La ONU acusa al Vaticano de violar la Convención contra la Tortura

El Vaticano ha violado la Convención contra la Tortura en los casos en los que podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo, o en las ocasiones en que ni investigó ni denunció los hechos delictivos, según la ONU. Así lo establece el Comité contra la Tortura y otros tratos inhumanos de las Naciones Unidas, que ayer presentó sus conclusiones finales sobre el informe del Vaticano.

«Nosotros no decimos que el Vaticano es responsable de todas y cada una de las violaciones cometidas por cualquier cura. Pero sí decimos que la Santa Sede ha violado la Convención en los casos en que fue informada de abusos e ignoró las acusaciones, y eso, que nosotros sepamos, ha pasado al menos unas 50 veces», expresó en rueda de prensa la relatora del caso, Felice Gaer.

La principal conclusión del Comité es que la responsabilidad del Vaticano en los casos de abusos sexuales no se limita a su territorio, sino que abarca los abusos cometidos en otros Estados siempre y cuando la Santa Sede «ejerza efectivo control» sobre el perpetrador.

«Efectivo control significa que el Vaticano supiera del caso, fuera informado y no actuara. O fuera informado y ordenase trasladar al abusador en lugar de perseguirlo y castigarlo», explicó Gaer.

«El Estado parte es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado. Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado parte desplegados en operaciones en el extranjero», concretó el Comité en el informe.

Esta conclusión rebate la interpretación del Vaticano de que carece de jurisdicción penal y de responsabilidad por los delitos cometidos por sus sacerdotes en otros países.

Para el Comité de la ONU, esa «interpretación» del Vaticano «no es congruente» con la Convención.

El Vaticano se sometió al escrutinio del Comité los pasados 5 y 6 de mayo y el argumento de su representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, fue que, desde el punto de vista legal, la Convención sólo se puede aplicar a lo que suceda en la Ciudad del Vaticano y a los funcionarios que trabajan exclusivamente en su territorio.

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El Comité no sólo entendió que esta interpretación es errónea, sino que solicitó al Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado. «El Comité invita al Estado parte a que revise su interpretación y que la reinterprete o la retire», demandó.

«Negamos rotundamente la tesis de que la Santa Sede ‘sólo’ es responsable de lo que pase en las cuatro esquinas de Ciudad del Vaticano. En los casos donde hay control efectivo de sus funcionarios sí que son responsables, suceda donde haya sucedido la acción», aclaró Gaer.

La experta recordó que un Estado, en este caso la Santa Sede, tiene la obligación de evitar que un abuso se cometa, y de investigar lo sucedido, perseguir a los culpables y resarcir a las víctimas.

En el informe, el Comité advirtió al Vaticano de que «debe evitar que sus funcionarios u otros actuando oficialmente cometan actos de tortura o que consientan la acción de tales violaciones».

En caso de que los abusos sucedan o hayan sucedido, el Comité solicitó al Vaticano que «se asegure» de que una vez conocidos los hechos, la persona investigada «sea suspendida de sus funciones inmediatamente para evitar la posibilidad de más abusos o intimidaciones a las víctimas».

Específicamente, pidió que los clérigos que estén bajo investigación no sean trasladados a otro destino como forma de evitar ser investigados y eventualmente castigados.

«A los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones, incluidas el despido de sus servicio como clérigos», solicitaron los expertos del Comité.

Asimismo, en sus conclusiones pidieron a la Santa Sede que se asegure de que todas las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades civiles del lugar donde se cometieron presuntamente los hechos, «para facilitar la investigación y la acusación de los supuestos infractores».

Además, el Comité instó a que se revisen los concordatos del Vaticano con otros Estados para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar abusos o proteger a acusados.

Con respecto a las víctimas, solicitó que todas ellas obtengan una reparación sin tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante la Justicia, y que la Santa Sede cree un mecanismo de quejas para que puedan denunciar abusos.

Por Marta Hurtado
Público.es