Oro y poder: El nexo entre la mina de Colliguay y funcionarios de Sernageomin

El Ciudadano detectó que la autorización de una planta cuestionada por la comunidad estuvo influenciada por la esposa del profesional que elaboró el proyecto original para la misma minera.

Por Matías Rojas M.

Equipo de Investigación El Ciudadano

Gran preocupación de vecinos y parlamentarios por eventuales efectos dañinos sobre el aire, el agua y la agricultura ha generado el desarrollo de un proyecto de explotación de oro en las tierras altas y prístinas de Colliguay. El rostro visible de la faena, que involucra el trabajo de metales con cianuro, es la Sociedad Minera Carmelita.

La empresa mantiene ocupación de un sector de montaña conocido como El Molino y optó por dividirse en dos unidades separadas para solicitar sus permisos: la industria propia de extracción, denominada “Mina Colliguay 1-20” y que fue aprobada por el Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) en febrero de 2024, y una planta de lixiviados que obtuvo resolución favorable del organismo gubernamental a mediados del año pasado.

Actualmente, la actividad está paralizada por un decreto de la Dirección de Obras Municipales de Quilpué que aduce inexistencia de autorizaciones de índole constructivo para levantar un campamento y edificar bodegas en altura. El documento, emitido el 31 de enero de 2025, subraya que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha constatado la «afectación de la formación xerofítica regulada en la Ley de Bosque Nativo, en especies tales como corontilo, huañil, pichiromero, puya y litre”.

El Ciudadano investigó las denuncias contra la mina y descubrió que la cónyuge del profesional que diseñó el proyecto de explotación de oro tuvo injerencia directa en la aprobación de su planta de tratamiento. De hecho, ambos ingenieros trabajan hoy para Sernageomin, organismo que debe fiscalizar cumplimientos normativos.

AUTORIZACIÓN A MEDIAS

“Colliguay es un valle que vive de la silvoagricultura, especialmente de la miel y del turismo rural. Lo que quieren hacer es una torre de 10 metros de alto con contaminación, porque tienen que colocar cianuro para sacar el oro. Nunca antes se había metido este veneno acá y nunca en una producción tan grande”, reflexiona Irma Bravo, vocera de la Agrupación “Colliguay sin Mineras”.

El movimiento comenzó a tomar fuerza hace tres meses, cuando la comunidad tuvo acceso a las resoluciones emitidas por Sernageomin. Tras leer y estudiar los documentos, hubo un párrafo que generó atención inmediata: según lo declarado, la producción de la mina no superaría las 5.000 toneladas al mes, situándose por debajo del límite que le haría exigible entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En conversación con El Ciudadano, Bravo reafirma que esta descripción de pequeña minería le permitió a Carmelita evitar un proceso de observaciones más robusto desde el Estado y pronunciamientos de entidades relevantes como la Dirección General de Aguas, CONAF y la Seremi de Salud.

“En tres años van a extraer 72.000 toneladas de mineral a rajo abierto, como un Chuquicamata, pero pequeñito, con escalones, con cinco terrazas. Esto ya es muy preocupante, porque está en la punta de uno de los cerros altos del sector Los Yuyos de Colliguay. La planta de lixiviados queda en un terreno muy sedimentado, que tiene mucho movimiento y derrumbes”, afirma.

El primer acercamiento formal con servicios públicos que no habían sido consultados sobre la mina se produjo el 13 de enero, a través de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí, el seremi del ramo, Sergio Salvador, comprometió su apoyo a la revisión del caso, indicando la necesidad de avanzar en “sustentabilidad y ordenanza territorial”, mientras que el titular subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Luis Celedón, planteó inquietudes sobre posibles perjuicios contra la apicultura. En la sesión, las autoridades confirmaron que no habían recibido antecedentes sobre el yacimiento.

«Un gran porcentaje de esta miel (de Colliguay) se exporta a mercados bastante exigentes. Uno de ellos es Alemania, y lo que piden estos países de destino sobre la miel que se exporta es justamente que no vaya con trazas de productos químicos”, observó Celedón.

En su exposición, el representante del SAG aclaró además que la Sociedad Minera Carmelita no había solicitado ningún informe favorable de construcción (IFC) – trámite conocido antiguamente como “cambio de uso de suelo”- para modificar la calidad del terreno que piensa destinar a su industria extractiva, un requisito indispensable para acceder a la recepción municipal de obras bajo el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Pese a lo anterior, la empresa comenzó sus trabajos sin siquiera dar aviso a Sernageomin. Así quedó reflejado en una visita realizada por dicho servicio el 24 de noviembre de 2024 con motivo de una alerta enviada por la Dirección Ambiental y de Sostenibilidad de la Municipalidad de Quilpué bajo la administración de la alcaldesa Valeria Melipillán.

