Argentina se paraliza hoy en contra de los ajustes económicos

Este lunes los sindicatos de Argentina convocaron a una huelga general de 24 horas para rechazar los ajustes económicos que ha decretado el presidente Mauricio Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Los organizadores de la Confederación General de Trabajadores (CGT) llamaron a la paralización de actividades en los trenes, metro, autobuses y en los aeropuertos. Calculan que al menos un millón de trabajadores adherirán a la huelga.

Otros sindicatos han anunciado que cortarán los accesos a la ciudad de Buenos Aires con movilizaciones.

«La huelga es contra el programa económico, para que se abandone esta línea de ajuste permanente. El FMI siempre ha traído penurias a los argentinos», dijo a la AFP Juan Carlos Schmid, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Como propuesta concreta, los sindicatos plantean que se reabra la negociación de ajustes salariales de este año, para que se alineen a la proyección de inflación, calculada ahora por el Banco Central en 27%.

Ello porque las negociaciones se desarrollaron en su mayoría a principios de año y tuvieron como referencia la meta de inflación anual de 15%.

Pero el acumulado hasta mayo es de 11,2% y el gobierno ya abandonó esa meta y estableció 17% para 2019.

En el ánimo de retomar el diálogo con los sindicatos, el ministro del Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que su despacho desea que las negociaciones salariales se den libremente.

«Este desafío es delicado y las partes se tienen que poner de acuerdo. Que haya tensión es parte de la naturaleza del ministerio del que formo parte», aseguró Triaca.

Para enfrentar una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril y que ha implicado una depreciación de la moneda de casi 35% en lo que va de año, el FMI otorgó a Argentina un crédito stand by por 50.000 millones de dólares, el mayor que haya concedido ese organismo.

El crédito tiene una vigencia de tres años y a cambio Argentina se compromete a llevar a cero en 2020 su déficit fiscal, que el año pasado cerró en 3,9% del PIB.

Para ello, se debe frenar la obra pública, reducir el tamaño del Estado y limitar las transferencias que se hacen a las provincias.

Como previsión, se incluyó una cláusula que permite al Estado elevar el gasto en planes sociales en caso de que aumente la pobreza, que en 2017 fue de 25%.