Jefe de la PDI de Concón destruye documentos probatorios de acoso laboral al interior de la institución

En noviembre de 2022, la comisaria de la PDI, Tania Jara denunció al actual jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Concón (Biro), subprefecto Carlos Cugat, por destruir los documentos que lo incriminaban como responsable del acoso laboral sufrido por la funcionaria en el 2019. Sin embargo, dicha documentación fue incinerada a pesar de existir una causa judicial vigente, en la que también se aborda el abuso sexual del que Jara fue víctima en junio de 2015. El Ciudadano tuvo acceso a los antecedentes del caso, y de la decisión del Ministerio Público a no investigar lo denunciado por la comisaria. Jefe de la PDI de Concón destruye documentos probatorios de acoso laboral al interior de la institución.

Por Josefa Barraza Díaz

El 28 de noviembre de 2022, y ante la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Viña del Mar, la comisaria Tania Jara, denunció al jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Concón (Biro), subprefecto Carlos Cugat, por instruir la eliminación de documentos del año 2019, los que contenían información probatoria respecto al acoso laboral sufrido por Jara al interior de la Policía de Investigaciones.

*Foto: Carlos Cugat, Jefe de la Viro de la PDI de Concón

“(El) 9 de noviembre de 2021, (Jara) en su calidad de funcionaria de la PDI, demandó tutela por vulneración de derechos fundamentales, que a su criterio existen acciones sistemáticas y constitutivas de acoso laboral en su contra por parte de la institución policial. Acogiéndose admisibilidad de la causa (…) el 16 de julio de 2022, la Brigada Investigadora de Robos de Concón, por medio del subprefecto Carlos Cugat, se confiesa y se informa al tribunal (…) sin motivación alguna, instruyó por medio del precipitado acto administrativo resolutor, la incineración y/o destrucción de la documentación institucional del año 2019”, se lee en la denuncia dirigida al subprefecto, Claudio Alarcón.

En dicho documento también se explica que, el material eliminado posee un especial valor probatorio sobre el hostigamiento y maltrato laboral hacia la comisaria. Incluso, la incineración se ejecutó a pesar de existir una causa judicial vigente, y en el que se solicitó “guardar fidelidad a tales documentos”. Además, la documentación en cuestión debía ser presentada antes de agosto de 2022,  fecha en la que se realizaría la audiencia de juicio.

El Ciudadano tuvo acceso al oficio firmado por Cugat, dirigido al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago -del 26 de julio de 2022-, en el que confirma que la documentación solicitada para la audiencia preparatoria por tutela laboral, fue incinerada el 5 de abril de 2022.

“Se informa que solamente se logra remitir copia fotostática debidamente certificada de constancia en Libro 1-A, “Novedades de la Guardia” (…) En relación al resto de la documentación que se solicita en los numerales 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 15, de la respectiva Acta de Audiencia Preparatoria de Procedimiento de Tutela Laboral, éstas fueron incineradas mediante Resolución Exenta  N°1 del 5 de abril de 2022, de documentación del año 2019, de la Avanzada Policial Concón, y Resolución Exenta N°2, del 5 de abril de 2022, del año 2020 de la Brigada Investigadora de Robos de Concón”, detalla el documento, el que agrega que la incineración se efectuó, ya que, dentro del plazo de 5 años, los partes e informes policiales enviados a los tribunales podrán ser incinerados.

Además, Miguel Ángel Reyes, abogado de Jara, afirma que la institución eliminó los documentos 3 meses después de que les pidieron desde el tribunal exhibirlos durante el juicio. Jefe de la PDI de Concón destruye documentos probatorios de acoso laboral.

Pero, el caso de la comisaria no comienza aquí.

El 26 de junio de 2015, Tania Jara -funcionaria de la Brigada de Homicidios de Valparaíso-, denunció en su unidad ser víctima de abuso sexual, ocurrido durante el aniversario institucional. Por lo anterior, el 2 de julio se abrió un sumario administrativo, el que finalizó el 23 de octubre de ese mismo año.

A pesar de existir un informe pericial psicológico del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), el que determinó que el relato de Jara era creíble, la prefecta Ximena Belmar -fiscal del sumario-, concluyó el sobreseimiento del subinspector Guillermo Silva Muñoz, de la Brigada de Homicidios Valparaíso, “por haberse establecido que en los hechos materia de la presente investigación, no existen los elementos de juicio que permitan asegurar la veracidad de la denuncia”.

-La PDI se amparó sólo en declaraciones de cercanos y amigos del acusado (…) como víctima dentro del proceso, hasta el día de hoy, no he sido notificada del término de dicho sumario administrativo (…) Me trasladaron el mismo día que denuncié, sin mi consentimiento, desde la Brigada de Homicidios Valparaíso hacia la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar, sin darme ninguna explicación-, explica Tania, quien agrega, que ha sido trasladada de unidades en distintas ocasiones, mientras que Silva sigue trabajando en la misma unidad donde cometió la agresión.

Debido a lo anterior, presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso -el día 08 de marzo del 2019-, en contra de Silva por el delito de abuso sexual.

Sin embargo, luego de denunciar su caso, Jara comenzó a ser víctima de acoso laboral por parte de sus superiores, como se lee en su tutela laboral, interpuesta ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago -el 9 de noviembre de 2021-, en donde relata que el comisario Carlos Cugat, jefe de unidad de Avanzada Policial Concón -durante el 2019-, plasmó advertencias en la hoja de vida anual de la comisaria, utilizando términos como que debía cuidar “no enlodar” la imagen institucional.

