SEA levanta la suspensión de proyectos con etapas de Participación Ciudadana en tres regiones desde el 3 de agosto, y plantea la alternativa de una nueva metodología de participación virtual para estas regiones y el resto del país, pese a los graves problemas de conectividad y acceso a la información que sufren algunas comunidades, visibilizados por la pandemia.
El 28 de este mes se publicó una resolución exenta desde la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esta dictamina levantar la suspensión de plazos de proyectos que involucren la Participación Ciudadana (PAC) en tres regiones: La Araucanía, Los Ríos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Esto significará reactivar 20 de las 96 iniciativas que hoy se encuentran pausadas a nivel nacional. Es decir, un 21% del total de proyectos congelados, que involucrarán un monto de inversión sobre los $US 20.000 millones, según confirmó el Director Ejecutivo del SEA, Hernán Brúscher, en el Diario Financiero.
Con respecto a la nueva medida, y al afán de apresurar los procesos de evaluación, la Doctora en Ecología e investigadora en ONG FIMA, Fernanda Salinas, en conversación con El Ciudadano fue categórica en su valoración: «Buscar acelerar el proceso de evaluación, no permite que las comunidades reaccionen y participen y va en la dirección opuesta al tipo de actividades que debiera orientarse el país, que sean sostenibles en el tiempo y respetuosas con las comunidades y los ecosistemas.»
El 20 de marzo se decretó la suspensión de aquellas iniciativas en etapas actuales o por venir de Participación Ciudadana, con motivo de la pandemia. La resolución actual, que vendría a retrotraer la medida de pausa, tendrá vigencia desde el 3 de agosto.
La resolución busca reactivar los procesos a través de las metodologías presenciales tradicionales, agregando la vía remota. Lo que significará ejercer la participación ciudadana por vía telemática, en algunas de las regiones donde la pandemia ha puesto al descubierto los serios problemas de conectividad y acceso a la información que sufren las comunidades.
La doctora Salinas explica lo preocupante de esta nueva resolución para las comunidades: “La socialización de los proyectos es tremendamente importante. Y si las personas no tienen la adecuada información ni conectividad para poder hacer estas observaciones y poder tener la información necesaria,realmente, el sistema de evaluación ambiental carece absolutamente de legitimidad. El servicio de evaluación ambiental, no solo estos días, sino desde siempre, ha carecido de una rigurosidad científica muy abismante. Muy, muy grande. Y se vería absolutamente profundizada como consecuencia de esta resolución que saca ahora el SEA”.
El plan, además, consideraría la realización de proyectos “pilotos” para reactivar la evaluación de impacto ambiental y efectuar los procesos de Participación Ciudadana, implementando metodologías complementarias a las reuniones presenciales para el resto de las regiones. La definición de estos proyectos pilotos se encuentra en etapa final, manejándose ya una última propuesta.
El SEA tiene la obligación de asegurar la Participación Ciudadana, de manera en que se respete el diálogo y el acceso a la información por parte de las comunidades que puedan verse afectadas con estos proyectos de inversión, donde los ecosistemas en que se instalen estos proyectos pueden verse ambiental y socialmente damnificados. Reconociendo el carácter extractivista que suelen involucrar estas iniciativas.
La investigadora Salinas enfatiza los peligros que implican estos proyectos para los territorios, razón de que tengan que ser ingresados al sistema: «Si los proyectos ingresan al SEIA es porque generan impactos ambientales, y por lo tanto, degradan, destruyen, contaminan o explotan los territorios, afectando negativamente a las comunidades que habitan en ellos y que son afectados por la construcción y operación de esos proyectos.»
Es por esto que el anuncio a principios de este mes de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en entrevista con el Diario Financiero, donde señaló el inicio de pilotos para la implementación de un método de participación ciudadana telemática causó alarma en los propios trabajadores del SEA, ya que el método de participación telemática no permitiría evaluar en terreno lo que plantean en el papel los distintos proyectos.
Con respecto a lo anterior, la doctora Salinas explica el funcionamiento de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y porqué es tan importante asegurar la participación ciudadana oportuna: “Hay varios puntos que son tremendamente graves de esta resolución que saca el SEA. Cuando se presenta el proyecto de inversión, digamos al SEIA, el titular presenta una línea base, evalúa los impactos, establece medidas de compensación. Sin embargo, una parte muy importante de el proceso evaluación ambiental es desarrollado no sólo por los organismos sectoriales que revisan el proyecto y hacen observaciones desde su propia competencia.”
“Lo más importante, diría yo, en los proyectos, en la evaluación, es el mismo conocimiento que tienen las comunidades de su territorio. Como ellos pueden incluir observaciones relacionadas con deficiencias en la elaboración de las líneas base, en la caracterización de los proyectos, pero también en cómo el titular evalúa los impactos y qué tipo de medidas de compensación son las que establece para esos impactos.”, asevera la investigadora, sobre esta nueva modalidad que pareciera generar más dudas que certezas, y no termina de explicar cómo se aseguraría la participación completa y eficaz de las comunidades afectadas, más en mitad de una pandemia.
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