Francisca Valencia
Desde los distintos sectores de la población y la política se exige la cuarentena total de la provincia de El Loa frente a letal aumento de los contagios en Antofagasta, el cierre de los aeropuertos y la paralización de las faenas. Denuncias sobre faltas de medidas sanitarias y cifras de contagio que no cuadran son el entramado de este conflicto, en el que el gobierno se niega a paralizar una de las industrias que más se ha enriquecido con la extracción de recursos naturales, a lo largo de la historia del país.
El 1 de julio la Seremi de Salud de la región de Antofagasta, anunció que el 43% de los casos activos de covid-19 en la región provienen de la minería. Una industria que supone una alta movilidad, propagando el contagio, y que sumado a la contaminación generada por la misma industria, impacta altamente en la tasa de mortalidad.
Así, durante las últimas semanas, la actividad minera ha estado en el ojo del huracán tras la ola de contagios que se han registrado en las distintas faenas a lo largo del país. Siendo Antofagasta la región más damnificada, hasta el punto que, el 98% de las camas críticas de la región se encuentran ocupadas. Antofagasta superó este domingo 5 los 10.000 contagios, liderando el promedio semanal de nuevos casos a nivel nacional.
¡Paren las faenas!
Este viernes el Directorio del Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, anunció el apoyo a la paralización del Sindicato Norte de AES Gener, para este lunes 6 de julio, lo cual se traducirá en la afectación de las faenas de Codelco, Escondida, Spence y SQM, a quienes AES Gener abastece de electricidad. Todo esto, tras producirse el quiebre en la negociación colectiva que desarrollaban con la empresa, frente al convulsionado escenario que se vive en las mineras del país.
Este miércoles 1, la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), gremio que concentra al 80% de los funcionarios de esta actividad en el país, elevó una carta dirigida al Ministro de Minería, Baldo Prokurica, alertando la situación que vive la industria a causa del coronavirus.
En la carta se solicita una mesa de diálogo y trabajo tripartita, además, se denuncia la falta de participación de los sindicatos en las más de 4 mil inspecciones que según Sernageomin se han realizado. Se solicita también que se extienda un estándar mínimo de seguridad para el personal de la minería a nivel nacional, ya que en estos momentos dependen de la disposición y voluntad de cada minera y de lo que ellas consideren “seguro”.
Una de las denuncias principales de esta carta es la falta de probidad con que se han manejado las cifras. En ella indican que a través de fuentes sindicales llevan un conteo de 9 muertes (a la fecha ya son 10) en la industria minera, y que el gobierno no se ha pronunciado sobre ellas.
La anterior no ha sido ni la primera ni la última de las alertas que se han extendido desde distintos sectores de la población y la minería. Miguel Ballesteros, coordinador de la Mesa Social Covid-19 de Calama y vocero de la organización Recuperemos Calama, en entrevista con El Ciudadano, señala: “El Gobierno ha llegado tarde implementando las cuarentenas que se venían pidiendo desde marzo, anticipando que entre junio y julio se venía un panorama muy complejo para Calama y la región en general. Y, además, las medidas han sido mal implementadas. La cuarentena no ha tenido un efecto concreto en la reducción de contagios y esto es porque las cuarentenas se han circunscrito al radio urbano y han permitido, o se han adecuado, a que la minería sigue funcionando con cierta normalidad.”
Por lo mismo, el 17 de junio, el Sindicato de Trabajadores de la Minería Chuquicamata realizó un llamado a las autoridades para cerrar el aeropuerto El Loa de Calama, por al menos 14 días. Además, reclamaron la urgencia de que se implemente un hospital de campaña en la ciudad, que pueda descomprimir el Hospital El Cobre y el Hospital Dr. Carlos Cisternas. Peticiones que todavía no encuentran respuesta.
