En junio del año pasado se anunció el Acuerdo de Descarbonización de la matriz eléctrica por parte del gobierno y las cuatro empresas dueñas de carboneras. Se presentó como una iniciativa que contribuiría a bajar las emisiones de carbono generadas por la industria termoeléctrica que funciona a base de carbón. Sin embargo, este pacto esconde una letra chica que sería muy beneficiosa para los dueños de las carboneras.
La iniciativa expresada por el gobierno hace más de un año, hoy se ve enfrentada por un proyecto de ley parlamentario que toma cada vez más fuerza en el congreso. El proyecto que este lunes 3 fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, prohibiría la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón a contar de 2025, adelantando el cierre total de esta industria 15 años.
El plan original del gobierno incluye el cierre de 8 de las centrales termoeléctricas más antiguas hasta el año 2024, además del compromiso por parte de las empresas de cerrar, adicionalmente, 3 centrales más. En total 11 centrales, de las cuales durante el 2019 se cerraron 3, quedando activas un total de 25. Es decir, el plan hoy, solo contempla cerrar el 32% de la industria carbonera contaminante.
La propiedad de las carboneras activas en Chile se concentra en 4 empresas: la norteamericana AES-Gener, con 15 unidades; la francesa Engie, con 7 unidades; la italiana Enel, con 2 unidades y la chilena Colbún, perteneciente al grupo Matte, con una.
El cierre del resto de carboneras, que son 17, quedó comprometido para el año 2040, sin un cronograma específico y dejando la decisión a las futuras administraciones de gobierno
Sin embargo, un estudio realizado por KAS Ingeniería y la ONG ambiental, Chile Sustentable, en 2019, asegura que en Chile es posible cerrar todas las termoeléctricas a carbón máximo en una década, es decir al año 2030, sin afectar la calidad, ni la seguridad de los servicios eléctricos; y adicionalmente permitiendo reducir los costos de la energía y los impactos en la salud de la población y en el medio ambiente.
Estado Operativo de Reserva Estratégica: Un subsidio abusivo a carboneras que cierran.
Junto al Acuerdo de Descarbonización el Presidente Piñera se comprometió a modificar el Reglamento de Transferencia de Potencia entre Empresas Generadoras. La modificación incluiría un nuevo Estado Operativo de Reserva Estratégica (ERE). Este nuevo ERE involucraría un suculento pago a las carboneras que se acojan al cierre de sus centrales, por un periodo máximo de 5 años, prorrogables si se desea. Este pago será de un 60% de la remuneración por pago por potencia que reciben las centrales que sí están funcionando. Siendo un pago a un servicio que no se estará usando, bajo la excusa de preservar estas plantas en caso de “fallo” en el sistema eléctrico.
El 6 de julio de este año la ONG ambiental Chile Sustentable dirigió una transmisión en vivo para el lanzamiento de un video que explica los problemas diagnosticados en este “pago estatal”. En la transmisión participaron Claudia Fuentes, encargada del Proyecto Descarbonización de Chile Sustentable; Ariel Durán, concejal de Coronel y Misle Sepúlveda, encargada de Comunicaciones de Chile Sustentable.
El 27 de mayo de este año la empresa Enel anunció su decisión de adelantar el cierre de las centrales Bocamina I, al 31 de diciembre de 2020 y Bocamina II para el 31 de mayo de 2022, constituyéndose como la primera empresa comprometida a eliminar totalmente, con plazos, la generación de energía a base de carbón en Chile.
En enero de este año se presentó el borrador de la propuesta del ejecutivo (ERE), que fue sometida a consulta pública, recibiendo varias observaciones, principalmente de las distintas empresas que podrían acogerse a la medida, pero también de las ONGs ambientales Chile Sustentable y GreenPeace, quienes fueron los más críticos con las medidas que planteaba.
Sin embargo, desde distintas organizaciones ciudadanas, políticas y ambientales se ha denunciado que la consulta pública no fue conocida por toda la sociedad en general. El concejal Durán, por ejemplo, manifestó que no se informó debidamente a la población en Coronel, una de las comunas que ha sido de los sitios más damnificados por la contaminación de estas empresas, desde hace ya cinco décadas.
En marzo se publicó la Compilación de las 290 observaciones, sin embargo, hasta la fecha,éstas no han obtenido respuesta por parte del Ejecutivo. Tampoco se ha zanjado un fecha para la tramitación del reglamento en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Contraloría.
De acuerdo al informe “Compromiso Gobierno y Empresas para la descarbonización de la matriz eléctrica en Chile”, confeccionado por Chile Sustentable en junio de 2020, se destacaron las siguientes observaciones:
1.- La remuneración de este 60% del pago para las empresas luego de retiradas del Sistema Eléctrico Nacional se entregaría “por el servicio de estar operativas al momento en que se les llama a despachar energía al sistema eléctrico” en un plazo de 60 días, no corresponde a un mecanismo de remuneración de respaldo del sistema eléctrico, sino una compensación para las unidades de generación a carbón, que acuerdan voluntariamente retirarse del sistema.
Con respecto al punto anterior, Pamela Poo, politóloga ambientalista y encargada de Política y Regulación en Chile Sustentable- en entrevista con El Ciudadano- explicó el sinsentido de este pago: “Por cinco años le vamos a estar pagando, incluso a algunas termoeléctricas que son chatarra, por estar ahí, sin hacer absolutamente nada, porque ni siquiera están respaldando al sistema eléctrico en caso de catástrofe o riesgo.”
La experta continúa con la explicación: “El tema es que prender una termoeléctrica no es de un día para otro. O sea, si hay una catástrofe probablemente no vas a poder encenderla. Además se plantea que se van a encender 60 días antes. Pero, si tú estás con una catástrofe ¿qué catástrofe te llega con dos meses de aviso? O sea, hay todo un tema ahí que hace parecer a esta figura del ERE demasiado forzosa.”
Siguiendo con las observaciones realizadas a este borrador, se puntualiza:
2.-El estado operativo descrito en la definición de ERE (Art 13 j), no constituye un aporte a la suficiencia del sistema eléctrico (…) Sería una distorsión de mercado remunerar un servicio de respaldo no disponible, además, para hacer viable dicha remuneración se requeriría modificar la Ley General de Servicios Eléctricos.
Ante esto, Claudia Fuentes, Ingeniera en Recursos Naturales y encargada del proyecto Descarbonización de Chile Sustentable, entrevistada para El Ciudadano, menciona que “es muy extraño porque es el propio Ministerio de Energía que en su página dice que la incorporación del ERE en el reglamento no tiene otro fin que impulsar el “proceso de retiro o reconversión de centrales a carbón, con la meta de retiro total al año 2040. Entonces la pregunta es si el mercado de potencia es el indicado para ser usado como herramienta para el objetivo de descarbonizar la matriz?”
La encargada del proyecto Descarbonización continúa y responde su propia pregunta: “Y la verdad es que no, porque hay instrumentos económicos (ej. Mejorar el impuesto verde) o de comando y control (ej. Mejorar normas de termoeléctrica) que sí podrían incentivar a una reconversión, optimización o el cierre definitivo de dichas plantas, sin embargo, la señal que pretende dar el ERE al pagar por un servicio que no se presta termina convirtiéndose en una especie de compensación para aquellas centrales que se retiran del sistema eléctrico, cargando la cuenta al resto del mercado y con ello finalmente a los consumidores.”
3.- Para solicitar el estatus de ERE, las generadoras a carbón, no requieren ningún informe de análisis técnico del Coordinador Eléctrico Nacional. Actualmente, debido al superávit de la capacidad instalada del sistema eléctrico (25.000 MW), con respecto a la demanda total (11.000 MW equivalentes) dichas centrales son completamente prescindibles como respaldo del sistema eléctrico.
