La batalla entre el candidato republicano, Donald Trump, y la demócrata, Hillary Clinton, decidirá mucho más que los asuntos relativos a la Casa Blanca. Las elecciones del próximo 8 de noviembre pueden revertir una mayoría conservadora del Tribunal Supremo que ha durado casi medio siglo.
La instancia judicial más alta del país tiene gran poder. A pesar de que los estados disponen de algunos mecanismos para esquivar sus decisiones, el alto tribunal puede declarar institucionales leyes y decretos ejecutivos, y sus decisiones son inapelables. Sentencias de esta Corte ilegalizaron la segregación racial en las escuelas (1954), sentenciaron a favor de la elección de George W. Bush en desmedro de Al Gore (2000) o, más recientemente, legalizaron el matrimonio homosexual (2015).
Una cada vez posible victoria de Clinton, aunque -según las encuestas- no por mucha diferencia, daría la mano a la futura presidenta para proponer el nombre del noveno juez que compone el tribunal y poner fin así al empate entre los cuatro magistrados conservadores y los cuatro progresistas.
La inesperada muerte del juez Antonin Scalia el pasado mes de febrero, quien falleció a los 79 años mientras dormía en Marfa, Texas, abrió otro flanco en la disputa presidencial. Scalia dejó vacante la plaza del desempate, la quinta, que daba la mayoría a los conservadores. Quedó vacía, así, la silla de uno de los máximos defensores de la doctrina del «originalismo», que sostiene que el texto de la Constitución es inmutable y no está sujeto a interpretaciones «modernas».
Es competencia del presidente del país nombrar a los miembros de la Corte, normalmente afines a su ideología política. Así lo hizo Barack Obama, quien nombró el pasado mes de marzo a Merrick Garland para suceder a Scalia.
Garland, de 63 años, es jefe de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desde 1997, ha sido vice fiscal general y fue el encargado de supervisar el enjuiciamiento de los autores del atentado en 1995 en Oklahoma City. A pesar de tener un perfil más de centro, el Senado -de mayoría republicana- bloqueó la propuesta de Obama porque argumentó que tiene que ser el nuevo mandatario(a) quien elija el noveno magistrado. Mientras el organismo siga compuesto por ocho miembros que empaten en sus decisiones, el mandato que prevalece para el balancear la decisión es del tribunal precedente, de rango menor, que suele ser la Corte de Apelaciones.
El académico, cientista político y director ejecutivo de la consultora InfoAméricas.info, Patricio Zamorano, explica a El Ciudadano que el nombramiento de los jueces del Tribunal Superior por parte del presidente y su posterior ratificación por el Senado, así como que los jueces de la Corte Suprema tengan cargos vitalicios, son un asunto «cuestionado por muchos» ya que se mantienen en el puesto hasta que fallecen o hasta que renuncian ellos mismos, algo que -en su opinión- «bordea lo antidemocrático». Y agrega: «Tendría un sentido democrático si al tratarse de un cargo vitalicio se aislara un poco de la influencia de un presidente u otro, pero eso es una falacia considerando que son nombrados con un criterio político, es decir, los ministros conservadores tienden a ser nombrados por republicanos y los progresistas por demócratas».
Según el experto, «este pequeño balance 5-4 en caso de una victoria de Clinton o Trump tendría un impacto fundamental en la política del país«. Zamorano asegura que el resultado de los comicios es clave porque el nuevo tribunal de nueve miembros tendrá aún «asuntos pendientes» tan relevantes como la ley de financiamiento electoral. «Hay que recordar que la Corte Suprema liberalizó toda donación de dinero por parte de las empresas, que son tratadas como cualquier otra persona y pueden dar cantidades ilimitadas de recursos a los llamados superPACS, los organismos que recaudan el financiamiento de las campañas». Y añade: «Esa fue una decisión muy polémica a la que el partido demócrata se opuso», comenta..
Entre los temas espinosos también está el aborto, sobre el cual Donald Trump ya anunció que sí gana hará lo que esté en sus manos para restablecer su ilegalización y volver a la situación anterior a 1973.
El embargo a Cuba, sobretodo en lo relativo a «compensaciones que podrían pedir algunas empresas u otro tipo de temas legales que emanen de finalizar o potenciar el embargue»; el matrimonio igualitario, que se podría «retrotraer en lo que se ha avanzado hasta ahora»; o el aspecto tributario en relación a las vías que los multimillonarios tienen para pagar menos impuestos, son otras cuestiones que el analista considera trascendentes para el alto tribunal.
El último episodio que enfrentó a los jueces de la Corte Suprema tuvo lugar hace justo un mes cuando rechazaron un pedido de la Casa Blanca para que votara nuevamente sobre su plan de proteger de la deportación a millones de inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización y darles permisos de trabajo.
Un tribunal octogenario
Patricio Zamorano afirma que «probablemente la vacante actual no sea la única que tenga que designar el nuevo presidente», ya que casi la mitad de los ministros tienen más de 70 años. De hecho, dos de los más jóvenes fueron designados por Obama. La más anciana es Ruth Bader Ginsburg, de 83 años, quien el pasado mes de julio protagonizó una polémica por llamar «farsante» a Donald Trump y reconocer públicamente no poder imaginar qué será de EEUU si Trump gana las elecciones. Unas declaraciones de las que después tuvo que retractarse por «no ser propias de una magistrada del Supremo».
La cuestión de la edad es un asunto polémico dentro del propio Tribunal que, tal y como indica el académico, «algunos de los propios magistrados han expresado su deseo de que se imponga algún tipo de criterio especialmente en lo que se refiere a salud mental».
Meritxell Freixas
@MeritxellFr
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