Si bien la región de Antofagasta es la que se ha visto más afectada por la operación minera en mitad de la pandemia, no ha sido la única. El Movimiento Socioambiental Valle del Huasco exigió, a través de un comunicado el 26 de junio, la paralización de la gran minería ante el avance del Covid-19 en la provincia del Huasco, en la región de Atacama. “Le hemos pedido oficialmente al Ministro de Minería que terminemos con los trabajos de desplazamiento”, indica el comunicado.
Tanto El Huasco, como gran parte de la zona norte del país, se ha visto históricamente damnificado social y ambientalmente por la actividad extractivista de las mineras. Así lo explica la científica y doctora en microbiología, Cristina Dorador: “todo está relacionado al extractivismo y al centralismo, y, en este caso de ahora, con la pandemia”.
Profundizando sus dichos, expresa que históricamente las formas de afrontar las problemáticas que afectan a las regiones son bastante similares: “sin ponerle énfasis a lo que las regiones o los territorios digan, ni tampoco a lo que los territorios necesiten urgentemente, sino que más bien se tensan otros factores como son las cifras económicas o macroeconómicas que invisibilizan distintas complejidades que existen.”
La Mesa Social Covid-19 de Calama, el 28 de junio, mediante un comunicado solicitó, al igual que otras organizaciones, la paralización de toda actividad minera en la provincia del Loa para realizar una cuarentena de 14 días. Además de que solo se mantengan los servicios mínimos exigidos por la ley y que se aumente la capacidad hospitalaria
Miguel Ballesteros comentó, además, que hasta ahora el Gobierno ha dejado a voluntad de cada faena las políticas que se implementen en relación al control del virus. “Eso no puede ser. Tiene que ser una política de gobierno, tiene que ser una política del Estado, enfrentar todos los sectores, incluso a los productivos y la minería, para controlar el virus y sobre todo, contener la mortalidad”, señaló el coordinador.
Calama es una de las comunas que tienen las tasas de mortalidad más altas del país. “El 30 de junio venció el plazo para que la Seremi de Salud presentara el proyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica para Calama, al Consejo de Ministros. Calama está esperando un plan de descontaminación porque desde antes esta afectaba la vida y la salud de la población. Hoy día, en un contexto pandemia, esto está causando muertos y eso el gobierno no lo ha asumido”, denunció Ballesteros.
La doctora Dorador expone que no hay que dejar de lado la complejidad territorial que presentan las distintas comunas y poblados, considerando que esa ha sido una de las grandes falencias en el tratamiento de esta crisis. “Desde el punto de vista socioambiental, Calama, en particular, tiene reportado históricamente números muy altos de contaminación del aire por la actividad minera. Entonces esto configura una situación bastante frágil y compleja de contagio en esta zona, históricamente afectada por contaminación ambiental”, señala la investigadora.
Continúa: “La magnitud de la explotación es tan grande que faltarían, yo creo, décadas. No sé si estoy exagerando, pero por lo menos varios años para ver un efecto positivo. Estamos hablando de efectos de exposición a metales pesados, de contaminación del aire, de eventos a veces esporádicos, pero que ocurren, como los derrames químicos en la zona del puerto de Mejillones. O sea, son múltiples industrias y múltiples dimensiones del efecto de la contaminación.”, concluye la científica.
El doctor Juan Carrillo, médico del hospital de Calama y vocero de la mesa social de esa ciudad, ha denunciado en distintos medios nacionales que existe entre un 50 y 80% de positividad en el testeo realizado en los servicios de salud pública de Calama, contribuyendo esta comuna casi con el 46% de los casos de toda la región. El doctor ha denunciado además que el sistema de salud en la región se encuentra colapsado debido a la falta de personal médico.
Atendiendo la urgente problemática, parlamentarios, dirigentes sindicales y líderes sociales de Calama plantearon -el domingo 28- un petitorio al Gobierno nacional. Este incluye: cuarentena total para la provincia de El Loa; cierre del aeropuerto de Calama; prohibición de viajes en bus; paralización paulatina de la división de Codelco, Distrito Norte; instalar un hospital modular y reforzar el personal de salud.