“Comenzaron una serie de acciones y omisiones hacia mi persona como consecuencia de haber denunciado los hechos de acoso sexual, lo que transformó el ambiente hostil y persecutorio, dificultades impuestas única y exclusivamente en mi contra (…) continuando con actos discriminatorios, ser excluida de algunas gestiones operativas, posteriormente se me anularon funciones, dejándome finalmente sin cumplir prácticamente ninguna labor al interior de la repartición”, detalla la tutela.

Finalmente, el viernes 9 de diciembre de 2022, la funcionaria fue desvinculada de la PDI, en donde además, le informaron que “se hará efectivo su alejamiento de la Institución, en las condiciones y plazos establecidos en el Artículo N° 66, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile”. Jefe de la PDI de Concón destruye documentos probatorios de acoso laboral.

Sin rastros ni justicia

Luego de presentada la denuncia en contra de Carlos Cugat, por la destrucción de documentación probatoria -en noviembre de 2022-, la PDI remitió la información a la Fiscalía Local de Viña del Mar. Sin embargo, Miguel Angel Reyes, abogado de Tania Jara, comenta que hubo irregularidades en la remisión de la denuncia por parte de la institución, y en el actuar del Ministerio Público.

-PDI envía denuncia sin indicar al imputado (Cugat), a pesar de que en la denuncia se indicaba presuntos delitos que se entendían cometidos (configuraba o tipificaba) y el imputado (…) El 28 de diciembre de 2022, Fiscalía presentó ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, un escrito pidiendo la aprobación de la facultad de no iniciar la investigación, sin explicitar el motivo específico (de dicha decisión), sino señalando dos supuestos legales, sin especificar cuál se utilizaba en este caso y cómo se configuraba. Los supuestos son que los antecedentes conste de la responsabilidad está extinguida; y que los hechos denunciados no sean constitutivos de delito-, explica Reyes, quien agrega que el tribunal aprobó la decisión de Fiscalía el 29 de diciembre.

Por lo anterior, el 9 de enero de 2023, la comisaria presentó un recurso de reposición para dejar sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, solicitar el inicio de la investigación, y que se deriven los hechos a la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Debido a este recurso, el tribunal fijó audiencia para el 8 de febrero, con el propósito de debatir el “no inicio de procedimiento”.

Mientras que Jara estaba en espera de dicha audiencia, el 3 de febrero de 2023  presentó una querella criminal en contra de Carlos Cugat -la que fue declarada admisible el 6 de febrero-, por el delito de corrupción (funcionarios públicos que cometieron delitos durante el desempeño de sus cargos). En este caso específicamente, Cugat habría destruido los medios de prueba que lo incriminaban en actos de acoso laboral sistemático en el contexto de una tutela laboral.

-Al comenzar la audiencia, se le dio la palabra al fiscal (Lionel González González) quien comunicó la facultad de no perseverar, ante lo cual yo (abogado querellante) señalé que la audiencia había sido fijada con un fin distinto. Se comenzaron a plantear argumentos por las partes, concluyendo en que la jueza (Loreto León Pinochet) dispuso dar por sobreseída la investigación por la facultad de no iniciar la investigación, y por no ser presentada la querella (…) (además) se elimina del portal la resolución que la había declarado admisible-, comenta Reyes, quien enfatiza en que la querella sí fue presentada y declarada admisible antes de la audiencia.

En el resumen de la audiencia -el que este medio tuvo acceso- se menciona que el “Ministerio Público señala que con anterioridad se había aprobado el no inicio de la investigación, y luego continuó avanzando la causa, pero manifiesta que los documentos con que pudiere el Ministerio Público investigar fueron destruidos, por lo que no existe forma de ligar los hechos a documentos que ya no existen”.

Además, el tribunal declaró el sobreseimiento definitivo, debido a que la querella fue presentada con posterioridad a la aprobación de no inicio de investigación, “por lo que se dejó sin efecto la resolución del 6 de febrero, que admitía la querella”.

Actualmente la causa se encuentra concluida.

-La magistrada Loreto León, en su resolución del 8 de febrero, afirma que “en definitiva esta persona estaba siguiendo una instrucción de su institución por lo tanto no hay dolo”; argumento además esgrimido por el fiscal Lionel González y considerado por la magistrada; dejando totalmente expuesto que ambas instituciones funcionan como defensores y protectores de la PDI, ya que, la normativa institucional es clara y prohíbe incinerar documentos antes del plazo reglamentario. Además, en este caso existía una orden judicial para presentar esas pruebas, las cuales eran de pleno conocimiento de estas instituciones del estado-, detalla Tania Jara.

El 13 de febrero, la funcionaria presentó un recurso de apelación, el que fue admitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Desde la PDI, consignaron que “respecto a la denuncia, se informa que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Viña del Mar con fecha 29.NOV.022, por parte de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar, no recibiendo hasta la fecha alguna instrucción por parte del Ministerio Público”. Sobre la inexistencia de un sumario administrativo en contra de Cugat, la institución no se refirió al respecto.

-La PDI no hace nada. La Fiscalía no hace nada. Los tribunales tampoco hacen algo. Es más, en la PDI ni siquiera se realizó un sumario administrativo en contra de Carlos Cugat por haber quemado documentación. Es como si a nadie le importara-, confiesa Jara, al despedirse.

Jefe PDI destruye documentos de acoso laboral.

Por Josefa Barraza Díaz.