El pasado viernes 22 de abril comenzó a regir en Perú una nueva modalidad en el sistema de pensiones, que permite a los afiliados mayores de 65 años que se jubilen retirar de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) hasta el 95,5% de sus fondos. El 4,5% restante se abonará al Seguro Social estatal (EsSalud) para mantener la cobertura y los servicios de salud.
La norma fue aprobada el pasado 15 de abril en el parlamento peruano, con 84 votos a favor y dos en contra, tras ser rechazada el 2015 por el presidente Ollanta Humala, quien la devolvió al parlamento bajo el argumento de que significaría el incumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Según la ley de ese país, una vez aprobada en esta instancia por los congresistas, ahora no requiere de la venia del Ejecutivo para entrar en vigencia, aún cuando el mandatario puede interponer un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
Según consigna el medio 20minutos.cl, los cálculos de expertos apuntan a que durante su primer año de vigencia la norma beneficiará a unas 100.000 personas, en favor de quienes las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán que desembolsar en total unos 2.500 millones de soles, equivalentes a unos $509.150 millones.
Como era de esperar, la medida ha generado un rotundo rechazo entre los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones. El presidente de la Asociación de AFP de Perú, Rafael Picasso, declaró a La República que rechazan la norma «no solo porque es inconstitucional, sino también porque ataca la razón del sistema», agregando que esto podría significar que «más delante saquen una ley que diga que los trabajadores dependientes pueden aportar de manera voluntaria».
Entre las cuatro empresas que integran el sistema privado de pensiones de Perú figura Habitat, que también opera en Chile. Junto a ella están Prima AFP del Banco de Crédito, Profuturo de Scotiabank e Integra del grupo Sura.
En total, el sistema de AFP peruano alcanzó a existir sin este importante cambio en favor de los trabajadores durante 23 años, siendo implementada en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien hoy se encuentra en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción.