La Fiscalía Metropolitana Oriente se encuentra investigando conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, quien estuvo a cargo del caso Penta a partir de 2015.
Según relató el exfiscal nacional Sabas Chahuán, Hermosilla primero intentó contactarse con él para obtener información sobre la indagatoria, ya que ésta involucraba a prominentes figuras de la UDI.
Sin embargo, la preocupación principal de Hermosilla tenía que ver con eventuales citaciones a Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. En ese entonces, el abogado no representaba legalmente a ninguno de los dos.
«Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick», contó el exfiscal nacional.
Luego de conversar con Chahuán, Hermosilla probó suerte con Manuel Guerra, entonces jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Los mensajes que intercambiaron ambos abogados están siendo analizados por el Ministerio Público debido a posibles acciones ilícitas en el traspaso de información.
Según reveló Ciper, en dichos mensajes Hermosilla y Guerra hablan sobre contactar a Andrés Chadwick para darle «una salida» al caso Penta.
Ministro de Justicia habla de «conversaciones impropias»
El ministro de Justicia, Luis Cordero, fue consultado este lunes respecto a los nuevos antecedentes sobre el caso Penta, a lo que respondió que efectivamente existieron «comunicaciones impropias entre personas que ejercen la profesión legal y quienes están a cargo de la indagación criminal».
«Esas comunicaciones impropias no sólo están vinculadas a la nota que se hace referencia (Manuel Guerra), sino que también al caso del fiscal Palma», agregó el secretario de Estado.
En esa línea, Cordero aseguró que los mensajes «dan cuenta de vínculos y relaciones (…) especialmente sensibles respecto de comunicaciones que pudieron haber estado sometidas a reserva».
«Lo complejo no es sólo el impacto para la política, sino para quienes administran y participan del sistema de justicia que debe actuar de forma imparcial y objetivo. Esa es la gravedad de este caso», finalizó Cordero.
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