La acción fue presentada el 28 de marzo ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) acusó a las empresas de vulnerar el derecho a la seguridad en el consumo al elaborar y distribuir productos fallidos, según lo consignado por La Tercera.
El contexto de esta demanda se da luego de que al menos 111 mujeres quedaran embarazadas tras ingerir píldoras defectuosas del anticonceptivo Anulette CD 1. Conadecus presentó una demanda colectiva contra los dos laboratorios que fabrican la pastilla, Silesia y Andrómaco.
«Los defectos de fabricación consistieron en groseras negligencias incurridas en el envasado de las píldoras (entre ellas, la sustitución de comprimidos activos por placebos), que generaron la interrupción del tratamiento anticonceptivo, tal como el Instituto de Salud Pública (ISP) lo estableció en la sanción aplicada a los laboratorios», detalla el escrito. La sanción del ISP obligaba a los laboratorios a pagar $66 millones, solo en concepto de multa, nada para las víctimas.
La demanda argumenta además sobre la violencia socioeconómica de esta negligencia. En ella se estipula que la mayoría de las afectadas que recibieron los anticonceptivos fue a través del Sistema de Salud Público. Además, gran parte de ellas son jóvenes estudiantes o trabajadoras de precaria situación económica y sin redes de apoyo suficientes, por lo que se pronostican cambios dramáticos en la vida de las victimas producto de estos embarazos no deseados.
«Esta demanda no sostiene en caso alguno que el futuro nacimiento de un niño o niña sea un daño indemnizable, pues la vida humana no puede ser considerada un perjuicio. Lo que se exige es la reparación de las consecuencias patrimoniales y morales derivadas de la privación del derecho de toda mujer a autodeterminarse reproductivamente, derecho que la acción negligente de los demandados les arrebató», explica la acción civil.
Por lo menos $286 millones por mujer
La Conadecus pide la indemnización de los daños debido a los gastos del embarazo y del parto. Además de los gastos de crianza, mantención y educación de los hijos. También la pérdida de ingresos debido al embarazo y al nacimiento para aquellas que trabajan. Y por último, el daño moral por el menoscabo de su integridad psíquica y de su autonomía reproductiva.
En cuanto al monto que represente aquellas compensaciones, el escrito precisa que se ordenarán peritajes, que luego deben ser calculados por el tribunal, aunque estimaciones preliminares de la corporación indican que el daño total por cada víctima se avalúa en cerca de 286 millones de pesos.
La abogada María Jimena Orrego, quien patrocina esta demanda colectiva, manifestó que «estas acciones se han planteado en único beneficio de los cientos de mujeres víctimas de estos productos defectuosos, que han sido vulneradas en su autonomía reproductiva, imponiéndoles un embarazo que no deseaban».
El Grupo Grünenthal, al que pertenecen ambas empresas, aún tiene pendiente responder a la acción judicial, la primera que se presenta de forma colectiva.
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