Minera de Codelco puede ser absorbida por SQM en explotación conjunta del Salar de Atacama

La advertencia fue dada este lunes en la Comisión Investigadora de la Cámara que fiscaliza el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del acuífero atacameño hasta 2060. “Lo que va a ocurrir es una absorción. Tarar SPA, que es Codelco, va a ser absorbida por SQM Salar”- manifestó el abogado Mauricio Daza, quien además dijo que “puede venir un gobierno y le vende una acción a SQM y se acabó el control mayoritario del Estado”.

Minera de Codelco puede ser absorbida por SQM en explotación conjunta del Salar de Atacama

Autor: Mauricio Becerra

La absorción de la minera Tarar SPA por parte de SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, es una de las advertencias entregadas ayer por el abogado Mauricio Daza en su presentación ante la segunda sesión de la Comisión Investigadora sobre los negocios de Codelco con SQM y en el Salar de Maricunga establecida en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Lo que va a ocurrir es una absorción. Lo que va a ocurrir es que Tarar SPA, que es Codelco, va a ser absorbida por una empresa vigente, que es SQM Salar”- manifestó el abogado a partir del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024 entre ambas empresas.

El abogado penalista concurrió a la cita en calidad de representante de familias lickanantay del Valle de Paipote, que tienen un litigio pendiente con Codelco en relación a la explotación del Salar de Maricunga, y como ex querellante en connotados casos de corrupción política. Para la operaciones en el salar al interior de Copiapó, la cuprífera creó la filial Salares de Chile SpA.

Minera Tarar SPA es la filial creada por Codelco en mayo de 2023 para gestionar la explotación del litio en el Salar de Atacama, la que de concretarse el polémico acuerdo con SQM mantendría en el negocio del litio y el potasio a la empresa ligada a la familia Pinochet.

Daza también señaló que SQM Salar no se va a mantener como Sociedad Anónima, sino que se va a transformar en una sociedad por acciones (SPA). “En todo este juego ¿por qué se transforma a SQM de sociedad anónima a SPA, una sociedad por acción?”- preguntó ante los diputados presentes en la comisión.

“Esto baja el estándar de fiscalización y control de la empresa. El marco de la Ley de Sociedades Anónimas es indisponible. Cualquier cosa que pacte en sociedad anónima y que va en contra de su gestión, prima la ley. Esto no se establece en las sociedades por acciones. En una SPA puedo establecer un régimen distinto respecto de las sociedades anónimas»- sostuvo el abogado.

El contrato vigente entre Corfo y SQM, firmado en 2018, estableció un arriendo para la explotación de las 16 mil hectáreas del Salar de Atacama hasta el año 2030, a cambio de una cuota para el fisco que ronda el 40% de las ganancias. A partir de esa fecha, SQM está obligada a devolver las pertenencias mineras en arrendamiento y la infraestructura industrial instalada.

En dicho contrato se establece que SQM deberá transferir a Corfo a título gratuito la totalidad de las servidumbres y los permisos ambientales asociados, además que deberá poner a disposición de Corfo todos los activos presentes en el Salar de Atacama.

Sin embargo, con el acuerdo entre Codelco y SQM, se prolonga la participación de la compañía de Julio Ponce Lerou hasta el año 2060, a un costo de “cero pesos”, según reconoció el propio Ramos ante una junta extraordinaria de accionistas de SQM.

La Comisión Investigadora fue votada por la sala de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, a solicitud del mismo diputado Cristián Tapia (PPD-independientes), contando con la aprobación de 72 diputados, 2 abstenciones y ninguno en contra. Varios parlamentarios oficialistas respaldaron constituir la comisión.

En la sesión anterior de la comisión fue invitado el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien debió responder varias dudas sobre el acuerdo con SQM para explotar en conjunto el Salar de Atacama y la polémica compra de un proyecto minero sin obra alguna en el Salar de Maricunga.

La gestión de Pacheco en Codelco se ha enfocado en abrir la cuprífera estatal a mineras bajo la etiqueta de ‘complementariedad público-privada’. Así desde el 2023 empuja el acuerdo que beneficia a SQM en el Salar de Atacama y, recientemente, anunció la integración de los yacimientos de Codelco Andina con Los Bronces, de Anglo American.

También estaban invitados para la sesión de este lunes, Eduardo Bitrán, director de Codelco, quien excusó su participación y José Miguel Benavente, vice-presidente ejecutivo de Corfo, quien dijo estar citado al Comité de Ministros de litio a la misma hora.

LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE CHILE

Uno de los principales argumentos de quienes defienden el acuerdo es que permitiría la participación del Estado de Chile de manera predominante en el negocio del litio. Según dicha tesis, esto es posible porque en la sociedad entre Minera Tarar de Codelco y SQM, mantiene predominancia accionaria la estatal con el 50% + 1 acción.

