“Las sociedades que no enfrentan las violaciones de derechos humanos quedan divididas”

El 2015 termina con avances considerables en los acuerdos de paz de Colombia. El pasado 15 de diciembre miembros del Gobierno colombiano, representantes de la insurgencia y acompañantes internacionales firmaron el acuerdo histórico relativo a las víctimas del conflicto armado.

Las negociaciones, que empezaron en 2012 en Oslo y continuaron en Cuba, alcanzaron hasta hoy día cinco de los seis puntos de la agenda entre ambas partes: desarrollo rural integral, participación política de la insurgencia, erradicación de cultivos ilícitos, cese de conflicto y víctimas y justicia transicional. Pese a que aún está pendiente la cuestión de la implementación, verificación y refrendación del acuerdo –que se debate entre el referéndum propuesto por el Gobierno y la Asamblea Constituyente, que prefieren las FARC– fuentes oficiales ya han reconocido que ésta es una de las temporadas de fin de año más tranquilas que recuerda el país: “Los combates entre el ejército y las FARC han disminuido en un 80% y las muertes de civiles, entre julio y diciembre, disminuyeron en un 92%”, señaló el presidente José Manuel Santos.

Para conocer más detalles sobre los avances de este acuerdo y los principales retos que enfrenta el pueblo colombiano en el proceso de paz, El Ciudadano conversó con el analista internacional Pablo Jofré.

El conflicto de Colombia ya suma más de cinco décadas de confrontación armada. ¿Cuáles son las causas que han hecho que éste sea un conflicto tan dilatado y complejo?

La confrontación emerge en el contexto de la Guerra Fría y luego se transforma en un conflicto liberal-conservador que poco a poco olvidó satisfacer las necesidades propias de la sociedad colombiana y provocó la formación de grupos guerrilleros, como las FARC o el ELN, que iniciaron el conflicto a fines de los 50 y hasta hoy.

La complejidad del conflicto obedece a diferentes circunstancias: es multifactorial. Hay elementos internos como la desigualdad social, la inequidad o el conflicto agrario, que tienen que ver con la concentración y la monopolización del campo por terratenientes. Y, por otra parte, también existen factores externos que influyeron como la Revolución Cubana o la Guerra Fría, que situó al gobierno colombiano en el lado occidental y a las guerrillas en el bando socialista. A todo eso, hay que añadirle otros elementos, como el narcotráfico, la incorporación de los paramilitares o la intromisión de Estados Unidos en la guerra.

¿En qué se diferenció el rol del expresidente Uribe del actual presidente Juan Manuel Santos para avanzar en los acuerdos de paz?

El éxito de Uribe entre 2002 y 2010, desde el punto de vista del combate contra la guerrilla, resultó gracias a la reorganización de las fuerzas armadas a través del apoyo, principalmente, norteamericano. El expresidente capitalizó el descontento de las conversaciones de paz de Pastrana –su predecesor– fruto de algunos episodios que terminaron otorgando más territorio a las FARC y que causaron malestar entre los terratenientes, las cúpulas militares y los sectores más derechistas de la política colombiana.

Juan Manuel Santos participó también del combate contra la guerrilla pero cuando llegó a la presidencia se dio cuenta de que la guerra no tiene sentido en Colombia en la medida en que limita las posibilidades de desarrollo económico. Además de una mirada pacifista, tiene también una mirada económica, política y de una exigencia de nuevos tiempos. Santos consideró que para avanzar en el país es necesario conversar con las FARC y el ELN.

Hay un cambio también en el sentido de que Uribe no es un tipo que esté de acuerdo con el proceso bolivariano encabezado por Chávez, en cambio Santos llega a hablar de “buenos amigos” y eso marca también una diferencia en relación a los vínculos con sus vecinos.

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¿Qué papel ha jugado los Estados Unidos en este conflicto? 

Colombia es el tercer país del mundo que recibe más ayuda militar estadounidense, sólo por detrás de Israel y Egipto. Los norteamericanos tomaron parte en el conflicto desde el siglo XIX e intensificaron su intromisión en el siglo XX. Por ejemplo, Panamá era una provincia colombiana que, en virtud de los intereses norteamericanos, se desmembró de Colombia y pasó a conformar un país en 1903.

Durante gran parte del siglo XX hubo una relación muy fuerte entre la clases dominantes colombianas y la administración norteamericana, se convirtieron en sus aliados fundamentales, en parte por las diferencias que se dieron entre Colombia y sus vecinos venezolanos y también por las relaciones que las FARC y el ELN mantuvieron con Cuba. Mientras los Estados Unidos aprovecharon el pretexto de la lucha contra la droga para combatir contra la guerrilla, como ocurrió en el plan Colombia (1999).

