Desde un juzgado en la Ciudad de México se habría expedido el exhorto al Poder Judicial poblano para que interviniera en la diligencia realizada en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). El objetivo de la intervención habría sido poner a los nuevos integrantes del patronato en posesión de los bienes de la fundación.
Cabe mencionar que estos nuevos integrantes habrían ocupado en el patronato las sillas que dejaron vacías los miembros de la familia Jenkins que en este momento se encuentran prófugos de la justicia, ante una orden de aprehensión liberada por un juez de Almoloya, por presuntamente incurrir en defraudación contra la Fundación Mary Steet Jenkins, de la que no son dueños sino administradores o patronos.
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Según recordó el gobernador, entre 2013 y 2014 salieron de la fundación enormes sumas de dinero, dejando a la fundación casi «hueca», mientras que todos los recursos drenados a la fundación estarían concentrados a la fecha en cuentas de Panamá. Así lo explicó el gobernador:
» Los anteriores patronos hicieron todo este movimiento de dejar a la fundación hueca fueron relevados, por lo que ayer se puso a los nuevos patronos al cuidado de un bien perteneciente a la Fundación. El juez civil de CDMX ordenó la diligencia, que envió un exhorto al Poder Judicial de Puebla, misma que otorgó colaboración entre órganos de justicia y desahogó una diligencia ordenada».
Asimismo, el gobernador aclaró que se utilizó para la diligencia a la Policía Estatal, y aprovechó para desmentir una supuesta intervención de la Guardia Nacional, que algunos medios reportaron y hasta mencionaron en la conferencia matutina de prensa. El gobernador reportó que no hubo incidentes pero sí se logró la toma de posesión. Según detalló el mandatario, las fuerzas de la UDLAP opusieron resistencia a la diligencia, así como el personal administrativo, y que también se registró salida violenta de documentos.
Barbosa Huerta vaticinó que serán los «litigios grandiosos» que sobrevendrán en torno a este asunto los que definirán a quién asiste la razón.
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La tarde de ayer, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) difundió un comunicado en el que calificó como un «acto de arbitrariedad» la diligencia efectuada por el Gobierno del Estado.
El comunicado también puntualizó que el 4 de mayo se promovió el juicio de amparo 613/2021, que otorga una suspensión provisional contra intentos de privación de bienes y derechos, suspensión que no habría sido respetada ayer por el Gobierno del Estado.
Asimismo, el comunicado denuncia la suspensión «ilegal», de cuentas bancarias de la Fundación.
Esta mañana, se manifestaron diversos estudiantes afuera de las instalaciones de la UDLAP en protesta por la intervención del Gobierno del Estado en su Universidad, quienes declararon que estudiantes locales y foráneos se encuentran en la incertidumbre sobre la institución de cuyas manos pende su situación académica.