Escaños indígenas: los nudos críticos del debate parlamentario

Ayer, 19 de agosto, partió el debate en la comisión de Constitución del Senado para discutir el proyecto de reforma constitucional que garantiza escaños reservados para los pueblos originarios en el proceso constituyente. El debate se seguirá desarrollando en la comisión durante las próximas semanas y se verán enfrentadas las distintas indicaciones realizadas desde la oposición y el oficialismo. El proyecto que fue aprobado en general todavía debe definir el número de escaños destinados a los pueblos indígenas y quienes podrán votar por estos escaños, entre otras materias.

Este jueves 13 se cumplió el plazo para presentar indicaciones al proyecto de reforma constitucional que garantiza escaños reservados para los pueblos originarios en la creación de una nueva constitución, en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. 

El proyecto, que el pasado 7 de julio fue aprobado en general, por ahora, establece que habrán escaños reservados para los pueblos originarios, independientemente de la opción sobre el Órgano Constituyente que se elija en el plebiscito, Convención Constitucional (CC) o Convención Mixta (CM), y agrega que serán elegidos por mayoría simple en un solo distrito a nivel nacional, hasta completar el número de escaños reservados.

Sin embargo, todavía no se define cuántos serán los cupos reservados, la fórmula con que serán electos, ni quienes podrán ser los votantes de la papeleta con los candidatos indígenas. Tampoco se ha definido si deberá acreditarse “pertenencia” según registro de la Conadi, como plantea el oficialismo, o si será bajo el principio de autoidentificación, según lo planteado por la oposición en base al convenio n° 169 de la OIT.

El tema empezó a discutirse ayer en la comisión de Constitución del Senado. Y la tabla contempla debatir, durante estas semanas, sobre la asignación de escaños y qué pueblos contarán con ellos; las normas para elegir candidatos; el patrocinio y la modalidad para que los candidatos se inscriban; el padrón electoral; la elección de los constituyentes; la cédula electoral; el distrito y la paridad de género.

Uno de los asuntos más importantes a definir es si el número de cupos será fijo como plantea la oposición o si será proporcional, de acuerdo al “registro electoral indígena” que propone el oficialismo. 

Los senadores de oposición Ximena Rincón (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Jaime Quintana (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind), ingresaron sus indicaciones el miércoles pasado al proyecto, al igual que otros senadores de oposición y oficialismo. Las indicaciones planteadas por los senadores mencionados proponen 23 escaños reservados para los pueblos indígenas en caso de CC y 25 en CM, en base al censo de 2017, donde el 13% de la población se identificó como parte de un pueblo indígena. Eso, tomando en cuenta el número de 155 y de 172 escaños que se determinó para integrar la CC y la CM.

Las propuestas de oposición concuerdan en que los cupos para los representantes de los pueblos indígenas deben ser cupos predeterminados y adicionales a los ya considerados por los órganos constituyentes, a diferencia de la propuesta del oficialismo.

Uno de los argumentos principales de la oposición es que los escaños indígenas predeterminados no deben depender de factores adicionales como el número de votantes total del país. Principalmente por dos razones, y esas son respetar el principio de igualdad de condiciones que debe tener el proceso constituyente y asegurar de esta forma que el Estado reconozca fehacientemente el derecho a participar a los pueblos indígenas como tales en el sistema político. Esto, con el fin de lograr la representatividad real de los 9 pueblos indígenas reconocidos por la ley, evitando la exclusión histórica a la que han estado sujetos los pueblos indígenas en los procesos constituyentes. 

Jorge Millaquén es asesor legislativo y forma parte del equipo de la diputada Emilia Nuyado (PS), una de las impulsoras de este proyecto cuando se encontraba en la cámara baja. El administrador público, que además forma parte del equipo que redactó la indicación que presentó el senador Huenchumilla, en conversación con El Ciudadano explicó la importancia de este proyecto de cara a una posible nueva constitución: 

«En el contexto actual, y con todo lo que está pasando, particularmente, con el pueblo mapuche, se hace necesario que uno de los focos y los caminos sea justamente la participación política de los pueblos indígenas que llevan siglos de exclusión en la discusión política del país. Si se trata de la nueva constitución, de la Carta Magna, ¿Qué mejor que sean los propios indígenas quienes digan qué tipo de sociedad y Estado quieren para compartir este territorio? dado que son las primeras naciones que habitaron este territorio, antes de la conformación del Estado chileno. Es el diálogo político la salida para generar un nuevo esquema de gobernabilidad entre el Estado y los pueblos indígenas”, declara el experto.

