¿Argentina en default?

Argentina había depositado a fines de junio 539 millones de dólares en el Banco Mellon de Nueva York. El destino era acreditar esos fondos en las cuentas individuales de los bonistas de la legislación estadounidense ingresados a los canjes 2005 y 2010. Con el depósito se manifestaba la voluntad de pago del gobierno.

Los dineros siguen en el Banco, por ahora sin acreditarlos a los bonistas, ni reintegrarlos a la Argentina, y ni siquiera embargados por la Justicia para cancelar deuda con los buitres según la sentencia de Griesa.

No se trata de desconocer la sentencia de Griesa, como algunos creen. El gobierno teme a la cláusula RUFO, que vence a fin del 2014 y señala que si hay mejor oferta a bonistas no ingresados al canje, los demás tendrán derecho a esas mismas condiciones de oferta.

En el gobierno se estima un costo entre 120.000 a 500.000 millones de dólares si prosperara la demanda del 92,4% de tenedores de títulos ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Por eso, el Ministro Kicillof solo ofrece idénticas condiciones de pago a los buitres en las negociaciones con el mediador designado por el Juez.

Obviamente, los buitres, con una sentencia judicial en firme que indica pago del 100% y al contado presionan para hacerla efectiva y rechazan la oferta de la Argentina.

En el medio y tal como trascendió, la banca privada que actúa en la Argentina ofreció depositar una garantía de pago, o comprar la totalidad de los bonos de la sentencia Griesa, para facilitar la liberación de los fondos acreditados en el Mellon. Hablaron de una acción patriótica, aunque está ligada a sus propias tenencias de bonos y a la valorización de sus acciones en el mercado de capitales. Tienen intereses concretos en que no se empaste la situación económica del país.

Queda claro que cada cual atiende su juego.

El Juez se ampara en el aval de su sentencia, la confirmación en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de EEUU.

Los buitres en la sentencia y la posibilidad de lograr su objetivo de cobrar todo con ganancias superlativas.

Los bancos privados intentando morigerar el impacto del descalce del país con el sistema mundial por el default selectivo ya declarado por impresentables consultoras al servicio de la especulación y la usura del sistema financiero global.

El gobierno intentando llegar a fin de año para superar la RUFO y arreglar, aun con mayores costos el pago a los buitres.

Especulación financiera y nueva arquitectura

Los buitres son la carroña del sistema financiero, es verdad, pero amparadas en normas de funcionamiento del orden capitalista contemporáneo que estimula y alienta la desenfrenada especulación.

Es más, los Estados del capitalismo desarrollado no escatiman esfuerzos económicos para sostener un sistema infectado de operaciones tóxicas, como se las denominó en 2007.

Entre comienzos del 2012 a fines del 2013, la FED emitió mensualmente 85.000 millones de dólares para sostener la crisis de los bancos y empresas y desde comienzos del 2014 viene bajando todos los meses la emisión a los 25.000 millones actuales.

La cifra era gigantesca y lo sigue siendo. Es una emisión monetaria que alimenta la inflación en todo el mundo, pues la dominación global de EEUU le permite exportar el efecto monetario de una expansión sin respaldo.

Por todo ello el tema de fondo es la necesidad de una Nueva Arquitectura Financiera.

¿Es posible avanzar en ese sentido en el orden capitalista?

Parece que no, ya que las propuestas en ese sentido no prosperaron. Es una de las razones que explican la proliferación de una nueva institucionalidad de carácter regional.

La más reciente es el Banco de los BRICS y su Fondo para contingencias de los países miembros. Es el camino ensayado y no culminado del Banco del Sur y otras iniciativas que adornan documentos de cumbres presidenciales múltiples en la región, e incluso sostenidas en la Comisión de Finanzas de la UNASUR.

El problema radica en la subsistencia del orden global, al que se subordina la nueva institucionalidad, que solo intenta ocupar un lugar en el orden capitalista sin denunciarlo, y menos, confrontarlo.

Consecuencias y propuestas

En ese marco es que deben analizarse las consecuencias de la situación en Argentina, más allá de cómo se la designe, si default o Griesafault.

Los problemas económicos sociales del país continúan, sea la inflación y su impacto entre los sectores de menores ingresos o las suspensiones y despidos de una desaceleración o recesión de la economía.

En el gobierno se apostó fuerte al ingreso de capitales vía inversiones o préstamos y la situación actual puede postergarlos. Las nuevas relaciones y acuerdos con China puede aliviar la situación. Pero todo indica que los problemas estructurales del ciclo económico local se mantienen con impacto social selectivo hacia los más empobrecidos.

¿Vale la pena continuar destinando importantes fondos a cancelar deuda con tantas necesidades locales? Son 190.000 millones de dólares lo pagado por Argentina en estos años de deuda con recursos propios, dijo la Presidenta en la Cumbre de Caracas del Mercosur.

¿Por qué privilegiar acreedores de la deuda en lugar de favorecer a los acreedores de deuda social en el país? Claro que avanzar en este sentido tiene costo y lo que debe discutirse es el costo de pagar y el de no pagar.

Hay que interrogarse sobre la prórroga de jurisdicción, que viene de la Dictadura, sí, pero convalidada por más de 30 años de gobiernos constitucionales y de común uso para contratos internacionales. Se usó en el acuerdo con Chevron e YPF y ahora con los acuerdos con China, quien podrá litigar nada menos que en Londres.

Argentina tiene que denunciar sus tratados bilaterales de inversión y revertir la situación de subordinación a los intereses del capital transnacional construidos por cuatro décadas sobre la base del terrorismo de Estado.

Se necesita modificar la situación de impago involuntario por lo explicado del embrollo Griesa y definir una suspensión de los pagos en su conjunto y auditar la deuda.

Esa investigación tiene antecedentes en la Justicia argentina, con sentencia en junio del 2000 (Ballesteros por causa Olmos) y denuncias de 480 casos de fraude sobre la deuda asumida en la Dictadura 1976-1983.

Desde entonces existen causas judiciales contra todos los procesos de renegociación de la deuda que son la base de una auditoría integral y con participación popular.

Suspender y auditar es la tarea actual, lo que supone la nacionalización del comercio exterior, los puertos y la banca. Luego se puede definir el plan de pago que corresponda, siempre y cuando se establezcan las prioridades de necesidades a atender prioritariamente.

Claro que eso requiere de una mayoría política hoy inexistente, pues el sistema político ha definido una política de Estado, con escasas excepciones, por el pago de la deuda. Algunos quieren incluso pagar ya la sentencia Griesa. El gobierno quiere negociarla desde el 2015, pero ambos apuestan al pago riguroso.

Hace falta construir esa subjetividad en el pueblo argentino y al mismo tiempo discutir en la región sobre los alcances de la situación local y recrear la dinámica de un conjunto de propuestas anticapitalistas, como sostuvo Chávez al formular su propuesta por el socialismo en el Siglo XXI.

Existe la ilusión sobre el rumbo autónomo o nacional del capitalismo en tiempos de la transnacionalización. En ese sentido hay que recordar que la deuda pública es constitutiva de la acumulación originaria del capitalismo, como nos enseñó Carlos Marx en El Capital. Además, la deuda con la Baring nos construyó y condicionó por 80 años entre 1804 y 1904. Qué estos 38 años de deuda cancerosa no se transforme en más décadas de penurias para el pueblo argentino.

Hace falta suspender los pagos de la deuda e investigar. Pasar del impago involuntario al voluntario y animarse a proponer otro rumbo para el modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, en un marco de integración regional para la emancipación social.

Julio C. Gambina*

Alainet

*Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP