Se suma a esto que el consumidor local e internacional no se encuentra informado, por lo que ha existido bajos incentivos para que las empresas disminuyan el uso de antibióticos.
En septiembre del 2021, se emitió una sentencia desde la Corte Suprema que obliga a las compañías Mowi y Ventisqueros a entregar la información sobre cantidad y clase de antibióticos utilizados, y la producción de 2015, 2016 y 2017. El fallo llegó luego de que ambas salmoneras acudieran a todas las instancias posibles para no entregar estos datos.
Cabe recordar que, en julio de 2019 las empresas en cuestión negaron entregar los datos solicitados vía ley de transparencia a la ONG OCEANA, aduciendo afectación a sus derechos comerciales y económicos. En julio de 2020, el Consejo para la Transparencia ordenó a Sernapesca transparentar la información ante lo cual las empresas reclamaron de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La situación se había sumado a la negativa de otras empresas ante la solicitud de la organización de conservación marina Oceana, en el marco de su ranking sobre uso de antibióticos en la salmonicultura chilena, las cuales presentaron reclamos de ilegalidad ante instancias juiciales, a pesar que de por medio está el medio ambiente y la salud pública.
Un reciente informe de investigación fue publicado, realizado por Navedo y colaboradores, quienes tomaron muestras de sedimento y de las cloacas de zarapitos, aves marinas migratorias, en dos humedales costeros de Chiloé, en la región de Los Lagos, para ver la presencia de bacterias resistentes y de genes de resistencia en los sedimentos y en la microbiota intestinal de estas aves. Los sitios muestreados se ubicaron en áreas escasamente pobladas y cada uno presentaba distintas potenciales fuentes de antibióticos, incluyendo centros acuicultores en sus cercanías.
Como resultado de esta investigación encontraron que en un 62% de las muestras de sedimentos había bacterias resistentes a al menos un antibiótico, pero también descubrieron que había algunas que resistían a más de un tipo de antibiótico en las muestras tomadas en el sito cercano a operaciones acuícolas. Asimismo y por su parte, un 87% de las muestras cloacales de aves presentaron bacterias resistentes y un 63% de ellas fueron multirresistentes. En cuanto a genes de resistencia a antibióticos, se encontraron en un 46% de las muestras cloacales de aves.
El crecimiento de la salmonicultura chilena trajo consigo el incremento en el uso de antibióticos para tratar enfermedades que afectan a los peces. En 2016, se usaron más de 382 toneladas de antibióticos para producir casi 728 mil toneladas de salmón, lo que contrasta con los 0,523 toneladas usadas por Noruega, principal productor del mundo, ha informado Oceana.
Senado aprobó transparencia
Proyecto de ley que exige publicación de uso de sustancias para la producción de salmones fue aprobado por unanimidad en el senado a inicios de marzo de este año, por lo que pasó a la Cámara de Diputados y Diputadas.
“Es hora de que la industria salmonicultora empiece a hacerse cargo de sus externalidades, luego de años en que se negaron sistemáticamente a proporcionar datos sobre uso de antibióticos y antiparasitarios. Las empresas siempre usaron todas las herramientas legales con el fin de retrasar lo más posible la entrega de información cuando se solicitaba vía Ley de Transparencia”, afirmó Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile.
Desde la organización señalan que el proyecto de ley viene a subsanar lo anterior, obligando Sernapesca a publicar el uso de antibióticos, mortalidades y sustancias químicas por ciclo productivo en el portal web de la institución.
Además, el proyecto busca establecer fuertes sanciones económicas por cada salmón que se escape, así como también fija medidas dirigidas a prevenir su ocurrencia, cuyos impactos en la fauna nativa están ampliamente registrados por estudios científicos.
Desde 2014 en adelante, “Oceana ha solicitado la información sobre uso de antimicrobianos por empresa, encontrándose en cada oportunidad con la fuerte oposición de las salmonicultoras, las que alegaban que la entrega de datos afectaba sus derechos comerciales y económicos. Cada año, la ONG debía recorrer un largo camino judicial que involucraba a las Corte de Apelaciones y Suprema, e incluso al Tribunal Constitucional”.
“Cuando finalmente lográbamos obtener alguno de los datos, ya habían pasado cuatro años desde la solicitud, lo cual era poco práctico porque no permitía una evaluación del comportamiento ambiental de cada una de las empresas, ya que esos salmones ya ni siquiera existían. Pese a los múltiples y conocidos impactos que genera la salmonicultura en Chile, el uso de sustancias que dañan los ecosistemas de la Patagonia no era de conocimiento público y así difícilmente se podía exigir mejores estándares a la industria”, aseveró van der Meer.
La directora ejecutiva de Oceana recalcó que «una vez que el proyecto se convierta en ley, podremos saber el comportamiento sanitario de cada empresa, permitiendo a los consumidores tomar mejores decisiones e incentivar a las empresas a disminuir el uso de químicos en el proceso de cultivo del salmón». Luego de la aprobación por parte del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados deberá revisar las modificaciones al proyecto realizadas por la Sala antes de promulgarse ley.
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