La propuesta que plantea el grupo de trabajo del Senador Huenchumilla (integrado por la Secretaría Indígena del PS, Vicepresidencia Indígena del PPD, encargado Indígena PC, Frente Indígena PDC, Frente Indígena PR, Consejo Nacional Aymara, ANCAM e Identidad Lafkenche) es que los escaños para la representación de cada pueblo quedaran de la siguiente forma, en caso de darse una CC o una CM, respectivamente: Aymara 2-2, Quechua 1-1, Lican Antay o Atacameño 1-1, Diaguita 1-1, Colla 1-1, Rapa Nui 1-1,  Mapuche 14 -16, Kawaskhar 1-1, Yagán o Yámana 1-1. El senador José Miguel Insulza (PS) planteó, además, una indicación para reservar escaños para el pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Otro de los puntos planteados por las propuestas de oposición es el padrón abierto, que consiste en usar el registro electoral existente. Al momento de llegar a las urnas el votante podría autoidentificarse como ciudadano indígena y pedir ejercer su derecho a ser representado por Convencionales indígenas. La base de este sistema consiste en la autoidentificación como criterio fundamental de pertenencia a los pueblos indígenas, considerando el Convenio internacional Nº 169 de la OIT.

Por otra parte, la propuesta del gobierno y sus parlamentarios contempla la creación de un “Registro Electoral Indígena”, administrado por Servel. En este registro especial deberían inscribirse quienes acrediten ser parte de algún pueblo indígena, mediante un certificado emitido por la Conadi, con plazo máximo de hasta 30 días después de publicada la reforma. Este registro correspondería al Padrón Especial Indígena (PEI) y solo los inscritos en él podrán votar por candidatas o candidatos indígenas que estén en dicho padrón.

“¿Cuál es el problema de eso? Hoy, debido a la pandemia se corrieron todos los plazos. La discusión del escaño reservado que debía hacerse en la Comisión de Constitución a partir de marzo se suspendió y partió ahora. En estricto rigor, hay un punto de contingencia en el que no se alcanza crear un padrón indígena. Segundo, la construcción de este padrón tiene muchos problemas que son difíciles de resolver. Los datos que tiene la Conadi sobre el registro de asociaciones y comunidades son registros que no tienen un fin político electoral, sino un fin que tiene que ver con postulación a becas indígenas, obtención de subsidios de la Conadi, etc. Entonces no hay un filtro adecuado.”, señala el asesor legislativo.

El administrador público continúa: “No se sabe cuántas personas han fallecido, no se sabe cuántas personas están fuera o dentro del país. No hay un trabajo fino como el del padrón electoral que administra Servel. Y por otro lado, solicitarle a los ciudadanos de las comunidades indígenas que vayan a inscribirse también es un problema, hay mucha población indígena que no tiene su calidad indígena por distintos motivos, porque no ha postulado a ningún beneficio de la Conadi, por ejemplo. Esta es una gran población que tendría que concurrir a la oficina de la Conadi a solicitar su registro, su certificación de calidad indígena, o através de la página web, que presenta complejidades y deficiencias en la plataforma. No es un trámite que se resuelva de un día para otro. Entonces se demoraría demasiado y no en todas las ciudades del país hay oficinas de Conadi.”

De la misma forma en cuanto a la cantidad de escaños reservados, el oficialismo propone la creación de un distrito único y que los cupos se calculen en base qué porcentaje del padrón nacional corresponda al PEI. Y una vez calculada esa cifra, se descontaría del total de constituyentes que restarían por elegir. 

Con respecto a lo anterior el asesor Millaquén explica las desventajas y problemas, a su juicio, de esta medida. “Es una fórmula que no es representativa porque hace el cálculo en base a cuántas personas se inscriban en este “padrón especial” versus la proporción del padrón nacional, pero no resulta lo suficientemente claro con la realidad indígena, menos cuando los escaños generales ya fueron decididos. Y hay otra desventaja también ahí, porque cada pueblo va a saber cuántos candidatos tiene solo 30 días antes de la elección, cuando el Servicio Electoral haya cerrado las inscripciones, cuando se haya contestado cuántos son los electores indígenas. Uno podría decir que es una medida discriminatoria para los pueblos indígenas, porque no te da certeza de cuanto es el número exacto. Yo encuentro que es una improvisación por parte de la derecha, creo que no resiste mayor análisis.”, concluye categórico el administrador público.

El proyecto está en etapa de segundo trámite constitucional y se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, donde se está discutiendo en particular y en base a las indicaciones ingresadas por los distintos senadores. Luego pasará nuevamente a la Sala del Senado, para volver a la Cámara de Diputadas y Diputados.