El debate legislativo del FES: que no nos dejen pagando

Por Catalina Fuentes y Samuel Briceño

En una ceremonia en la Universidad de Santiago de Chile, el presidente Gabriel Boric presentó hace una semana el esperado proyecto de Ley de Fin al CAE. La iniciativa rápidamente ha generado gran expectativa ciudadana (según la última encuesta CADEM, siete de diez chilenos apoyan la propuesta) y se sostiene, medularmente, en dos pilares: una solución para las y los miles de endeudados en base a los criterios del mérito y nivel de estudio y, a su vez, una propuesta de un nuevo instrumento de financiamiento, el FES.

El componente más innovador de este instrumento es que eliminaría a la banca de la ecuación e impondría transparencia activa a la instituciones privadas que adscriban a él, lo cual constituiría un cambio respecto a nuestro sistema educativo: una alternativa solidaria y honesta ante las lógicas del mercado y competitividad.

Pese a que este proyecto supone un avance, no debemos comprenderlo como el cierre de un debate sino como la apertura de uno. La propuesta contempla la redistribución de recursos a través de contribuciones, pero no aborda con suficiente profundidad, por ejemplo, cuestiones urgentes, como criterios específicos de asignación de dineros públicos a instituciones privadas, ni resuelve paradigmas históricos, como el financiamiento a la oferta en vez de a la demanda.

Como estudiantes organizados, hemos insistido en la necesidad de un modelo de financiamiento por aporte basal que privilegie a la educación pública y a aquellos proyectos que contribuyen al desarrollo del país; así como hemos denunciado los casos de corrupción y posible lucro que han afectado a ciertas casas de estudio en el último tiempo. En razón de aquello, entendemos la iniciativa del gobierno como una invitación a avanzar y profundizar en los desafíos pendientes más que como una solución absoluta a todos los problemas de la educación.

Dicho lo anterior, nos preocupa de sobremanera la viabilidad del proyecto, pues la frase con que el presidente lo despacha pareciera ser una condena anticipada: «todo queda en manos del Congreso”. Y es que, durante este periodo legislativo, el Congreso no ha estado a la altura de las necesidades del pueblo y varios sectores han reducido su aporte al populismo y a la protección de los privados que financian sus campañas.

Si consideramos como referente los antecedentes de la discusión en materia de previsión social, ¿Cómo podemos confiar en que los mismos que han bloqueado la reforma de pensiones no lo harán con educación? ¿Cómo esperar que los que no responden al dolor de los viejos, respondan a los sueños de los jóvenes? ¿Cómo podemos, efectivamente, abrir un debate si se cierra esa oportunidad en el parlamento? Si este proyecto depende de las voluntades de, por ejemplo, partidos como la UDI que se benefician directamente de la desregulación del mercado en la educación ¿Qué posibilidades tenemos de que sea ley? Sin duda, la votación en sala del FES nos permitirá conocer a quiénes o a qué responde verdaderamente cada parlamentario. 

No nos confundimos: hemos esperado durante décadas una respuesta que dé fin al endeudamiento y esta vez, no nos van a dejar pagando. Reconocemos en esta iniciativa una oportunidad histórica de involucrar al movimiento estudiantil en la elaboración de políticas públicas, así como una ventana de reivindicación para el Congreso. Las y los estudiantes ponemos nuestras voces y experiencias a disposición de participar en la reforma y por su parte, el Congreso debe elegir entre ser el verdugo de las familias chilenas o bien, liberarlas del asedio de la banca. 

Samuel Briceño
Presidente Federación de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Vocero CONFECH

Catalina Fuentes
Vicepresidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Diego Portales, Vocera CONFECH