Claudia Rivera sin solventar 1 mil 837 irregularidades; en obra pública superan las 2 mil mdp

Silvia Tanús dijo que de las 2 mil 86 observaciones que se realizaron en la entrega-recepción sólo solventaron 249

Claudia Rivera sin solventar 1 mil 837 irregularidades; en obra pública superan las 2 mil mdp

Autor: David Celestino

Claudia Rivera Vivanco no solventó como presidenta municipal de Puebla mil 837 irregularidades y más de 14 mil 470 millones de pesos ejercidos en su administración, de 2019 a 2021, pueden ser fiscalizados por no comprobar su aplicación, reporta el dictamen final del proceso de Entrega-Recepción.

En sesión extraordinaria, los integrantes del Cabildo aprobaron remitir el Acuerdo Final que integra el expediente que se entregará a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Con 19 votos a favor de la bancada panista, así como cinco en contra y una abstención de los regidores morenistas, se aprobó el documento realizado por la Comisión Entrante, que integraron los funcionarios del edil Eduardo Rivera Pérez.

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En la exposición, la secretaria general de Ayuntamiento, Silvia Tanús Osorio, señaló que de las 2 mil 86 observaciones que realizó la nueva administración fueron solventadas apenas 249, es decir, un 11 por ciento del total. Los exfuncionarios no presentaron los documentos requeridos, acusó.

Tanús Osorio dio a conocer que no fueron transparentados ante la nueva administración: 5 mil 48 millones 132 mil 400 pesos en 2019; así como 5 mil 290 millones, en 2020; y en el último año, es decir, 4 mil 132 millones 283 mil 594 pesos.

“No se entregó para su revisión y análisis la documentación comprobatoria y justificativa de dicho gasto, de ahí que toda aplicación de los recursos públicos serán objetos de fiscalización por parte de las autoridades, ante la opacidad que ahora se revela”

Silvia Tanús
Secretaria general del Ayuntamiento de Puebla

De igual forma, celebraron 2 mil 211 contratos por bienes y servicios, equivalentes a 4 mil 345 millones 307 pesos, sin que se entregara la documentación de los convenios.

En obra pública, las anomalías superan 2 mil 112 millones de pesos; de los cuales 473 millones son de 2019; mientras que 775 millones, son del 2020 y del 2021, además de 863 millones de pesos. Aunado a que existen 71 obras pendientes de pago.

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Tanús Osorio indicó que «subsiste la irregularidad de información presupuestal» en las dependencias, a excepción de la Tesorería municipal, por lo que «no se cumplió con el objetivo de entrega-recepción» por parte de la administración saliente.

Señaló que no hay entrega o traslado de documentos que justifique la falta de anexos para justificar las omisiones e incluso acusó que exfuncionarios de conservar documentos, lo que podría causar responsabilidades administrativas.

Morena acusa politización

Previo a la votación, los regidores de Morena acusaron que el dictamen no fue analizado de fondo, carecía de fundamento y que era usado por el alcalde panista Eduardo Rivera Pérez de manera política para golpetear a los exfuncionarios de la administración pasada.

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La concejal Elisa Molina Rivera aseguró que las conclusiones de la comisión son «conclusiones de una práctica política», mientras que su compañero Ángel Rivera Ortega afirmó que los señalamientos de la secretaria general tienen «tintes políticos» para justificar el arranque de gobierno de Rivera Pérez. 

Advierten sanciones

Al respecto, la síndica municipal, Guadalupe Arrubarrena García, advirtió que los regidores tenían un conflicto de interés para votar u opinar sobre el asunto, luego de que presumieron a medios que solventaron las observaciones, en un evento el pasado 6 de enero.

Arrubarrena García indicó que los regidores de Morena «viciaron su posición y voto» con esta declaración expresa, por lo que estarían impedidos del punto e incluso serían objeto de responsabilidad administrativa, por no respetar el proceso establecido en la ley.

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Por su parte, Rivera Pérez se limitó a decir que «el cumplimiento de la ley nunca será una advertencia», ante los señalamientos de los morenistas de que esta declaración de la Sindicatura era una «ley mordaza».

El alcalde Rivera Pérez no hizo comentarios respecto a la entrega-recepción; sin embargo, Arrubarrena García comentó que este dictamen «evidencia» las irregularidades de la pasada administración, además de que acusó «usurpación» de funciones ante las observaciones sin solventar.

Foto: Agencia Enfoque

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