Histórico triunfo de Putaendo: Justicia anula autorización de sondajes a minera promovida en las sombras por Piñera

Por Francisco Marín Castro

En histórica resolución de 26 de agosto de 2020 -no dada a conocer aún por ningún medio de prensa- la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó recurso de protección interpuesto contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso “por el acto arbitrario e ilegal o ínconsistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 76, de 17 de marzo de 2020, que rechazó la solicitud de abrir un proceso de participación ciudadana (PAC) en el marco de la tramitación como Declaración de Impacto Ambiental (DIA)” del proyecto Sondajes mineros impulsado por la Compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH), empresa controlada por la multinacional Los Andes Cooper.

En lo sustancial el fallo determina que el proceso de DIA se debe retrotraer al momento previo a su calificación, debiendo someterse el proyecto al procedimiento de PAC previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El fallo de la Corte de Valparaíso se conoció en Putanedo la noche de este miércoles 26 de agosto por lo que las celebraciones se verificarán este jueves 27, como anticipó a El Ciudadano el vocero de Putaendo Resiste, Alejandro Valdés.

El recurso de protección había sido presentado por el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) Álvaro Toro en representación de la comunidad de Putaendo, la que desde capitán a paje se encuentra unida contra en abominable emprendimiento minero.

Recordemos que el 20 de abril -en medio de pandemia y megasequía- el Gobierno de Sebastián Piñera aprobó en Valparaíso los sondajes mineros, en vergonzosa sesión virtual liderada por el Intendente designado Jorge Martínez.

El proyecto señalado ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 7 de junio de 2019. Consiste en la prospección del yacimiento minero de cobre y molibdeno “Vizcachitas” y considera la ejecución de 350 perforaciones o sondajes, con una inversión estimada de 25 millones de dólares.

Todo esto ocurriría en las nacientes del Río Rocín, afluente del Río Putaendo y por tanto tributario del Aconcagua, principal río de la Región de Valparaíso, la que sufriría un daño ambiental de incalculables consecuencias.

“El área en la que se inserta el proyecto es una zona de valor ecológico, ambiental y de diversidad que contienen humedales y vegas, y determinan una elevada biodiversidad”. Es lo que señaló el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al comentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la filial de Andes Cooper en mayo de 2019.

Participación negada

En julio de 2019 dos mil habitantes de Putaendo solicitaron -a través de una carta- que se abriera una PAC que considerara su opinión en un proceso en el que eran obvios incumbentes.

En la misiva los signatarios -liderados por la organización comunitaria Putaendo Resiste- recordaron que como usuarios del sistema de agua potable hacen uso y usufructo de las aguas de los canales de regadío provenientes del río Rocín, principal afluente del río Putaendo que alimenta las napas subterráneas y aguas superficiales que suministran el vital elemento a dicha comuna.

El SEA de Valparaíso tardó 9 meses en contestar, hasta que el 17 de marzo de 2020, mediante Resolución Exenta 076/2020, resolvió rechazar la apertura de un proceso de PAC.

El 25 de marzo de 2020 opositores al proyecto minero interpusieron (ante SEA de la Región de Valparaíso) un Recurso de Reposición” y otro Jerárquico en contra de la citada resolución.

Aquel ente fiscal decidió -el 14 de abril- rechazar en el fondo el Recurso de Reposición. Fundamentó su decisión diciendo que por tratarse de un proyecto que no genera “beneficios sociales”, no cumple con el requisito establecido en la ley para ser considerada la participación ciudadana. Es así, aunque cueste creerlo.

Adicionalmente, el SEA de Valparaíso remitió los antecedentes a la Dirección Ejecutiva del SEA a fin de que se pronunciase respecto del recurso jerárquico. El 15 de abril esta dirección lo rechazaba como se establece en oficio firmado por su director ejecutivo, Hernán Brücher Valenzuela.

Tal como destacamos en el reportaje El ecocidio minero que fraguan en las sombras Piñera y Los Andes Cooper (firmado por este autor, en El Ciudadano 240, de junio 2020) en el Punto 13 de los Considerandos de dicho oficio, Brücher puntualiza: “Es pertinente realizar ciertas aclaraciones respecto a la normativa que rige una PAC cuando la vía de ingreso elegida por el titular es una DIA”, en la que la participación ciudadana “es totalmente excepcional”.

Añade: “Reafirma tal afirmación de ‘excepcionalidad’ el hecho de que, si bien el principio participativo se encuentra consagrado en la Ley Nº 19.300 (de Medio Ambiente), en lo que se refiere a la PAC, originalmente, solo se encontraba regulada para los EIA (Estudios de Impacto Ambiental)”.

Estos se realizan cuando un proyecto ingresado al SEIA presenta “impactos significativos”. Para la autoridad ambiental chilena lo obrado y proyectado por Andes Cooper en Putaendo no lo tiene, como lo demuestra el hecho que no se le exigiera realizar un EIA.

