Por Francisca Valencia Valdebenito
El lunes 22 el presidente Sebastián Piñera anunció por cadena nacional que convocará en los próximos días a un grupo de expertos, ex parlamentarios y académicos para formar una comisión que proponga “perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley que debe considerar, de forma de evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra Constitución”, en palabras del propio mandatario.
Frente a este escenario, Javiera Arce-Riffo, politóloga de la Universidad de Valparaíso y una de las ideólogas del proyecto de constituyente paritaria aprobado en marzo señala que “esto implica acumular aún más poder en el Presidente de la República, en un contexto de Estado de Excepción Constitucional determinado por la catástrofe sanitaria del COVID 19”.
La también miembro de la Red de Politólogas dice que lo planteado por Piñera tiene mucha semejanza a lo que está ocurriendo en países como El Salvador y Hungría, “donde ambos presidentes han ido acumulando poder y demostrando afanes autoritarios.”
El anuncio de Piñera se funda en el supuesto que algunas de las mociones parlamentarias impulsadas el último tiempo, a juicio del gobierno, exceden las facultades legislativas al involucrarse en materias exclusivas del Ejecutivo, como aquellas que implican gasto fiscal. Así fue en el caso del proyecto de “postnatal de emergencia”, que luego de ser aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados fue declarado inadmisible por el Senado, bajo el argumento que la Constitución reserva el ejecutivo las iniciativas de ley que consideran gasto fiscal. Hoy el proyecto se encuentra en comisión mixta y podría ser aprobado pese a esta aparente inconstitucionalidad, dada la urgencia que se otorgue una solución en favor de mujeres trabajadoras que deben volver a labores -en medio de la pandemia- y de sus pequeños hijos e hijas, que no disponen de espacios educativos donde cobijarse.
La “comisión de expertos” que quiere reunir Piñera ha generado rechazo por parte de la oposición e incluso del mismo Chile Vamos. El mismo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), sacó una declaración donde defendía la independencia y libertad del Congreso: “Como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados quiero reafirmar que la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley es el Congreso Nacional (…) que es un poder independiente del Ejecutivo”, añadiendo que cada Cámara tiene un procedimiento determinado para fijar la admisibilidad de cada proyecto de ley”.
Paulsen aseguró que estaban iniciando una mesa de trabajo permanente con los abogados de la cámara baja, el Senado y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en relación con esta materia: “lamento que el Presidente no haya tomado en cuenta este trabajo ya avanzado” y que “cualquier trabajo prelegislativo debería sumarse a estos esfuerzos”, concluyó Paulsen.
Por su parte, el diputado DC, Gabriel Ascencio, acusó a través de Twitter a Piñera por su afán de controlar más facultades de las que le corresponde:
La politóloga Arce-Riffo plantea, en base a la literatura, que una democracia requiere basarse en el principio de equilibrio de poderes del Estado, entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Lo que está tratando de hacer el Presidente Piñera es acumular más poder en el Ejecutivo, situación que a la academia, en particular a la ciencia política, provoca mucha preocupación”.
La investigadora expresa que “el principio de equilibrio de poderes asegura, además, el control horizontal entre las instituciones como, por ejemplo, el control sobre actos de gobierno como la función de la Cámara de Diputados”.
Medidas como esta se suman a una agenda, que se ha caracterizado por un afán punitivo y de represión, que se ha visto acrecentada luego de la revuelta social iniciada en octubre del año pasado.
Ejemplos de esta agenda son las leyes ley antibarricadas, antisaqueos y antiencapuchados.
El gobierno se esmera en defender la constitucionalidad de los proyectos de ley. Sin embargo, si hablamos de constitucionalidad la Constitución establece como un derecho la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio (artículo 19, N°12), así como el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (artículo 19, N° 13).
La libertad de expresión y de manifestación son derechos constitucionales, pero pareciera que el gobierno no pone el mismo entusiasmo al defenderlos de proyectos de ley, como los anteriormente mencionados, que hoy rigen con todas sus letras.
Lo anterior sin mencionar la suma urgencia que ha puesto el gobierno, en mitad de la pandemia, al proyecto de Ley de Inteligencia, que involucra a las FF.AA en el control de la ciudadanía, le da acceso a datos personales con bajo control judicial, considera uso de agentes encubiertos, además de igualar el tratamiento de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales con el que se le da al crimen organizado. Se reforma en general el concepto de contrainteligencia y se reivindican prácticas propias de una dictadura.
La formación de una comisión de expertos que escrutine la “constitucionalidad” de los proyectos a priori, se suma a una serie de medidas que se caracterizan más de un gobierno autoritario que de uno democrático.
La politóloga Arce-Riffo lo explica de la siguiente forma: “lo que estaría ocurriendo es un desequilibrio de poderes favorable al Ejecutivo, acumulación de poder en contexto de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. Es un vaciamiento de poder en el caso del Legislativo, e incluso del Tribunal Constitucional. Que esta ‘comisión de expertos’ pueda reservarse la opinión de constitucionalidad o no de los proyectos de ley, podría suprimir incluso iniciativas de fiscalización sobre los actos del Presidente y sus ministros (…) Porque todo juicio político que se intente hacer, por ejemplo, sobre Mañalich, podría ser detenido por la comisión. Por cierto, esta comisión tampoco es constitucional, sino que sería una institución de carácter excepcional, creada bajo un Estado de Excepción.”
El Presidente Piñera pareciera demasiado empeñado en defender la “constitucionalidad” de los proyectos en Chile cuando estos tocan el aporte fiscal o ponen en jaque las atribuciones de las empresas privadas. Una “constitucionalidad” que, por lo demás, no ha sido validada por la ciudadanía ni creada siquiera en democracia, y que representa una de las demandas sociales más fuertes articuladas desde las protestas de octubre.
La académica Arce-Riffo considera el escenario actual como una especie de adelantamiento apresurado en la discusión sobre el proceso constituyente de octubre.
Todo esto en mitad de una crisis sanitaria y un cuestionamiento por parte de la sociedad sobre la legitimidad y confianza que tienen nuestros organismos públicos. “El respeto hacia la autoridad está en cuestión, así como también a este marco institucional. La constitución es ilegítima desde su origen, y, por supuesto, se ha expresado en términos de reproducción de una visión oligarca del Estado, la nación chilena, así como también la ideología neoliberal de Estado mínimo. Su defensa consistiría en justificar, por ejemplo, la escasa capacidad que ha tenido para proteger la vida y la situación económica de la ciudadanía durante la crisis”, concluye rotundamente la experta.
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