Exauditor deja trabajo pendiente, Gómez Nava atenderá el 19% por conflictos de interés

La nueva auditora recibió 85 cuentas sin fiscalizar, de las cuales atenderá 16 porque las otras tienen relación con su antiguo cargo

Anaid Piñas

09/06/2022 12:41pm

La recién nombrada titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), Amanda Gómez Nava, recibió 85 cuentas públicas sin fiscalizar que pertenecen al ejercicio fiscal 2020, lo que evidenció las deficiencias en el trabajo del exauditor, Francisco Romero Serrano.

Sin embargo, sólo 16 podrán ser analizadas por la auditora, ya que al hacerlo con las 69 restantes incurriría en un conflicto de interés, pues tienen relación con el trabajo que desempeñó al frente de la Secretaría de la Función Pública.

Entre las entidades que quedaron pendientes de revisión se encuentran la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP), Carreteras de Cuota Puebla (CCP), así como secretarías, colegios e institutos cuya operación y recursos dependen del gobierno del estado.

A pesar la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso Local, negó a finales de marzo que existiera un retraso al interior del órgano fiscalizador, tuvieron que autorizar una prórroga de cinco meses, para que la ASE entreguen los informes individuales faltantes.

Los retrasos del órgano fiscalizador se justificaron con las medidas sanitarias que se tomaron para evitar la propagación de la covid-19, el proceso de remoción del exauditor Francisco Romero Serrano –que se encuentra detenido en el penal de San Miguel–, y el proceso de selección y designación de la nueva auditora.

Amanda revisará el 19 por ciento

De las 85 cuentas públicas que tienen retrasos, Amanda Gómez Nava se encargará de la fiscalización de 16 de ellas, que representan el 18.8 por ciento del trabajo pendiente que queda por desahogar.

Los informes individuales que entregará corresponden a entidades municipales, organismos autónomos, el Congreso del Estado y la propia Auditoría que no guardan relación directa con la Secretaría de la Función Pública.

Ella auditará a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el Poder Judicial del Estado de Puebla –que corresponde al Tribunal Superior de Justicia (TSJ)–, así como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

También al Instituto Electoral del Estado (IEE), el Congreso del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), la cuenta del municipio de Puebla, la Industrial de Abastos Puebla.

Asimimismo al Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), el Instituto Municipal de Planeación, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla y al Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.

Auditor forense revisará la mayoría

La diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo señaló que ante la excusa que presentó Amanda Gómez Nava para revisar a las 69 entidades que tienen relación con el gobierno estatal, será el auditor especial forense de la Auditoría Superior del Estado (ASE) quien se encargue de su fiscalización.

De acuerdo con el directorio de la ASE, el titular de la Auditoría Especial Forense es Gregorio Alberto Lozano García, y será él quien tendrá que entregar el 81 por ciento de los informes individuales que quedaron pendientes.

Algunas de las entidades que tendrá que revisar son la Agencia de Energía del Estado de Puebla, la BUAP, Carreteras de Cuota Puebla (CCP), el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, Ciudad Modelo, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital y Convenciones y Parques.

También el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla A.C., el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, los Institutos Tecnológico Superiores de 13 regiones (Acatlán de Osorio, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán, etc.) y ocho Universidades Tecnológicas.

En la lista también destaca el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) creado en el 2019, y que su funcionamiento actualmente se encuentra en vilo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma con la que se creó.

Romero Serrano advirtió sobre presuntos atrasos

A finales del mes de enero del año en curso, el exauditor Francisco José Romero Serrano, acusó a través de la cuenta de Twitter de la ASE que personal de la Secretaría de la Función Pública fraguó una especie de conspiración en su contra, incurriendo en el delito de obstrucción de la fiscalización.

Denunció que al menos 70 sujetos obligados evadieron su responsabilidad de entregar información necesaria para su análisis, utilizando un formato único para excusarse, lo que había retrasado los trabajos de la dependencia, en ese entonces a su cargo.

Cabe recordar que Romero Serrano fue detenido y vinculado a proceso -el pasado 21 de febrero-, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quedó imposibilitado para seguir al frente del órgano fiscalizador.

Romero Serrano es hasta ahora el auditor que menos tiempo duró en el cargo, pues aunque su gestión estaba programada de 2019 a 2026, dos años y cuatro meses después, el pasado 31 de marzo, el pleno del Congreso avaló su destitución.

Unidad Técnica, pieza clave que sigue sin operar

Aunque el presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que la Unidad Técnica para la vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se encuentra en funciones desde el pasado 2 de junio, cuando se designó como titular de la misma a Ana Gabriela Lepe Quiroz, aún no puede operar.

En entrevistas por separado, Lepe Quiroz y la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso Local, coincidieron en que aún no tienen una fecha para comenzar a trabajar, porque no se ha aprobado el reglamento ni los manuales de procedimiento para hacerlo.

Además, sigue en análisis una posible reducción en el organigrama, al considerar que las 10 subdirecciones que se plantearon en un inicio son excesivas y podría optimizar su funcionamiento con menos personal. Tampoco se cuenta con presupuesto para el pago de nómina de los trabajadores que integren este órgano de control interno.