En la petición participaron los senadores Guido Girardi (PPD) y Pedro Araya (ind), junto a las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Catalina Pérez (RD). También fueron partícipes el doctor Carrillo; el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Patricio Elgueta; y los dirigentes sindicales Duncan Araya (supervisores) y Miguel Veliz (Chuquicamata), entre otros.
Los ediles de la zona se suman a estos esfuerzos, emplazando al gobierno a tomar medidas más drásticas frente a la cada vez creciente tasa de contagios en la región. El alcalde de Calama, Daniel Agusto, se ha sumado a través de Twitter y distintos medios nacionales a la petición del cierre del aeropuerto.
La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se ha hecho parte del clamor por detener la pandemia en la zona minera, exigiendo al ministro de Salud extremar las medidas de seguridad. Urgió a cerrar “ahora ya los aeropuertos de Antofagasta y Calama, los terminales de buses, paralizar por completo las faenas mineras y sólo operar en casos de emergencia. Es decir, queremos hablar de una hibernación para la comuna de Antofagasta y también para Calama”, señaló la representante antofagastina.
Esta petición fue aprobada por todos los alcaldes de la región, quienes decidieron enviarla por oficio al ministro de Salud, en nombre de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA).
Con respecto a los contagios y los llamados por parte de distintos sectores a cerrar el aeropuerto de Calama, el ministro Prokurica descartó la medida: “El principal foco de contagios en Calama es Chuquicamata y el 96% trabajadores de ellos vive allá. El foco del lugar está con la misma gente que vive en Calama” aseguró. Por lo mismo, rechazó la posibilidad de cerrar el aeropuerto. “No es la solución”, sostuvo.
El ministro enfatizó, además, que seis empresas de la gran minería ya están trabajando solo con dotación local, “invitando” (y no exigiendo) al resto a sumarse a la iniciativa.
Productividad, ante todo
Codelco informó, el sábado 20 de junio, la paralización de las obras de construcción de todos sus proyectos del Distrito Norte, y que operará la División Chuquicamata exclusivamente con trabajadores de Calama para disminuir el desplazamiento de trabajadores entre regiones. La dotación operante, entre trabajadores propios y contratistas, se estima en un 55% de la total. El pasado jueves 25, se sumó la paralización de la fundición y refinería en la división, de manera transitoria, como media para reducir los contagios. Sin embargo, el avance del covid-19 en la región pareciera indicar que estas medidas no han sido suficientes.
Misma medida adoptada antes en Tarapacá por la minera BHP, quienes desde el 15 de junio decidieron continuar operando solo con personal residente en la región. La empresa australiana, además, expresó que los trabajadores directos y colaboradores impactados por esta medida mantendrán sus condiciones laborales mientras dure esta disposición, a diferencia de otras empresas nacionales.
Sin embargo, el panorama no ha sido tan alentador para todos los trabajadores de la minería. La minera Sierra Gorda SCM, ubicada en la región de Antofagasta, y liderada por el grupo polaco KGHM International, ha decidido no operar únicamente con personal de la zona, a pesar de que solo el 40% de su dotación es de la región.
En tanto, Antofagasta Minerals, ligada al grupo Luksic, y que opera los yacimientos de Antucoya, Centinela, Zaldívar y Los Pelambres funciona con el 65% de su dotación.
Según publicó el viernes 26 La Segunda, basándose en datos del Ministerio de Minería y del Consejo Minero, hasta el jueves 25 la industria minera sumaba hasta ese entonces el importante número de 2961 casos de contagiados, siendo la región de Antofagasta la que lideraba la tabla con 1407 casos. Allí donde operan las mineras Codelco, BHP, Antofagasta Minerals, Freeport McMoran, KGHM y Glencore.
