La mañana de este martes el presidente Piñera, a través de un acto oficial en la comuna de Lo Barnechea, anunció el programa “Compromiso Vivienda”, que según sus palabras buscar dar solución habitacional a 50 mil familias del país, en un principio, pero con una proyección de llegar a 100 mil.
El programa, enunciado con múltiples adjetivos positivos por parte del presidente, vino acompañado con una mención del Ejecutivo que le daba urgencia al proyecto de ley de integración social y urbana. Este último ha sido objeto de importantes cuestionamientos por parte de la oposición y la ciudadanía, quienes ponen en tela de juicio la verdadera «integración» que podría lograr el proyecto, frente al cuantioso negocio que podría significar para las inmobiliarias y las pocas certezas en cuanto a protección del patrimonio de los barrios.
Sin embargo, el presidente Piñera haciendo caso omiso a estas preocupaciones defendió el proyecto, justificando que este permitiría «un rol mucho más activo del ministerio de Vivienda y Urbanismo, y también de los comités de vivienda en la adquisición y gestión de los terrenos de forma tal que no sea cualquier terreno».
Pese a esto, el proyecto es rebautizado desde distintos sectores políticos y ciudadanos como «ley pro inmobiliarias», debido a la flexibilidad normativa que acompaña el proyecto, y que eventualmente permitiría las empresas constructoras una altura mayor de pisos, mayor densidad y flexibilización de conos de sombra.
Los «polígonos de integración» que amenazan los barrios
En conversación con El Ciudadano, Rosario Carvajal, concejala de Santiago, explica lo mucho que podría afectar al patrimonio barrial el proyecto, que sobrepasaría en jerarquía a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a los mismos planes reguladores comunales.
«El nombre de la ley de integración social urbana no se condice con los contenidos de la propuesta de ley de Piñera, que en definitiva destruye los barrios, en nuestro caso las zonas patrimoniales. Esto porque este proyecto está por sobre la ley de urbanismo y construcciones, planes reguladores y zonas típicas, que es la forma legal que hemos tenido para proteger nuestros barrios. Esta ley dibuja polígonos en las comunas de acuerdo a la infraestructura urbana entregando beneficios en altura a las inmobiliarias«, señala Carvajal.
La concejala de Santiago además agrega que «bajo el titular de integración se beneficia a inmobiliarias y a las construcciones en altura. Los polígonos se ubicarán justamente donde hay infraestructura urbana como metro, o instituciones públicas, centros de salud, establecimientos educacionales, etc.»
El caso de la comuna de Santiago es sumamente ilustrativo para ejemplificar el peligro de destrucción de barrios, además de las pocas armas que existirían para oponerse a las construcciones. La comuna, que cuenta con la mayor cantidad de patrimonio protegido por ley, debido entre otras cosas a su conexión con gran cantidad de estaciones de metro, con la «ley de integración social y urbana» sería objeto de los polígonos de construcción anteriormente descritos. Un paradójico resultado.
«No queda ningún espacio, ninguna hectárea en la comuna de Santiago, sin que se pudieran dibujar estos polígonos de integración. Por lo tanto, en la comuna de Santiago todos los barrios, todos los sectores están en riesgo«, finaliza Carvajal.
Un proyecto rechazado en la Comisión de Vivienda
Otro punto importante a destacar es que este proyecto ya fue rechazado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado el pasado 25 de mayo. Este rechazo se debió, en parte, a que el proyecto considera la integración social solamente desde la arista de mover a personas con determinadas condiciones socioeconómicas a lugares de mayor plusvalía.
Un proyecto «muy acotado, donde la idea de integración social está muy en la lógica neoliberal«, según planteaba el senador que fue parte de la discusión hace poco más de seis meses, Juan Ignacio Latorre, y quien fue uno de los votos en contra en la comisión.
Ya entonces, en conversación con El Ciudadano el senador planteaba que el proyecto «quedaba corto» y estaba principalmente «vinculado a la reactivación económica. El gobierno dice que este tipo de instrumento beneficiaría la reactivación económica por todo el sector de construcción”. El senador agregó en aquella instancia, además, que esta sería una ley de amarre para el próximo gobierno. Y, que esta, correspondía a una discusión que debiera darse en el contexto de la Convención y el derecho fundamental a la vivienda.
Durante el mismo tiempo, el Colegio de Arquitectos fue enfático en decir que no estaba de acuerdo con la iniciativa de ley. El presidente del comité técnico de Hábitat y Vivienda, Marco Rodríguez, señaló en mayo recién pasado que «el proyecto no aporta mucho en el sentido de revertir la segregación social. Como colegio no estamos de acuerdo en la flexibilidad normativa que acompaña el proyecto, mucho más en favor del trabajo de las inmobiliarias que de las personas«.
Por ahora, el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Con la urgencia puesta por el Ejecutivo se pronostica que avance con rapidez, pese a que algunos sectores ya lo han catalogado como una iniciativa que enfrenta la urgencia habitacional que vive el país a costa de la conservación del patrimonio barrial.
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