El Gobierno de Bolivia detuvo y presentó ante los medios el pasado 29 de mayo a 4 activistas libertarios de la Paz. Ahora, organizaciones civiles hablan de una estrategia de «amedrentamiento y criminalización» del Ejecutivo de Evo Morales y consideran un «montaje» el caso de los 4 anarquistas detenidos horas antes de la Asamblea de la OEA.
Henry Segarrundo, Nina Marcia Mancilla, Víctor Hugo Gironda y Renato Vincenti son los acusados por las autoridades de, al menos, 10 atentados explosivos e incendiarios a “símbolos de poder económico” como cajeros automáticos en La Paz y Cochabamba. La policía organizó una puesta en escena en toda regla, pero no pudo presentar pruebas contra los detenidos, a los que acusa de ser parte de «una organización anarquista con financiación internacional». Los dos primeros, Henry y Nina Marcia han sido remitidos a la cárcel, mientras los otros dos acusados están en prisión domiciliaria.
La mayoría de atentados de los que habla las autoridades fueron contra cajeros automáticos y las cámaras de seguridad sólo registraron a encapuchados, aunque la policía asegura que son esas imágenes las que relacionan a los cuatro inculpados con los ataques.
El colectivo Kamasa Kasa de Cochabamba hacía público hoy un comunicado en el que denunciabaque las detenciones de «lxs compañerxs libertarixs» sólo se producen por «atreverse a pensar y vivir de forma diferente. Lxs compañerxs detenidxs violentamente por supuestos actos ligados al terrorismo internacional, no forman parte del grupo FRAI FRI, quienes se han atribuido los atentados. Se está usando como supuestas pruebas la participación en encuentros, la tenencia de fanzines, materiales de contenido anarquista y libertario, wiphalas y parches, tildados como materiales políticos, pero que en realidad expresan nuestro compromiso social». “No soy criminal, no he robado ni he matado a nadie. Soy madre, exijo mi libertad… Desde cuándo ser defensora de los derechos de la mujer, de los niños, de la Pachamama, es terrorismo…soy inocente”, dijo a los medios Nina Marcia Mancilla.
También se han escuchado las voces de diversos artistas criticando las detenciones y las falsas acusaciones. “El Gobierno está criminalizando a quienes pensamos diferente, a quienes ejercemos el elemental derecho democrático de nuestra libre expresión, a quienes nos vestimos diferente, a quienes desde el arte y la cultura nos oponemos a toda forma de discriminación e injusticia”, denunciaba el poeta Humberto Quino. La escritora Virginia Ayllón ha defendido a los encarcelados: “Nosotros los conocemos, ellos son artistas, hacen música y arte callejero. Son parte de nuestro colectivo, han estado en la organización de la contraferia (del libro). Nina integraba un grupo de rock, Henry es un activista por los derechos de los animales, no puedo creer que por ser activistas los acusen de terrorismo”.
Los activistas denuncian que se considere como «células terroristas» a las » redes de solidaridad, resistencia, de intercambio de saberes, autonomía y comunidad». También consideran que el Estado boliviano ha repetido estas acciones injustas con activistas que defendían diversas causas. En el caso de los 4 detenidos, todos habían apoyado decididamente la VIII Marcha en defensa del TIPNIS que fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad bolivianas.
No parece casualidad que se produzcan estas detenciones justo unas horas antes de que empiece la 42 Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Tiquipaya y cuando la IX Marcha en Defensa del TIPNIS sigue avanzando. Hoy, al llegar a Cochabamba, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que era «difícil» que el organismo internacional medie en el conflicto que los indígenas del TIPNIS mantienen con el Gobierno de Bolivia para evitar la construcción de una carretera a través del parque natural y los territorios originarios. Lo que se le olvidó decir a Insulza es que ese tramo carretero ha contado con el apoyo y la asesoría de la organización que dirige.
Por todo ello, Kamasa Kasa termina su comunicado expresando su «indignación con el gobierno de Evo Morales, “indígena popular”, quien en su afán de perpetuarse en el poder, usa estas farsas para defender los intereses de las grandes transnacionales, los bancos, empresarios, terratenientes, loteadores y los símbolos del poder capitalista reprimiendo, arrestando y descalificando a lxs personas que resistimos a este sistema neoliberal, extractivista, patriarcal y violento».
La organización considera que estas detenciones así como el «auto de buen gobierno» dictado por el ejecutivo que prohíbe reuniones y manifestaciones en estos días sólo son estrategias para dar una imagen de tranquilidad a los delegados de la OEA y ocultar la realidad del país.
La detención de los activistas bolivianos y el tipo de acusaciones vagas, pero gravísimas que hacen las autoridades recuerda al doloroso Caso Bombas, en Chile, donde justamente hoy fueron absueltos los seis últimos imputados en un farragoso proceso, cuyos cargos y cuyo inicio parecen haber sido copiados en Bolivia.
Por Equipo Otramerica