Oficial, la capital podrá contratar deuda hasta por 162 mdp

Por Alexis Lira Reyes

Este lunes se emitió el decreto por el cual cada uno de los 217 municipios de Puebla podrá contratar deuda en cualquier institución financiera, la cual debe ser pagada antes del 14 de octubre de 2024; Puebla capital es la demarcación que tendrá el financiamiento más alto con más de 162 millones de pesos (mdp). 

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), los ayuntamientos podrán comprometer hasta el 25 por ciento de lo otorgado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), financiamiento otorgado por la Federación y determinado en el Presupuesto de Egresos.

Cada municipio tendrá un financiamiento diferente que se definió de acuerdo a las capacidades financieras, en este tenor, Puebla capital podrá contar con el tope más alto con 162 millones 032 mil 665 pesos, en segundo lugar se encuentra Ajalpan, con 84 millones 132 mil 110; Tehuacán, en tercer lugar con 66 millones 561 mil 231; Cuetzalan, en cuarto con 65 millones 926 mil 860; y en quinto, Vicente Guerrero, con 52 millones 155 mil 103 pesos.

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Los municipios con el límite más bajo son San Matías Totoltepec, con 642 mil 813 pesos; Atzala, con un millón 40 mil 243; y Axutla, con un millón 238 mil 429 pesos.

La deuda total que fue aprobada por el Congreso local el mes pasado, corresponde a más de 3 mil 235.3 millones de pesos.

Recurso, exclusivamente para obras sociales

Se detalló que podrán elegir la institución financiera que mejor les convenga en función a los plazos de financiamiento, plazos, términos y condiciones. Los montos señalados no comprenden los intereses y comisiones con los bancos.

Cada municipio podrá contratar el recurso en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, pero deberá ser pagado antes de que la administración concluya. El recurso que se solicité deberá ser aprobado por las dos terceras partes del gabinete municipal.

El recurso solicitado deberá destinarse exclusivamente para financiar inversiones públicas productivas, consistentes en obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema.

Así como en las zonas de atención prioritaria, en particular en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.

Los ayuntamientos deberán de gestionar las negociaciones y solicitudes por su cuenta ante las entidades públicas y privadas. El decreto entró en vigor el día 1 de enero de 2022.

Foto principal: Agencia Enfoque

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