En un comunicado público, 32 de las principales organizaciones que han impulsado la lucha contra la industria salmonera en el sur de Chile exigen que se le ponga fin definitivo a las concesiones de estas empresas. Además, hacen el llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se abra una comisión investigativa para establecer responsabilidades administrativas.
«De acuerdo a la información del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) publicada en reciente investigación de Fundación Terram, 280 concesiones salmoneras ubicadas dentro de áreas protegidas en las regiones de Aysén y Magallanes, habrían incurrido en causal de caducidad por no iniciar operaciones en un año desde entregada la concesión, o bien por suspenderlas por más de dos años. A pesar de ello, ninguna ha sido hasta hoy caducada», señalan las organizaciones.
Debido a la gravedad de estos hechos, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno que se haga cumplir la legislación vigente, y que se caduquen todas las concesiones que hayan incurrido en causal de caducidad.
Las organizaciones socioambientales señalan que los cierres de estas actividades deberían comenzar «por los dos centros de cultivo ubicados dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Cooke Aquaculture, que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) recientemente aprobó relocalizar».
Por otra parte, también exigen a la Cámara de Diputadas y Diputados que «se cree una Comisión Investigadora para establecer las responsabilidades administrativas detrás de estas omisiones en que por varios años incurrieron los organismos públicos competentes».
Por una parte, la coalición que reúne a organizaciones como Alerta Isla Riesco, Chile Sustentable, Defendamos Chiloé, Fundación Terram y Global Salmon Farming Resistance, entre otras, apuntan a SERNAPESCA por «no fiscalizar y denunciar dichos incumplimientos, y por otro, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), al no decretar las caducidades correspondientes, permitiendo que decenas de centros salmoneros sigan operando».
Por último, las organizaciones manifiestan su preocupación ante la vía que está tomando el gobierno de Gabriel Boric para cumplir con el anuncio presidencial de sacar a las salmoneras de las áreas protegidas, relocalizando los centros de cultivo.
Lo anterior, «solo traslada el problema hacia otro lugar, sin atender la afectación de los ecosistemas marinos de la Patagonia chilena, de gran importancia ante la crisis climática y ecológica que vivimos», señalan.
«La industria salmonera debe salir de las áreas protegidas sin relocalización. Ya es hora de que el Estado establezca límites a esta industria que contamina nuestros mares para exportar salmones a otros países, y cuya producción entre 1990 y 2021 creció más de 3.000% a costa de la pérdida de capital natural, precarización laboral y vulneración de condiciones sanitarias», finalizan.
Las organizaciones firmantes de esta carta son la Agrupación Aisén Reserva de Vida; Alerta Isla Riesco; Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura de Chiloé; Bestias del Sur Salvaje; Centro Ecoceanos; Chile Sustentable; Comunidad Kawésqar Atap; Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar; Corporación Camino a Farellones; Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho; Corporación El Canelo de Nos; Defendamos Chiloé; Fundación El Árbol; Fundación Lenga; Fundación Por el Mar; Fundación Terram; Fundación Vegetarianos Hoy; Global Salmon Farming Resistance; Greenpeace; Kamayas Mujeres Indígenas Procultura; MOSACAT; Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncavi-Quintero; Ocoa Nativa; ONG Defensoría Ambiental; ONG FIMA; Organización Ambiental Ojos de Mar; Patagonia; Patrimonio Vivo Costa; Plataforma de Acción y Educación para el Resguardo Ambiental y Social; Radio del Mar; San Antonio Ambiental y SCAC Magallanes.
Fotografía: Salmoneras en Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes (Referencial) | Fuente: Meteored
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