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Los gobiernos norteamericanos son responsables directos de la perpetuación del conflicto bélico: han sido responsables del subministro de armas, del entrenamiento militar y de la aparición del narcotráfico y los grupos paramilitares.

Uno de los acuerdos más controvertidos del proceso de paz ha sido el de Justicia Transicional. Las víctimas reclaman conocer más sobre los detalles de la aplicación de ese modelo que se aplicará una vez se alcance un acuerdo definitivo de paz. Entre los puntos polémicos destacan cómo se hará la indemnización a las víctimas de las FARC y cómo serán las penas para los responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es su mirada sobre estas cuestiones?

La justicia transicional es un tema muy presente en las últimas décadas en América Latina, sobretodo después de las dictaduras militares, cuando hay que plantearse qué hacer con las víctimas, las reparaciones y con las penas de los torturadores y violadores de derechos humanos. En el caso de Colombia, eso se vislumbra en la creación de Comisiones de Verdad y Justicia para hacer el diagnóstico y proponer medidas de reparación. Se trata de conseguir que se rindan cuentas penales, jurídicas, legales y al mismo tiempo que se repare a las víctimas y se reconozcan sus derechos.

Es un tema muy complejo, lleno de discusiones y opiniones opuestas –y lo hemos visto en Chile, donde hasta hoy día no ha habido una solución para la reparación de las víctimas–. Sin embargo, las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de derechos humanos quedan divididas, y la sociedad colombiana todavía no lo ha hecho, ya sea por el papel que han tenido los gobiernos, el ocultamiento de información o porque ha sido circunscrito en ciertas regiones. Hay una suerte de ceguera de los alcances reales de las violaciones de derechos humanos en Colombia, pero las cifras son de más de 5 millones de desplazados, más de un millón de colombianos fuera del país y 600.000 muertos.

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Otro punto sobre la mesa es la fórmula para abandonar o entregar las armas. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso?

Es imposible pensar en el final del conflicto si no se piensa en el abandono de las armas. Las FARC han señalado que no quieren entregar las armas al Gobierno y están explorando otras opciones, como entregarlas a un organismo internacional. Aún no se ha llegado a un punto de acuerdo sobre esa cuestión por la dificultad que supone, pero es una exigencia de este proceso. Hay que saber cuántas armas tienen y dónde están, cómo las van a entregar, de qué manera podrían incorporarse a la vida política los guerrilleros, etc.

Respecto a este último punto, ¿cómo será el proceso de incorporación a la vida política por parte de la guerrilla?

Entrar a la vida política sin un respaldo real, que no han tenido en más de 50 años, se hará difícil. Se supone que primero tiene que haber una serie de condiciones: reconocimiento del delito, cumplimiento de la pena, participación en el sistema integral político, abandono de las armas, etc. El proceso debería comenzar dos meses después de la firma del acuerdo final.

Dice el Gobierno colombiano que la transformación de las FARC en un movimiento político legal va a contar con todo su apoyo en los términos que se acuerden. Sin embargo, ¿cuáles son esos términos? Aún no ha quedado claro. Pero lo primero que se establece es que las FARC deben abandonar las armas.

Otro punto relevante tiene que ver con la fórmula para garantizar la seguridad de los combatientes. Colombia ya ha tenido experiencia en eso con el M-19 y la Unión Patriótica, que sufrió la pérdida de más de 3.000 dirigentes en menos de un año cuando se incorporó de lleno en la vida política colombiana. Eso las FARC lo saben y habrá que buscar la manera de garantizar la seguridad de los 15.000 o 20.000 combatientes de la guerrilla.

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¿Cree que el pacto definitivo llegará el 23 de marzo, tal y como está previsto?

La esperanza es que se cumpla, por el bien de la sociedad colombiana. La disposición y la voluntad de ambas partes está pero hay detalles, como los que hemos conversado, que pueden marcar diferencias. La cuestión fundamental es cómo se puede generar confianza después de más de 50 años de conflicto. Los meses que vendrán después del 23 de marzo serán claves en el abandono de las armas, en la incorporación de la guerrilla como movimiento legal, etc.

Hay otro tema relevante que tiene que ver con que no se ha dado solución a los problemas que provocaron el nacimiento de los grupos guerrilleros. Se ha discutido sobre la cuestión agraria, pero aún están pendientes aspectos como el reparto de la tierra; la participación comunal o el acceso a semillas, financiamiento y terrenos ocupados por terratenientes protegidos, a su vez, por los paramilitares.

Meritxell Freixas