Más adelante, el director ejecutivo del SEA -en la citada resolución- afirma que la normativa ambiental que regula la Participación Ciudadana en declaraciones de impacto ambiental (DIAs) estipula que “para que la autoridad ambiental evalúe la posibilidad de que proceda este procedimiento (sic)”, este debe arrojar “cargas ambientales para las comunidades próximas”.

Lo contradictorio es que, según se determina en el artículo 30 bis de la Ley Nº 19.300, para que se considere que un proyecto genera “cargas ambientales” este debe provocar, al unísono, “beneficios sociales” como “externalidades ambientales negativas”. Esto, en localidades próximas al proyecto de inversión y durante su construcción u operación.

Después de poner esto sobre el tapete, el SEA remató a la comunidad putaendina al sostener que: si bien el proyecto Viscachitas provoca externalidades ambientales negativas, este no produce beneficios sociales, “sino que más bien se trata de actividades que generan beneficios privados”.

“Es un contrasentido que cuando hay un proyecto que genera perjuicios ambientales y ningún beneficio social, se niegue la participación ciudadana porque no se cumpla con lo dispuesto por la ley que exige que haya ‘carga ambiental’”, señaló en la ocasión el vocero de Putaendo Resiste, Alejandro Valdés.

Agregó: “Es decir, aprovechándose de este contrasentido de la ley, no se dio la participación ciudadana pese a la importancia social que tiene este proyecto para un pueblo como Putaendo”, añadió el dirigente ciudadano al día siguiente de conocerse la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso.

En paralelo al rechazo a la PAC, el 9 de abril el SEA de Valparaíso emitió un informe consolidado de 111 páginas en que recomienda aprobar el proyecto de CMVH. De esta manera desestimaba los reclamos de la comunidad y las severas observaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) y del Servicio Agrícola y Ganadero en torno a insalvables falencias del proyecto en comento.

El jueves 16 de abril -es decir, al día siguiente de que se rechazara el último de los recursos con que la comunidad de Putaendo buscaba incidir en la evaluación de la DIA de la minera- el SEA de Valparaíso convocó a toda prisa a una sesión online de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso -a realizarse el lunes 20 de abril- con el propósito de que se votara el proyecto de sondajes mineros.

En la tarde de ese día la citada Comisión -cuyos miembros son en su mayoría nombrados por el Presidente de la República- aprobó en forma unánime el mencionado proyecto con el voto favorable del designado intendente regional Jorge Martínez, quien depende directamente de Piñera.

Tras informarse de esto, Putaendo Resiste y la comunidad putaendina emitieron un comunicado en que repudiaron “tajantemente» la realización de la sesión online «convocada con menos de un día hábil de aviso y en un contexto de pandemia”.

Sostuvieron que “se trata de una modalidad impresentable, de espalda a la ciudadanía, que confirma el poco compromiso de las autoridades de este gobierno por generar espacios democráticos para la toma de decisiones ambientales”.

Al aprobar este proyecto, el gobierno de Piñera desoyó las transversales exigencias de los sindicatos de profesionales del SEA, de parlamentarios de diversas tendencias y de organizaciones territoriales y de trabajadores, que pedían la suspensión de los plazos de tramitación de los proyectos de inversión.

Esto, dadas las dificultades que la crisis sanitaria por pandemia de coronavirus impone, tanto para reunirse como para redactar los diversos informes que la ley ambiental exige a las comunidades enfrentadas a proyectos de inversión.

La aprobación de los sondajes mineros implicó también incumplir un compromiso contraído por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el 16 de abril. En efecto, en sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado la ministra aseguró que “han sido suspendidos todos estos procesos (de tramitación ambiental de proyectos) y se han extendido los plazos en base al requerimiento que la situación del Covid-19 plantea”.

Vocero Valdés: “Triunfo histórico”

En entrevista telefónica, realizada al filo de la medianoche de este miércoles 26, el vocero de Putaendo Resiste Alejandro Valdés expresó a El Ciudadano sus primeras impresiones respecto de lo obrado por la justicia en Valparaíso.

Agitado por la emoción y la alegría, señaló que este fallo de la Corte de Valparaíso «viene a hacer justicia con una demanda que habían planteado como pueblo de Putaendo: exigir nuestro derecho a participar, a ser escuchados, a poder incidir y decidir respecto de los proyectos que se hacen o no se hacen en nuestro territorio”.

Añadió: “Este es un fallo histórico que va a sentar un precedente jurídico a ser tomado en cuenta por todas las comunidades que se encuentran en lucha en defensa de sus territorios”.

Valdés sostuvo además que lo determinado en tribunales “pone las cosas en su lugar y da nuevas fuerzas a las luchas que estamos llevando adelante”.

Afirmó que lo que lo pone más contento es sentir que se hace justicia respecto de una empresa “que ha realizado un camino lleno de errores y trabajos mal ejecutados, maniobras oscuras, lobby y una serie de acciones que nada tienen que ver con una empresa que presume actuar con ‘responsabilidad social’”.

Remató el defensor del territorio putaendino: “Pese a todas las mañas que emplearon (Los Andes Cooper y el Gobierno) perdieron y eso a esta empresa le cuesta tiempo, prestigio y muchos millones”.