Mario Acuña, el vecino de Buin al que carabineros dejó con muerte cerebral tras una golpiza

Mario Acuña Martínez, de 42 años, se encontraba viendo cómo una fogata era alimentada por niños, jóvenes y adultos el pasado 23 de octubre en la esquina de Bajos de Matte con Los Olmos, en la comuna de Buin. “Él fue a mirar, pero no estaba haciendo nada”, dice su vecina y testigo de lo que ocurriría, Lorena Pereira, quien se encontraba con sus hijos en el lugar.

Había toque de queda. Según relata Clara Reyes, madrina de Mario, llegó un automóvil de Carabineros con las balizas apagadas. “Se bajan cinco y comienzan a disparar al tiro”, relata, aludiendo al uso de perdigones. Todos quienes estaban en el lugar corrieron a la casa de la tía de Mario que vive justo en la esquina. Una vez dentro, se acordaron de él. Fue en ese momento cuando, como recuerda Lorena, lo vieron ensangrentado en el suelo.

Lo dejaron tirado ahí, se levantó y se fue caminando a la casa de su tía, donde estaban todos sus demás vecinos que participaban de la fogata. Tenía la chaqueta y la polera ensangrentada. Le contó a su tía que le habían pegado. “Me patearon con los bototos entre tres pacos”, alcanzó a decir. Aún estaba consciente.

Al verlo entrar ensangrentado, su tía y vecinas pensaron que se trataba de perdigones, pero no; habían sido los reiterados golpes en la cabeza que recibió por parte de los carabineros los que lo dejaron así. Al observarlo conciente, no lo llevaron al hospital, le detuvieron la sangre. Tampoco llamaron a la ambulancia, por miedo, “porque estaban los carabineros aún en la esquina, y pensamos que le podían hacer algo”, explica Lorena.

Mario manifestó querer acostarse. Dijo que tenía un cototo en la cabeza que le dolía mucho. No pensaron que sería más grave. Al día siguiente fueron las mismas vecinas a dejarle diclofenaco en crema, cuando las personas que viven con él -su tío y su primo- les dijeron que estaba convulsionando y botando espuma por la boca, orinándose.

Llamaron a la ambulancia a eso de las 13:00 horas. Sacaron a Mario de la casa y lo revisaron los paramédicos, quienes dijeron que estaba muy grave y que tenían que llevárselo al Hospital Barros Luco. Fue ahí donde recibieron la noticia de que estaba en estado de coma y que tenía muerte cerebral. El pronóstico hasta hace dos semanas era que Mario no volverá a abrir los ojos ni a hablar. Quedó en estado vegetal. “Está muerto en vida”, declara su vecina Lorena. Dos meses después, Mario fue intervenido el martes pasado y abrió un ojo.

“HOMICIDIO FRUSTRADO”

Mario es alcohólico, pero sin problemas cognitivos. De una familia de escasos recursos, vive en una casa que no tiene luz ni agua. No trabaja de forma apatronada, hace “pololos” a su tía y a las vecinas del lugar. En las condiciones en que quedó, su familia no puede hacerse cargo económicamente de él, tampoco creen tener los conocimientos necesarios para hacerlo.

Hasta ahora, Mario Acuña no ha salido del hospital. Le hicieron una traqueotomía para poder alimentarlo. Tiene una bacteria en los riñones que lo hace subir y bajar la temperatura. Aún cuando le den en alta, no podrían tenerlo en la casa, ya que se necesita un ambiente adecuado para aquello, con una persona preparada para sus cuidados.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el delito de homicidio frustrado en contra de los carabineros que estuvieron involucrados esa noche. La familia presentó otra acción legal bajo la misma figura. La Fiscalía de San Bernardo estableció un recurso de protección para la familia de Mario y los vecinos que lo ayudaron, debido a que fueron hostigados por policías de civil los días siguientes al hecho. “Vinieron a la casa de Mario y a la de su tía preguntando por él, que qué le había pasado, que había sido una riña decían”, relata Lorena. “Estuvieron viniendo como cuatro días seguidos. Uno de esos días, justo estaba una funcionaria del INDH acá y habló con los detectives, le mostraron la tifa y se fueron”, apunta.

Su familia está tramitando ayuda con la Municipalidad de Buin, quienes se harán responsables los primeros seis meses. Los siguientes seis será la Gobernación, mientras se tramitan las querellas para que el Estado asuma su responsabilidad.