Según consta en el acta de la visita -a la que accedió El Ciudadano-, el funcionario municipal de Medio Ambiente, Diego Peñaloza, el coordinador de Fiscalización de la Dirección Regional Zona Centro de Sernageomin, Erik Donoso, y una funcionaria de dicho departamento, Carolina Araya, observaron que la minera no había informado su inicio de actividades, pese a estar en construcción activa.

Los dueños, junto con carecer de un profesional de prevención de riesgos, pretiles de seguridad en rutas interiores y humectación de las mismas, tampoco habían reportado su estadística de accidentes, producción y mano de obra. La decisión de Sernageomin fue otorgar un plazo de cinco días para aplicar “medidas correctivas”.

En opinión de Carolina Marzán, diputada del Distrito N° 6 Quinta Cordillera, el caso de Carmelita demuestra que “existe un evidente choque legislativo entre la Ley 19.300 que regula la protección de nuestro medioambiente, y el Código Minero, que fomenta la explotación minera sin las exigencias de garantizar la protección del ambiente, ni tampoco la mitigación por el impacto y deterioro que estas actividades generan”.

La integrante de la comisión de Agricultura precisó que si bien “estamos a favor del crecimiento económico del país, soy tajante en manifestar que no a cualquier costo”.

“Me parece incomprensible y falto de transparencia y claridad el actuar de Sernageomin al otorgar este permiso, sin que la comunidad se enterara, salvo cuando comenzó un tránsito inusual y permanente de camiones de alto tonelaje que tampoco deberían tener autorización por esta misma razón, y donde la empresa se desliga de responsabilidad argumentando que entregó a una empresa externa el traslado de maquinaria pesada”, señaló ante las consultas de El Ciudadano.

Marzán recalcó que “Colliguay es parte de la Reserva Mundial La Campana-Peñuelas y de la zona de transición de la Reserva de la Biósfera de Quilpué, lugar de flora y fauna endémica que el Estado debe proteger. También existe un decreto de protección del río Puangue, que desde Colliguay cruza María Pinto, Curacaví y Melipilla. Por lo tanto, la contaminación a la que queda expuesta el río afectaría no solo al Valle de Colliguay, sino a una gran cantidad de localidades”.

PUERTA GIRATORIA

Rodrigo Herrera Estrella es el ingeniero civil en minas que elaboró el proyecto de explotación simplificado de la «Mina Colliguay 1-20» para la Sociedad Minera Carmelita. Lo hizo a través de su empresa Andacollo Proyectos Mineros. El documento fue presentado a revisión de Sernageomin Zona Centro en agosto de 2023, cuando Herrera desempeñaba funciones como “ingeniero de proyectos” de la Seremi de Minería de Valparaíso, cargo al que ingresó en marzo de ese mismo año, según consta en su perfil público de LinkedIn.

“El proyecto minero Mina Colliguay 1-20 está ubicado dentro de un predio privado, sin acceso a personal externo a la faena, y no está ubicado cerca de zonas de interés turístico”, refiere el texto. Otro acápite manifiesta que por tener una magnitud “de 2.000 toneladas mensuales, no amerita su ingreso al SEIA”, descartando la generación de “material estéril”, ya que “la presencia de oro económicamente explotable se encuentra desde la superficie del yacimiento”.

El 12 de septiembre de 2023, el director regional Zona Centro de Sernageomin, Christian Orellana Díaz, pidió subsanar observaciones, las cuales fueron respondidas por la minera en un solo día. Hasta ese momento, la Sociedad Carmelita había declarado que el material extraído sería vendido a la Minera Pulllalli, ubicada en La Ligua. Sin embargo, echando por tierra este primer enunciado, la empresa ingresó con fecha 25 de septiembre de 2023 un proyecto de tratamiento de minerales para que el oro fuera procesado por ellos mismos en una planta contigua a su faena.

Según personas conocedoras del área minera -que hablaron con El Ciudadano-, la contradictoria mención a Pullalli y su omisión por Sernageomin reflejaría un actuar al menos cuestionable de la entidad técnica al momento de autorizar ambos proyectos a través de las resoluciones exentas N°s 61 y 182, emitidas el 27 de febrero de 2024 y el 14 de mayo de 2024, respectivamente. Pero hay más: el peso del mineral declarado en la segunda resolución, destinado a ser acumulado en las pilas de la planta de tratamiento de Colliguay, podría superar el cálculo de las 72 mil toneladas de extracción totales que Carmelita anuncia.

