La creación de una Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa vigilará el desempeño del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) hasta la remoción del cargo, fue aprobada por los legisladores del Congreso de Puebla.
En sesión ordinaria, las y los diputados avalaron, por unanimidad, las reformas a los artículos 12, 57, 113, 114 y 125 de la Constitución del Estado, en materia de fiscalización y combate a la corrupción.
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La propuesta fue enviada el pasado jueves por el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, misma que fue analizada en una sola sesión de las comisiones unidas de Gobernación e Inspectora de la Auditoría Superior del estado, pues fue votada sin ninguna negativa.
Esta reforma –que restructura la organización de la ASE– abre la posibilidad de evaluar y quitar el cargo al actual titular Francisco Romero Serrano.
Además, establece que el presidente de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa sea integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de facilitar y agilizar las resoluciones que se den por denuncias de corrupción.
De acuerdo con la propuesta, el Tribunal de Justicia Administrativa se organizará en un pleno, una Junta de Gobierno y Administración, una Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas, así como las salas que establezca el pleno en los términos de la ley.
El Tribunal de Justicia Administrativa estará conformado por siete magistrados, quienes durarán 15 años en el cargo y será presidida por uno de sus miembros, el cual será nombrado por mayoría simple de los mismos por un período improrrogable de cuatro años.
Para que sea ley, las reformas deberán ser ratificadas por el 50 por ciento más uno de los 217 ayuntamientos; después tendrá que ser publicada en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor.
En entrevista, la diputada Mónica Silva Ruíz, presidenta de la Comisión de Hacienda y Puntos Constitucionales, señaló que se hicieron algunas adecuaciones que responde a las sugerencias de todas las fracciones parlamentarias del Congreso.
Explicó que, por ahora, sólo se le dio vida a la creación de la Unidad Técnica de Vigilancia, después se avalarán en su totalidad los requisitos de integración.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dijo que con el dictamen se fortalecerá el trabajo contra la corrupción.
Negó que las adecuaciones tengan alguna dedicatoria para el auditor Francisco Romero, ya que la ley no es retroactiva. Añadió que, con este avance, todos los funcionarios públicos deberán estar sujetos a una evaluación en su trabajo para garantizar el peso y contrapeso de las instituciones.
Foto: Agencia Enfoque
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