Juventudes trans en peligro: Trump busca prohibir cirugías y bloquea su acceso a tratamientos vitales

La comunidad LGBTI+ en Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más críticos en cuanto a la protección de sus derechos humanos. Durante el gobierno de Joe Biden, varios estados ya habían implementado medidas para restringir los derechos de esta comunidad. Ahora, tras una campaña marcada por discursos en su contra, Donald Trump confirmó nuevas medidas destinadas a eliminar el acceso a procedimientos de transición.

Este 29 de enero, el Presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que prohíbe los métodos de transición a menores de 19 años. El anuncio vino acompañado con polémicos dichos que fueron criticados desde varios sectores de la sociedad.

“Están mutilando y esterilizando a un número cada vez mayor de niños bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo”, dijo Trump.

Específicamente, este documento busca no financiar, patrocinar, promover, ayudar o apoyar la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro. La orden, carga contra la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (Wpath). Según el gobierno de EE.UU. , la entidad “disfraza de necesidad médica” los procesos de transición de género.

La orden solicita que se excluya de la cobertura médica de empleados federales y del Medicaid. Esto terminaría por afectar a los sectores más vulnerables y de bajos ingresos. De igual forma, estas medidas serán aplicadas en un plazo de 60 días.

Esta es solo una de las medidas que prometió Trump en su retorno al poder

Trump también busca redistribuir a las personas trans privadas de libertad en las cárceles. Esta medida busca asignar a las personas trans de acuerdo a su sexo asignado al nacer y no a su identidad de género. Las principales afectadas por esto, serán las mujeres trans, quienes deberán ser trasladadas a cárceles de hombres.

Para varias organizaciones, esto resulta grave, ya que las mujeres trans son uno de los grupos más vulnerables de la comunidad. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, levantó las alertas sobre esto, ya que podrían aumentar los ataques transfóbicos y las agresiones sexuales.

“Esto también es perjudicial para los funcionarios penitenciarios, que ahora pierden la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada caso”, finalizó.