Kara Castillo
Madres de víctimas de feminicidio, de abuso sexual, de mujeres o niñas desaparecidas, marcharon en un contingente -que organizadoras de las cuatro marchas estimaron en más de mil mujeres- que se movilizó para denunciar la indolencia y omisión del Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
Hubo pronunciamientos en demanda también de derechos políticos y electorales de las mujeres y a decidir en sus cuerpos y exigieron la aprobación de la interrupción legal del embarazo.
La primera marcha registrada estuvo encabezada por María Luisa Núñez, directora de la organización Voces de los Desaparecidos, quien marchó frente a un contingente de madres, tías, hermanas, hijas que con las fotografías de sus desaparecidos denunciaron la inacción de autoridades en la búsqueda de personas a pesar de que crece el crimen organizado.
“¡La tira no me cuida, me cuida mi familia!” fue el grito ensordecedor que retumbó en las calles poblanas. “En cinco años, en Puebla, se han localizado muertas al 21 por ciento de las mujeres desaparecidas”, reclamó Núñez, para luego calificar la desaparición de personas como “la verdadera pandemia”.
Denunció que el Congreso de Puebla tiene en la “congeladora” la aprobación de la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada, por lo que exigió que se agilice su aprobación para poder definir distintos conceptos, pero principalmente se necesitan tiempos y protocolos de búsqueda, y enmarcar la responsabilidad de funcionarios para los que habría acción penal.
En la sede de la Comisión de Búsqueda de Personas, mujeres calificaron al órgano de “un adorno” pues no ha sido capaz de estar a la estatura del fenómeno en Puebla ni dar resultado a familiares de las víctimas de desaparición.
Marchas por la tarde, la ruta de la denuncia
Un contingente convocado por el Frente Radical Feminista salió de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar al zócalo de la ciudad. Mientras otro, formado por la Coordinadora Feminista, colectivas como Coatlicue Siempre Viva, Asamblea de Mujeres Universitarias BUAP, Colectiva trans-versales entre otras más marcharon desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Centro Histórico y terminaría en la FGE tras una manta verde con la leyenda: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.
Participantes de la marcha radical fuera de la sede del Congreso, pegaron en la entrada los nombres de víctimas de feminicidio y pintaron manos rojas simulando sangre; armaron una fogata en la puerta del edificio.
Desde adentro, los guardias del Congreso usaron extintores para apagar las llamas, pero el gas también alcanzó a las manifestantes que aseguran que también lanzaron gas lacrimógeno.
Tras momentos de caos, algunas personas no identificadas rompieron los vidrios de los inmuebles del Congreso, de la sede estatal del PRI y de la Notaría 17. También prendieron fuego a la puerta del Congreso y a una de las cortinas del edificio contiguo.
La marcha se movió hacia el Zócalo, en su paso por La Catedral, se enfrentaron con un grupo de personas religiosas y “Provida” con las que hubo un cruce de consignas.
En el pronunciamiento leído frente a la Fiscalía, las colectivas aclararon que la marcha fue organizada por la articulación de organizaciones que se conformó desde diciembre del año pasado durante la toma del Congreso del Estado y que llaman “Coordinadora Feminista de Puebla”.
La secretaria de Gobernación, Lucía Hill Mayoral, dijo que el gobierno estatal procederá contra los responsables de los daños causados en edificios históricos, en equipamiento urbano y en propiedad privada durante la marcha del 8M en esta ciudad.
Catalina Pérez Osorio, titular de la secretaría de Gobernación Municipal (Segom), en su cuenta de Twitter criticó las declaraciones de Ana Lucía Hill, y dijo que el querer responsabilizar al Ayuntamiento de Puebla por los incidentes registrados el día de hoy es no asumir la responsabilidad del gobierno del estado ante el alto número de feminicidios, razón por la que en la entidad hay Alerta de Género desde hace más de un año.
También reprochó al gobierno de Barbosa por criminalizar la protesta de las mujeres que surge por la falta de justicia y seguridad para este sector, y recordó que ese no es uno de los principios de la 4T, pues la apertura del gobernador Miguel Barbosa para escuchar las exigencias de las mujeres debería ser una constante.