En entrevista con El Ciudadano, el diputado de Convergencia Social e impulsor del proyecto que planea cerrar todas las termoeléctricas a carbón en 2025, Diego Ibáñez, se refirió a la innecesariedad de este estado de reserva: “Creo que el tema de la reserva para dar seguridad es algo que no se sostiene, porque hoy existen energías renovables no convencionales que están en proceso de construcción, proyectos que se refieren a cerca de 5400 megawatts que vendrían a reemplazar los cerca de 5000 watts que hoy ocupan las termoeléctrica carbón.”, explica.
4.-El pago por ERE implicaría remunerar centrales que superaron su vida económica y están en franca obsolescencia tecnológica.
“De hecho, hay un estudio de la USACH que muestra que si solo contamos a las centrales Tarapacá (1999), Bocamina I (año 1969) Ventanas I (año 1964), Ventanas 2 (Año 1977), Tocopilla U14 (1987), Tocopilla 15 (1989) podrían recibir en conjunto $1.355 millones mensuales por ERE”, señala la especialista Fuentes.
5.- La remuneración a centrales que se han postulado a ERE constituye un enriquecimiento de los generadores en base a carbón, a costa de todas las centrales que SÍ aportan suficiencia al sistema eléctrico, ya que se les rebaja el pago por potencia que estas debieran recibir.
Claudia Fuentes, dice “lo que pasa es que el monto que se paga por potencia en el año es un monto que está determinado por la regulación (demanda máxima), y si hay más centrales que optan a ese pago, el pago que reciben las centrales individualmente es más bajo. Ello en un mercado de la generación eléctrica que está concentrado lleva a que en el mediano plazo estas empresas que son propietarias de proyectos termoeléctricos a carbón puedan con el dinero que reciben del ERE financiar la construcción de sus proyectos de energías renovables”.
La experta continúa para explicar la injusticia comercial de la medida: “Sin embargo, esto se hace a costa de las empresas que ven disminuidos sus montos por potencia y que por ende podrían no tener la misma expansión en sus portafolios de proyecto, lo que a larga no hace otra cosa que seguir aumentando la concentración del mercado de la generación eléctrica”
6- Existe una clara contradicción entre las políticas para acelerar la descarbonización y el instrumento de ERE, que subsidia a las centrales generadoras en base a carbón, remunerando por 5 años un servicio de suficiencia que no se presta.
Frente a la idea del uso de estos recursos fiscales para subsidiar a la industria eléctrica a base de carbón, contaminante y entonces en desuso, el diputado Ibáñez se encuentra en contra: “Son recursos fiscales que tienen que ir orientado hacia fortalecer la matriz limpia y no subsidiar el negocio de las carboneras. Tienen que ir focalizado hacia la inversión de líneas de transmisión descentralizada y abordar los distintos proyectos, ampliar incluso los que ya existen y que están andando, que son energías renovables, no convencionales.”
“Es evidente que el foco debe estar ahí. Ahí está el futuro. Y pensar de una manera distinta es solamente retrasar algo que para el siglo XXI va a ser una regla general de energías renovables no convencionales. Son el futuro y seguir pensando en subsidiar formas de energía obsoleta es retrógrado y nos opondremos a eso”, sentencia el diputado de oposición.
El reglamento oficial todavía no ha sido publicado, se espera que se estudien las observaciones realizadas antes de que la Segpres apruebe y publique el documento que sentenciaría al Estado a subsidiar empresas obsoletas y contaminantes.
“Nosotros conocemos el texto de la consulta pública, no sabemos si se recogieron las observaciones que se le hicieron, pero la verdad es que creemos que no corresponde generar un pago ni un subsidio, porque la verdad es que no están prestando ninguna utilidad al sistema”, concluye Pamela Poo.
Las termoeléctricas a carbón han contribuido sustancialmente a laconcentración de gases de efecto invernadero, vulnerando el derecho a la vida de las personas y el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Es por todo lo anterior que la consigna que abraza la Coordinadora Salvemos Coronel y la Mesa Técnica Socioambiental de Coronel, junto a una serie de organizaciones socioambientales más, es “Chao Carbón al 2025 y sin subsidios”, frente al inexplicable plan de financiación estatal a una de las industrias más contaminantes.
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