Daniel Soto, experto internacional en seguridad: «La Propuesta Constitucional debilita el funcionamiento policial y la seguridad pública»

A través de la propaganda electoral por la opción «A Favor», se hizo mención que a través de esta nueva Propuesta Constitucional mejoraría la crisis de seguridad en nuestro país. Según el artículo 53 del texto constitucional, incluido en el segundo capítulo de Derechos Fundamentales y Garantías, se establece el “derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia”, mientras que el Estado deberá proteger “en forma equitativa” el ejercicio de este derecho a todas las personas. Además, en esta propuesta se menciona que serán las policías –Carabineros y la PDI– las encargadas de resguardar la “seguridad pública”.

Pero, ¿esta Propuesta Constitucional salvaguardará la seguridad en nuestro país?

El Ciudadano conversó con Daniel Soto, excoronel de Carabineros, abogado y consultor internacional en temas de seguridad y policías, quien aseguró que este proyecto constitucional no sólo no avanza en generar un mejor sistema de seguridad, sino que debilita el funcionamiento policial por dos razones: mantiene los problemas de la constitución vigente: y agrega dificultades adicionales.

-El proyecto mantiene un esquema conceptual, organizacional y funcional propio de mediados del siglo pasado: 1) llama “fuerzas” de “orden y seguridad” a las policías, debiendo llamarlas “servicios” de policía para delimitar mejor su naturaleza; 2) establece una misión compuesta de cinco funciones en lugar de identificar un solo cometido, como sería “servir y protege” y luego establecer ámbitos de la labor policial (artículo 119); 3) mantiene la tutela militar de la seguridad en elecciones estados de excepción, protección de infraestructura crítica, cuando los propios comandantes en jefe han señalado reiteradamente que las instituciones militares no tienen formación, equipamiento, ni entrenamiento para estas tareas (artículo 32 a 34)-, precisó el experto.

También explicó que este texto debilita la seguridad pública, ya que, no establece la responsabilidad del ejecutivo en la seguridad pública y configura el sistema de seguridad como un conjunto de órganos autónomos que no rinden cuenta ni al público, ni a las autoridades políticas; tampoco menciona en el artículo 117 que existen dos policías nacionales cuando en la realidad tenemos tres (deja fuera a la Policía Marítima) y luego en las disposición trigésima sexta agrega, de la nada, una cuarta policía a cargo del “resguardo de las fronteras terrestres” cuyas funciones son compartidas por las Fuerzas Armadas (artículo 114). Además, no delimita con claridad las funciones de los cuerpos policiales y las dos policías existentes mantienen superposición de desempeños, puesto que, en lugar de sacar a la policía y a las fuerzas militares de la Constitución, tal como estaba hasta antes de la Constitución de 1980, agrega de forma totalmente desorganizada a Gendarmería de Chile.

Respecto a lo anterior, Daniel Soto tiene dos hipótesis para esta desprolijidad: una opción es que los redactores no conocían los alcances de la seguridad pública e ignoraban, por tanto, qué es la función policial; o, bien, «tenían en mente la instalación de un modelo burocrático regido por criterios propios de los años 70 en los que lo militar era visto como un paradigma de la seguridad».

-El resultado, es un texto que olvida a las personas y que menosprecia a las instituciones. Por una parte, pareciera que la seguridad se construye para resguardar a las autoridades y al Estado, en lugar de poner a la gente como protagonista de sus servicios. Por otra, desprofesionaliza a los militares dándoles atribuciones policiales y “basurea” con carabineros y detectives al subordinarlos a un mando militar que carece de competencias profesionales de policía. Asimismo, al sustituir a los carabineros de la frontera por una Policía Fronteriza, no sólo están negando más de cien años de historia institucional, también están validando las condiciones precarias en las que trabajan los carabineros de fronteras en la actualidad y se están desentendiendo de la responsabilidad de todos los gobiernos recientes al no haber reforzado ese trabajo con mejores condiciones de trabajo y con acceso a cuestiones elementales como son las bases de datos de Interpol-, finalizó el experto en temas de seguridad, policías y derechos humanos.