Le seguía la región de O’Higgins con 853 casos, donde la principal operadora es Codelco; seguida por Tarapacá, con 195 casos, en las empresas BHP, Teck, Anglo American y Glencore. La región Metropolitana concentraba 184 casos donde opera principalmente Anglo American. Valparaíso, en tanto, contaba con 175 casos concentrados entre Codelco y Anglo American. Atacama sumaba 87 casos repartidos en las mineras Codelco, Kinross, Lundin y Pan Pacific Copper. Al final de la tabla se encontraban Coquimbo con 57 casos concentrados en Antofagasta Minerals y Teck, hasta llegar a Arica solo con 3 casos.
Sin embargo, el balance realizado desde fuentes sindicales es distinto. En entrevista con BioBio Chile, el presidente de la FTC Patricio Elgueta afirmó: “Sentimos que hay ocultamiento de cifras, ya que tenemos más de 3000 trabajadores contagiados a nivel de Codelco”, añadiendo que están evaluando iniciar acciones legales por el poco control que está teniendo la estatal con la salud y vida de sus trabajadores, y por blanquear las cifras reales de contagio.
“Lo que han hecho las empresas, y ahí el Gobierno se ha lavado las manos, es dejar básicamente esto como un conflicto laboral entre las empresas y los sindicatos. Y este no es un conflicto laboral porque está cobrando vidas humanas de la población local. Esto ya es un conflicto que afecta a la comunidad, no solamente Calama, también a la región y no solamente a la región de Antofagasta, también sucede en Atacama, como sucede en O´Higgins”, sentenció el dirigente Ballesteros.
Desde los altos mandos de la industria minera las iniciativas parlamentarias y de otros sectores de la población, sobre paralización de faenas y cierre de aeropuertos, no son bien recibidas. La Sociedad Nacional Minera de Chile (Sonami) asegura que se han tomado las medidas para proteger al personal y para que no se propague el contagio.
“Es importante que toda la gente que está opinando de esto, se informe de lo que las empresas están haciendo. Las mineras se han preocupado de reordenar los turnos, los viajes, reducir las dotaciones. Hoy los trabajadores de la minería se sienten más seguros en su lugar de trabajo que en el que viven”, manifestó el presidente de Sonami, Diego Hernández. Agregó, además, que la propuesta para que las mineras solo operen con personal de la zona es “populista y demagógica”.
En la misma línea, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que “en cada una de las faenas mineras se han tomado las medidas correspondientes para proteger y cuidar la salud de los trabajadores, aplicando exigentes medidas y controles.
Elgueta expresó en Cooperativa que están solicitando una detención programada para poder sanitizar las áreas de trabajo, y así mantener servicios mínimos que les permita trabajar normalmente. “Es un principio básico que tiene que darnos el empleador y que hoy día Codelco no está cumpliendo«, denunció el presidente de la FTC.
Con respecto a la falta de medidas que aseguren la salud de los trabajadores, el alcalde de Calama, concluyó este viernes en La Tercera: “El gobierno ha privilegiado una mirada económica, de mantener la producción minera cueste lo que cueste, por sobre una mirada sanitaria. Como somos el sueldo de Chile hay que seguir produciendo, aunque la gente se esté muriendo”.
“La minería se recupera, pero las vidas no”, sentenció Miguel Ballesteros.
La noche de este domingo 5 de julio el director de Ciencia de Datos de la Northeastern University (en Silicon Valley) Ricardo Baeza Yates publicó un hilo en Twitter en que reconoce un descenso de los casos de contagios en la Región Metropolitana -que no da para relajarse- pero expresó su gran preocupación por lo que sucede en provincias, especialmente vinculadas a grandes faenas mineras.
Allí señala que Calama y minas aledañas, junto a Iquique-Alto Hospicio y Los Andes/San Felipe (Angloamerican-Andina) necesitan «cuarentenas ya», expresando que «debemos cambiar de estrategia y cortar cadena de contagio».
¿Quién ha ganado más con la minería?
