Con una diferencia de sólo algunos días, la Fiscalía de Copiapó decidió pedir el desafuero y arresto del actual diputado Jaime Mulet del Frente Regionalista Verde con un gran despliegue comunicacional, y de forma sigilosa, comunicó al Juzgado de Garantía de la ciudad que no llevará a juicio a Francisco Sánchez, ex Intendente de la Región de Atacama nombrado en la segunda administración del gobierno de Sebastián Piñera.
La decisión adoptada por Fiscalía se da a pesar que Sánchez había sido formalizado en dos oportunidades por multimillonarias estafas, reuniéndose cientos de antecedentes en su contra durante casi tres años de investigación.
En Atacama la Justicia parece estar actuando de manera poco ecuánime. La vara de la persecusión penal no sería la misma y estaría tomando un tinte de color político, teniendo preferencias por personeros ligados a la derecha.
Los antecedentes del cómo se está obrando, indican que la fiscalía de Copiapó estaría actuando bajo criterios políticos, en un contexto donde otra causa que se investiga en esa misma fiscalía contra el actual senador de Renovación Nacional por la zona, Rafael Prohens, no presenta ningún avance a pesar de haberse iniciado el año 2020.
¿Favoritismo Político?
La Fiscalía de Copiapó solicitó el desafuero y una orden de detención contra el diputado también por Atacama, Jaime Mulet, a quien acusa del delito de cohecho pasivo, “para proceder con la comunicación de los hechos que se indagan”. Finalmente el legislador de conectó a la respectiva audiencia de formalización de manera telemática, y la orden decretada por el tribunal quedó sin efecto.
Por otra parte Francisco Sánchez, ex intendente de la Región de Atacama durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, estaba formalizado por estafas reiteradas. Después de dos años de investigación, y a pesar de existir múltiples antecedentes, correos electrónicos, e informes periciales y policiales que ratificarían la imputación en su contra, la Fiscalía de Copiapó comunicó reservadamente y por escrito su “decisión de no perseverar” al Juzgado de Garantía de esa ciudad.
Pedro Orthusteguy, abogado querellante en causa contra Sánchez y ex fiscal del Ministerio Público, señaló a El Ciudadano: “Llama profundamente la atención que en un caso donde se imputan delitos en contra un diputado de un determinado sector político la Fiscalía de Copiapó haga un enorme despliegue comunicacional y jurídico para seguir adelante decididamente con la causa penal respectiva, y que casi al mismo tiempo en otro caso donde existen dos formalizaciones y cientos de antecedentes e informes que avalan con claridad la gravísima imputación penal formulada en contra de un ex intendente de la Región de Atacama, pero que pertenece al otro sector político, decida simplemente mirar para el lado desechando el caso, abriendo un impresentable espacio para la impunidad. Son estas manifiestas inconsistencias y contradicciones las que han perjudicado gravemente la credibilidad del Ministerio Público durante los últimos años.”
Por su parte el parlamentario Jaime Mulet, en entrevista a radio Bio Bio dijo “ Arman esta trama entre la Fiscalía yo creo que poniéndose de acuerdo con el juez, yo creo que pensaban que no me iba a presentar. Me presento frente al abuso desembocado de fiscales (…) La semana pasada hice una denuncia al nuevo fiscal nacional cómo han construido un caso en mi contra, una especie de mafia que hay en Atacama entre ellos”.
El caso del ex intendente Sánchez, hombre ligado a Sebastián Piñera y al también ex intendente de la zona y actual senador, Rafael Prohens, deberá ser evaluado por el Juzgado de Garantía de de Copiapó en audiencia agendada para el día 7 de noviembre de 2002.
En ese contexto, existe una investigación criminal en curso en contra de Prohens desde el año 2020 donde se le imputa, junto a Sánchez, el haber defraudado a la minera Atacama Kozan controlada por capitales japoneses y de la cual era gerente el ex intendente. Se señala en la querella que dio origen a esta causa que el monto defraudado sería superior a los mil millones de pesos, parte de los cuales podrían haber financiado la campaña que llevó a Prohens al senado el año 2018 en representación de la región de Atacama.
A pesar del tiempo transcurrido desde que se inició la investigación, la gravedad de los antecedentes y el alto perfil del imputado, no existe ningún avance concreto por parte de la fiscalía de Copiapó, lo que profundiza aún más los cuestionamientos sobre una discriminación política, investigando de forma rigurosa a quienes no están vinculados a la coalición de Chile Vamos, y garantizando impunidad cuando se trata de autoridades o dirigentes de la zona vinculados a ese sector.
El Ciudadano
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