Aumenta la percepción de corrupción por trámites en Puebla

Por Marisol Córdoba 

En Puebla, durante el periodo de 2016 a 2020, aumentó la percepción de corrupción en las unidades económicas en cargas administrativas de trámites llevados a cabo por servidores públicos al realizar, pagos y solicitudes de servicios públicos, del 74 por ciento en el 2016 al 87.5 por ciento en el 2020. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), cuyos resultados indican que disminuyó el porcentaje de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos al pasar de 82.2 en 2016 a 71.5 por ciento en 2020.

Se precisa que el porcentaje de unidades económicas que consideró que los actos de corrupción son frecuentes entre los servidores públicos pasó de 82.2 en 2016 a 71.5 en 2020, a nivel nacional. La tasa de víctimas de actos de corrupción por cada diez mil unidades económicas pasó de 561 a 510 entre 2016 y 2020.

Los actos de corrupción frecuentes a nivel nacional se registran más en la micro empresas con el 82.2 por ciento en el 2016 que si bien se redujo en el 2020 con el 77.6 por ciento; sin embargo, es el mayor número en el que se registra en la pequeña, mediana y grande empresa con el 31.5, 45.7 y 63 por ciento, respectivamente.

Además el reporte indica que se redujo el porcentaje de unidades económicas con una opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas al pasar de 50.9 en 2016 a 45.7 en 2020 

De igual forma estipula que el gasto promedio de las unidades económicas por cargas administrativas se incrementó entre 2016 y 2020 al pasar de 58 mil 019 a 95 mil 760 pesos.

Se estima que entre el 2016 y 2020 aumentó el porcentaje de unidades económicas que realizaron trámites, pagos o solicitudes de servicios a través de internet al pasar de 22.7 a 39.8 por ciento, se informó.

Además, durante el 2020 se realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, esto es un promedio anual de 20.1 trámites por unidad económica.

El porcentaje de unidades económicas que realizó al menos un trámite, pago o solicitud de servicio a través de internet incrementó entre 2016 y 2020, al pasar de 22.7 a 39.8. Por su parte, el porcentaje de unidades que tuvo que acudir a instalaciones de gobierno se redujo de 40.3 en 2016, a 23.5 en 2020, se informó.

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Ven obstáculos en el marco regulatorio; crece la confianza

De acuerdo con la ENCRIGE, en 2020 los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones se estimaron en 238.9 mil millones de pesos, que representan 1 por ciento del PIB nacional.

Del total de las unidades económicas, 28.2 por ciento señaló que el marco regulatorio (aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos, según su actividad) representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios. En 2016, esta cifra fue de 20.2 por ciento, precisa.

En promedio, cada unidad económica del sector privado gastó 95 mil 760 pesos por cargas administrativas. Además, casi la mitad de las unidades económicas (45.7 por ciento) consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2020 fueron mayores o siguieron igual de mal en relación con las de 2019.

En 2016, el gasto promedio por cargas administrativas fue de 58 mil 019 pesos, mientras que el porcentaje de unidades con opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas fue de 50.9.

Dicho análisis presenta que el porcentaje de unidades económicas que consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se dio en un ambiente de confianza pasó de 77.7 en 2016, a 86.6 en 2020. Mientras que el porcentaje de unidades que tuvieron problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos pasó de 9.2 en 2016 a 10.6 en 2020.

Se indica que de las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante autoridades jurisdiccionales durante 2020 para resolver sus problemas de cobranza o de incumplimiento de compromisos contractuales, 90.3 por ciento señaló que los procesos fueron imparciales. En 2016, esta cifra fue de 61.5 por ciento.

Con respecto a la evaluación de Servicios públicos básicos y de infraestructura el 85.9 por ciento de los propietarios de unidades económicas señaló que las calles y avenidas de su municipio o demarcación territorial estaban libres de vendedores ambulantes; 76.9 por ciento refirió que estaban en mal estado, y 81.6 por ciento señaló que los baches y coladeras no se reparaban de manera inmediata.

Durante 2020, el 87 por ciento de las unidades económicas no tuvo la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, cifra estadísticamente similar al 90.2 por ciento estimado en 2016, se indicó.

La proporción de unidades económicas que experimentó algún problema, como barreras al trámite, asimetrías de información o problemas con tecnologías de información y comunicación en la realización de trámites, pagos o solicitudes de servicios pasó de 25.1 en 2016 a 17.8 en 2020.

En contraparte  el estudio indicó que el porcentaje de unidades económicas que consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se dio en un ambiente de confianza, pasó de 77.7 en 2016 a 86.6 en 2020.

A nivel nacional, se estiman 4.1 millones de unidades económicas del sector privado. Destacan, por tamaño, 85.8 por ciento micro; por sector, 38.3 por ciento son del sector industria.

A nivel nacional, durante 2020, del total de trámites, pagos o solicitudes de servicios realizados por unidades económicas, en 17.8 por ciento de ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlos.

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