Una postura de firme rechazo a la eventual construcción de una nueva cárcel en Santiago, contiene el documento elaborado y entregado por la Municipalidad de Santiago, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el contexto de las argumentaciones técnicas solicitadas sobre la posibilidad de edificar un penal en el centro de la comuna.
Entre los puntos más importantes, el texto explica que la decisión de construir un recinto penitenciario en el barrio Rondizzoni, no se ajusta ni respeta los instrumentos de planificación urbana como es el Plan Regulador Comunal y, además, no ha sido validado entre la propia comunidad, quien nunca tuvo la oportunidad de opinar a través de los mecanismos de participación ciudadana que les confiere la Ley.
La propuesta de ampliación de la cárcel Santiago 1 además indica el texto, pugna con los lineamientos del Plan Regulador Metropolitano desde el punto de vista urbanístico: conforme al PRMS, el uso de equipamiento de seguridad destinado a cárceles debe emplazarse fuera del Área Urbana Metropolitana, ya que es incompatible con la actividad residencial. Esto, para asegurar que las cárceles no interfieran con las zonas residenciales, protegiendo así la calidad de vida de los habitantes urbanos.
El documento en paralelo advierte que la tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyan fuera del núcleo urbano, para evitar impactos negativos y externalidades que afecten a los vecinos y vecinas.
Los estudios revisados en la bibliografía del informe refuerzan estas preocupaciones, destacando que las cárceles en áreas urbanas densamente pobladas suelen depreciar el valor de las propiedades, sobrecargar los servicios públicos, incrementar la percepción de inseguridad, y agravar las tensiones sociales. Además, estas instalaciones no suelen contribuir al desarrollo económico local y pueden deteriorar la cohesión social.
En Santiago funciona el mayor complejo carcelario del país, que alberga el 20% de la población penal a nivel nacional. Los vecinos y vecinas de Santiago, en especial de los barrios San Eugenio, Rondizzoni y Parque O’Higgins, también han manifestado su rechazo a este proyecto, y han realizado movilizaciones y entregado alrededor de 5 mil firmas para que el Gobierno no construya una nueva cárcel en el centro de la capital.
El Ciudadano
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