Durante el mes en curso y el pasado junio, comenzaron los juicios en contra de una parte de los presos del estallido social, de forma silenciosa, en plena pandemia por Covid-19. A diciembre del 2019 el Gobierno de Sebastián Piñera, a través del Ministerio del Interior, entregó la cifra de 2.490 personas en prisión preventiva vinculadas a la revuelta. Desde ese entonces, varios han conseguido modificar su situación judicial y carcelaria.
A julio del 2020 la cifra oficial es de 3.274 personas sujetas a algún proceso judicial en su contra por hechos vinculados al estallido social. De ellos 216 se encuentran en arresto domiciliario y 218 en prisión preventiva.
La Coordinadora 18 de octubre, organización que trabaja por la libertad de los prisioneros políticos, ha realizado un catastro de la situación actual de las personas encarceladas por el Estado, enfocado en poder canalizar la solidaridad entre ellos según su situación particular y con las cuales tienen contacto directo.
De esta forma, la organización tiene catastradas a 205 personas, de las cuales 94 se encuentran en arresto domiciliario, 102 en prisión preventiva, uno de ellos menor de edad en un Centro de internación Provisoria (CIP) del Servicio Nacional de Menores (SENAME), 7 condenados mediante procedimiento abreviado, 6 de los cuales se encuentran en libertad vigilada y uno en prisión.
Cabe señalar que durante la crisis sanitaria con el coronavirus, los procesos judiciales han avanzado y el Estado ha presentado acusación en contra de 15 personas prisioneras, solicitando desde 4 a 24 años de cárcel.
Alejandro Carvajal, preso en la cárcel Santiago 1 desde el 8 de noviembre del 2019, es acusado de incendio a la Universidad Pedro de Valdivia. La Fiscalía solicita 10 años de prisión para él. Tiene 19 años de edad.
Mauricio Gómez y Diego Espinoza se encuentran también en prisión preventiva en Santiago 1 desde el el 25 de noviembre del 2019. Están acusados de portar bombas molotov. La Fiscalía también solicita para ellos 10 años de cárcel.
Danilo Valderrama también se encuentra en la cárcel de Santiago 1 desde el 15 de noviembre del 2019 acusado de lanzar bombas incendiarias. La fiscalía pide 14 años de cárcel para él.
Daniel Morales, prisionero en la cárcel Santiago 1 desde el 14 de diciembre del 2019 acusado de la quema del Metro Pedreros. La Fiscalía solicita 20 años de cárcel. Su sobrino, Benjamín, se encuentra en el CIP San Joaquín del SENAME. El Estado pide 10 años de cárcel para él, lo que significaría que quedaría en libertad a los 26 años.
Cisor Perea y Edison Gálvez, presos en la cárcel de Rancagua desde el 24 de febrero del 2020, son acusados de incendios a una automotora y la realización de barricadas. El Estado solicita 12 años de prisión para ellos.
Francisco Hernández se encuentra prisionero desde el 10 de diciembre del 2019 acusado de porte y lanzamiento de bombas molotov. La fiscalía solicita 24 años de prisión. Ibrahim Acevedo, en prisión preventiva desde el 26 de octubre del 2019 en la Cárcel Santiago 1, es acusado de porte y lanzamiento de bombas molotov, la Fiscalía solicita 16 años de prisión en su contra.
Marcelo Mandujano en el único preso del estallido en la cárcel de Punta Arenas, encontrándose encarcelado desde el 10 de enero del 2020, acusado del incendio de una sucursal de AFP. La Fiscalía solicita 11 años de prisión en su contra.
En arresto domiciliar se encuentran Akina Nakamura, quien tras meses en la cárcel de La Serena, es acusada de porte de bomba molotov, solicitando desde la Fiscalía 4 años de prisión para ella y Vicente Revello, quien fue detenido el 4 de diciembre del 2019, acusado por porte de bomba molotov y para el que la Fiscalía solicita también 4 años de cárcel.
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