El gobierno de Puebla firmó un convenio de transacción y logró la reducción de 43.20 por ciento de una contraprestación mensual que se tenía con Conduent Solutions México, S. de R. L. de C. V., empresa responsable del servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Este acuerdo, se lee en el Tercer Informe de Labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, representa que al término de la concesión la administración estatal tendrá un ahorro de más de 504 millones 989 mil pesos.
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De acuerdo con el documento entregado este martes al Congreso del estado, la renegociación incrementa “la captación de ingresos en la recaudación generada por el servicio”; destacó que se eliminó el cobro en efectivo que se realizaba en las siete alimentadoras de la Línea 1 Tlaxcalancingo-Chachapa.
Desde su creación en 2012, señala el documento, se tenía un descontrol en la contabilización de los ingresos, por lo que esto facilita tener mayor certeza de la operación y un adecuado control sobre lo recaudado en cada una de las alimentadoras.
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El lunes 13 de diciembre Barbosa afirmó que se redujeron 50 por ciento las deudas adquiridas por los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad en 2012, 2015 y 2018 para la construcción de las tres líneas del metrobús, a pesar del litigio con Conduent Solutions México, S. de R. L. de C. V.
Denuncia por el robo en la Estrella de Puebla
El informe asegura que, por la desaparición y sustracción de 22 piezas de la Estrella de Puebla, el gobierno presentó una denuncia penal contra un exservidor público por el delito de robo y tras las investigaciones, el 22 de junio agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en una vivienda de Izúcar de Matamoros, donde fueron encontradas las 22 estructuras metálicas.
Dos procesos penales por Centro de convenciones
También fueron presentadas denuncias por un contrato irregular en el que el gobierno estatal estaba obligado a pagar más de 100 millones de pesos a una empresa externa por la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones. Hay dos funcionarios sujetos a procesos penales.
De CNOP a refugio
Durante los últimos 12 meses, el ejecutivo estatal emprendió acciones legales para recuperar inmuebles que fueron prestados por administraciones pasadas a organizaciones civiles; uno de ellos, ubicado en la 9 Oriente, en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, estuvo ocupado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El edificio ahora funciona como sede del Albergue Vida Digna, que brinda refugio, alimentos y ropa a adultos mayores vulnerables.
Investigadas, 21 notarías
También fueron investigadas 29 notarías públicas que operaron de manera irregular de 2011 a 2017, por lo que con la finalidad de impedir más actos de corrupción fue propuesta la Ley del Notariado Público del estado de Puebla; actualmente, 21 de las investigadas ya se encuentran regularizadas y ocho se mantienen en proceso de investigación.
Retiran 105 espectaculares
En el último año se realizaron 453 inspecciones a anuncios y estructuras publicitarias, ubicadas en las principales vialidades de la entidad, de lo que se derivan 83 estructuras clausuradas y 105 retiros por incumplir la Ley para la protección del medio ambiente natural y el desarrollo sustentable del estado de Puebla.
Por otra parte, señala el informe, las 687.42 hectáreas que comprende Flor del Bosque fueron certificadas como áreas destinadas voluntariamente a la conservación natural por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Licitaciones transparentes
Para coordinar a las instituciones públicas de todos los poderes y niveles de gobierno en el combate a la corrupción y para reforzar la transparencia, el gobernador impulsó la Política Estatal Anticorrupción (PeaPuebla), en la que se otorgaron 90.53 por ciento de las licitaciones públicas en igualdad de condiciones para todos los participantes.
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Finalmente, fueron integrados expedientes contra servidores y funcionarios públicos de administraciones pasadas por su presunta responsabilidad en desvío de recursos, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado, por una cifra de 124 millones 649 mil pesos en faltas administrativas.
De estas investigaciones, 58 ya cuentan con resolución, de las que se derivan, 20 destituciones, y 18 suspensiones.