Un tercer cuestionamiento se vincula con la persona que intervino para revisar y autorizar la cancha de tratamiento, ya que la resolución exenta N° 182 de Sernageomin lleva las iniciales de la funcionaria Camila Parra Vásquez. Parra es cónyuge del ingeniero Rodrigo Herrera, el mismo profesional que prestó servicios a Carmelita para sacar adelante su plan de explotación de oro a través de la consultora Andacollo.

El portal de Transparencia Activa refleja que Parra ha desempeñado el cargo de revisora de proyectos regionales y evaluadora de pequeños proyectos de Sernageomin, con jurisdicción en la Región de Valparaíso desde octubre de 2012. Las mismas funciones tomó Herrera a partir de diciembre de 2023, cuando se incorporó a Sernageomin tras pasar brevemente por la Seremi de Minería porteña.

Cabe observar que ambos funcionarios son mencionados en un documento emitido por la Dirección Nacional de Sernageomin como sujetos pasivos de la Ley de Lobby. La resolución exenta N° 1876, suscrita el 24 de septiembre de 2024 por el director Patricio Aguilera Poblete, alude a la responsabilidad del cargo que ostentan y a la necesidad de registrar sus reuniones con empresas privadas que tengan la intención de incidir sobre las decisiones del servicio.

CONEXIONES EMPRESARIALES

Colliguay ha despertado el interés privado de explotación de minerales desde hace muchos años. En diciembre de 2012, una nota del portal “Minería Chile” informaba la adquisición por Buenavista Capital, representada por Marcial Marambio Carmona, del 51% de la Compañía Minera Colliguay SpA, declarando que los recursos minerales se encontraban “ubicados en un reconocido distrito minero aurífero que alimentó a los históricos lavaderos de oro del Marga-Marga durante la Colonia”.

A partir de entonces, la otra mitad de la compañía quedó en manos de un grupo liderado por el ingeniero Rony Obach González, hermano de Juan Obach, antiguo socio del exsenador de la UDI Marcos Cariola en el holding Pathfinder; y tío de Juan José Obach Granifo, director del thinktank “Horizontal” -vinculado a Evópoli- que desempeñó funciones en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía y como Coordinador de Mejoramiento del Gasto Público de Hacienda bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

«Los problemas (para la inversión) son bien variados. Uno efectivamente es la cantidad de instituciones y la cantidad de regulaciones a las que se someten los proyectos de inversión. Hemos identificado alrededor de 20 servicios que emiten permisos. Los proyectos mineros generalmente tienen que tramitar 1.500 trámites, muchos de éstos en papel», declararía Obach Granifo en una entrevista realizada en abril de 2018 para el espacio “Reporte Minero”.

El nombre de Rony Obach también se vincula con la concesión de las pertenencias mineras “Colliguay 1 a 20” que amparan la actividad de explotación de oro impulsada por Minera Carmelita en la actualidad. Según consta en un contrato celebrado el 13 de julio de 2023 ante la notaria Daniela Munizaga con asiento en Curacaví, Carmelita le arrendó la propiedad del metal por cinco años renovables, fijando una renta ascendente al 17% del “precio de venta neto del mineral extraído de las pertenencias mineras”, dividiéndose las ganancias entre Obach González (8,5%) y María Eugenia Ibarra Gálvez (8,5%).

La Sociedad Minera Carmelita de Colliguay fue creada solo días antes del arriendo: el 8 de julio de 2023. En el acta de constitución aparecen como socios de la minera los nombres de Juan José Ruiz González, exgerente de la División de Personas de Banco Estado AGF; José Alejandro Cerda Saldías, dueño de una empresa de reparación de maquinarias, y Carlos Álvarez Araya, propietario de Minera Álvarez II y Minera Roal, firma que constituyó junto al exsuperintendente de Bomberos de Pencahue, Gonzalo Rojas Oróstica, un proveedor habitual de CONAF en el portal de Mercado Público.

Álvarez tiene entre sus registros el haber formado parte de la desaparecida Compañía Minera Curacaví, cuyo proyecto “Lo Águila II” fue declarado en abandono y riesgoso para el medio ambiente, según describe un documento de Sernageomin de fecha 13 de enero de 2011 que, como denunció un reportaje de Ciper, estuvo “retenido” largo tiempo en el despacho del entonces subsecretario Pablo Wagner, sin ser compartido con la comisión del Congreso que indagaba los depósitos de relaves mineros en aquel momento.

La última decisión adoptada por la Sociedad Minera Carmelita para responder las acusaciones por eventuales daños ambientales en Colliguay fue contratar al abogado Christian Espejo Muñoz, reconocido jurista de la UDI. El profesional tomó el patrocinio de la empresa en el marco de un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Quilpué y tres vecinos que piden frenar la intervención de la mina, exigiendo el ingreso de los proyectos al sistema de evaluación ambiental.

Por Matías Rojas M.

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