Según Daza esto no es así. Advierte que “no se garantiza que el Estado pueda mantenerse hasta el 2060 en una posición mayoritaria. Hasta 2033 no pueden cambiar de socio, pero desde enero de 2034, Codelco o SQM podrán enajenar sus acciones sin necesidad de mutuo acuerdo”. De esta forma “puede venir un gobierno y le vende una acción a SQM y se acabó el control mayoritario del Estado”.

Otro ámbito que también despierta sospechas para el abogado penalista es falta de transparencia con que se ha llevado el acuerdo, cuya versión publicada por Codelco exhibe partes tachadas. De igual modo, Daza advierte que el contrato conlleva una cláusula lesiva para el interés público, según la cual en caso de que un miembro del directorio o directivo de la asociación en conjunto sea requerido de información de parte de una autoridad gubernamental, éste esta obligado a avisar a sociedad y “se procederá a revelar sólo aquella parte de la información que es estrictamente necesaria”.

DECISIÓN DE NO LICITAR

El abogado Daza también hizo en la presentación una secuencia de los hechos que dieron cuenta de la decisión de no llamar a licitación para la explotación del Salar de Atacama. Dio cuenta de que la idea habría partido en una carta de Corfo a Codelco, fechada el 22 de mayo de 2023, en la que se encargó iniciar el proceso de negociación con SQM o con terceros para conformar una ‘alianza publico privada’. En dicha misiva, Corfo se comprometió a un nuevo contrato de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama.

En otra carta, fechada el 26 de mayo de 2023, se dio el anuncio del inicio de las negociaciones directas entre Codelco y SQM. “En un par de días se tomo la decisión de no licitar y hacer negociación directa sobre una de las pertenencias mineras más valiosas que tiene el Estado de Chile”- comentó Daza.

A la comisión investigadora se suman otros seis problemas aún no resueltos que amenazan seriamente la concreción del negocio para la familia Pinochet. El más latente como omitido por los medios masivos es la fractura del núcleo del Salar de Atacama, advertido por investigadores, las comunidades lickanantay próximas al salar y la misma minera Albemarle. Al mismo tiempo, las organizaciones indígenas están exigiendo más participación en el proyecto.

En mayo de 2024, la minera norteamericana Albemarle, que también explota el Salar de Atacama, solicitó a la institucionalidad ambiental revisar los estudios de impacto ambiental otorgados tanto a sus operaciones como a SQM, luego de constatar un importante descenso de agua en los pozos al interior del Salar de Atacama. En el acuífero atacameño extraen litio y otras sales minerales, SQM y Albemarle, con permisos de explotación que vencen en 2060 y 2043, respectivamente.

Según reportó El Ciudadano, los lugareños de la zona creen que se llegó a romper la cuña salina, capa que separa la salmuera y el agua dulce, proveniente de los ríos y esteros cordilleranos que desembocan en el acuífero atacameño. La mayor densidad de la salmuera provoca que se desplace hacia el fondo de la cuenca, en tanto el agua dulce asciende, conformando así pequeñas lagunas y canales en los contornos del salar.

El acuerdo también genera resistencias en los socios mayoritarios de Ponce Lerou en la propiedad de SQM, los representantes de la minera china Tianqi Lithium Corp, quienes en 2018 entraron como segundo principal accionista con un 22% de participación en la empresa de litio.

Los chinos exigen que la alianza con Codelco debe ser visado por la junta de accionistas en pleno. Como SQM se ha negado, manteniendo el poder de decisión en el directorio que controla, los inversionistas chinos recurrieron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la que en más de una oportunidad desestimó la petición.

EL POTASIO Y LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Otros flancos abiertos son una investigación en curso solicitada por gremios de agricultores ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tras conocerse un virtual monopolio del potasio practicado por SQM.

Esto se expresa en la obligación a Codelco, establecida en el punto 2.15 del acuerdo, de vender la totalidad de los productos de potasio a SQM. El apartado establece que “la parte SQM podrá comprar el cien por ciento (100%) de los Productos de Potasio que produzca la Sociedad Conjunta”.

En la práctica este punto dejaría a SQM en una posición monopólica respecto de la producción de potasio en Chile.

Durante el año 2023 los fertilizantes representaron el 12% de las ventas de SQM, equivalentes a US$ 900 millones. En tanto, en el primer trimestre de 2024, las ventas de fertilizantes representaron el 33% de su utilidad bruta.

El 22 de octubre reciente el gremio de agricultores y Cosayach solicitaron ante la FNE que investigara el mercado de potasio en Chile. La petición fue motivada tras conocerse un estudio encargado por la Compañía de Salitre y Yodo (Cosayach), que dio cuenta de que en Chile se paga un precio mayor al precio de exportación del potasio, usado como fertilizante agrícola. Los productores de cloruro de potasio chileno exportan a 353 dólares la tonelada de potasio, en tanto que el precio pagado por importación es de US$ 610 por ton. Esto estaría produciendo pérdidas de unos 30 millones de dólares anuales a los agricultores, según calculó el estudio.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano


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