de 2013.
En la acusación fiscal se especifica que el delito se consumó un 7 de enero de 2013, cuando el imputado, Héctor Aldrin Valdés González, de profesión ingeniero agrónomo, abordó a su víctima y, bajo amenazas, la tomó a viva fuerza e ingresó a un taxi para luego trasladarla a su domicilio, en la comuna de Ñuñoa, donde la mantuvo retenida y encerrada contra su voluntad por un lapso de 24 horas. Estando en ese lugar, utilizando intimidación y aprovechándose de la privación de sentido de la víctima producto de pastillas que este le proporcionó, la penetró anal y vaginalmente.
A través de la defensa encabezada por Valencia, y según denunció el Ministerio Público, se intentó poner una «cortina de humo» a lo ocurrido en los días en que se llevaron a cabo ambos delitos, donde es posible identificar que permanentemente se pretendió prejuiciar a la víctima, una acción que es absolutamente contraria a lo que se entiende por perspectiva de género.
Desde La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres se manifestaron a penas surgió el nombre de Valencia dentro de la quina. A mediados de diciembre, la agrupación feminista señaló: «Es muy distinto abogar por las garantías procesales que establecen el derecho de cualquier persona a ser defendida, a ESPECIALIZARSE en defender agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas basando su argumentación en el descrédito de las denunciantes«.
Valencia ha representado también a políticos querellados en causas de derechos humanos, como Mario Desbordes; es conocido en la plaza como el abogado del hermano del ex Presidente Piñera, Miguel Piñera Echenique, a quien defendió en una polémica causa por manejo en estado de ebriedad; ha compartido oficina –en comunidad de techo– con los representantes en Chile de la firma “Mossack Fonseca”, vinculada a uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, conocido como «Panama Papers»; y también ha tenido representaciones en causas emblemáticas de corrupción en el país, como el financiamiento ilegal de la política en el caso Corpesca y el fraude al fisco en el marco del «Pacogate».
Grandes reparos en el oficialismo y centroizquierda
Debido a todo esto, es bastante entendible que desde los sectores más feministas y progresistas del Congreso el nombre de Valencia no genere consenso.
La senadora de la FRVS, Alejandra Sepúlveda, afirmó que tomará su decisión el lunes, aunque mostró reparos con Miguel Ángel Valencia.
«Hemos revisado su currículum en las distintas causas que ha llevado en el ejercicio de su profesión y hay cosas que sin duda nos complican, que sin duda es necesario aclarar y es necesario preguntar, y es por eso que nuestra votación va a ser muy dependiente de la explicación que él pueda realizar en relación a estos casos», señaló Sepúlveda a BBCL.
Por su parte, el senador DC, Iván Flores sostuvo que esta nominación daría cuenta de un pacto entre el Ejecutivo y la derecha.
A diferencia de las fuerzas del oficialismo, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, señaló que Valencia genera bastante consenso y podría ser ratificado.
Para el lunes 9 de enero se convocó a las 2 sesiones que son claves para la designación de un nuevo fiscal nacional: la exposición en esta instancia y la sesión de sala para la votación.
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