Desde el Ministerio de Minería se esfuerzan en defender el accionar de la industria minera y resaltar las “bondades” e importancia de la minería para Chile. «Tal como lo señalé hace unos días, la labor de fiscalización continúa a diario y ya alcanzamos 4.756 inspecciones en 1.471 faenas, que corresponden al 47,5% de nuestra meta anual. Son cifras positivas que nos impulsan como Gobierno a seguir trabajando con más fuerza. La minería se cuida y más aún cuando sabemos que permite financiar el 25% del gasto social del país«, declaró el Ministro Prokurica.
Es cierto que hace 10 años un cuarto del presupuesto fiscal provenía de los tributos de la industria minera. Sin embargo, el panorama ha cambiado. El peso que hoy tiene el sector minero en el aporte del Fisco ha bajado. La caída del precio del cobre y el alza de los costos en los últimos años ha degradado el rol que cumplía la industria en el aporte fiscal. Pero mucho más que estos factores, lo que realmente incide en la baja tributación minera son los mecanismos elusivos.
El 2019, Codelco junto a la minería privada contribuyeron con alrededor de US$3.000 millones para las arcas fiscales, alejándose drásticamente de los US $14.114 millones que el sector recaudaba en 2007, cuando el cobre vivía su periodo de gloria y la minería representaba más del 30% en el aporte fiscal total. En una década donde las grandes mineras mostraban rentabilidades de más del 50%, registrándose casos, incluso, con utilidades que superaban el 100%. Todo esto debido al inmenso valor, en ese entonces, de uno de los recursos más preciados y agotables del país, como lo es el cobre, y las “convenientes” condiciones que ofrece Chile, todavía, para estos inversores.
Desde 2010 las reglas del nuevo Impuesto Exclusivo a la Minería (IEM), que se supone rigen hasta 2023, han supuesto una serie de beneficios para el empresariado, pese a que se elevó la tasa que debían pagar las mineras, desde un 4 o 5% a una de un 4 a 9%. Sin embargo, a su vez, se definió una invariabilidad tributaria que se extiende hasta 2023, además, se estableció un periodo de tres años con tasas más altas a cambio de muchos años de tasas bajas y se fijó un techo de un 14% casi imposible de tributar, pues para pagar ese máximo se requiere un margen de ganancia de 85%, lo que resulta sumamente difícil para cualquier empresa en condiciones normales.
En diciembre de 2016 un prestigioso equipo de investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, compuesto por Gino Sturla, Simón Accorsi, Ramón E. López y Eugenio Figueroa dieron a conocer el informe Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2014.
Allí se afirma que “la renta económica regalada sin justificación económica alguna (Renta Graciosa)” a las empresas que explotan los diez yacimientos que constituyen la gran minería privada del cobre en Chile (GMP-10) ascendió a USD 120 mil millones (dólares de 2016) para el periodo 2005-2014. “Esta riqueza regalada a la GMP-10 equivale a un flujo anual promedio de largo plazo de USD 12 mil millones, correspondientes al 5,4% del PIB y a casi un cuarto del gasto público”.
Ya en 2017, Sturla advertía en el programa Libres e Iguales de la radio UChile, que la rentabilidad de un 10% se calificaba como un buen índice en el sistema financiero actual. Los dividendos por sobre el 25%, luego de pagar los impuestos correspondientes, en cambio, se consideran excesivos, que es exactamente el caso del sector minero, señalaba el ingeniero.
En Chile, a diferencia de otros países, no existe una política de explotación de los recursos naturales agotables, como lo son el cobre o el litio. Sturla pone el ejemplo de Australia o Canadá, que poseen cobros a la extracción de recursos, lo que permite elaborar otro marco de regulaciones.
En Chile, en cambio, se subsidia a las megaempresas para que mantengan sus faenas principalmente en zonas de gran déficit hídrico, donde tampoco se les cobra por extraer agua.
Mientras tanto, el nuevo proyecto de royalty minero, impulsado hace meses por el diputado de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), que establecería a favor del Estado una compensación por la explotación de la minería del cobre y del litio, contribuyendo a solucionar el problema diagnosticado, hace años, por el ingeniero Sturla y otros especialistas, duerme en el congreso y ha sido caratulado, nuevamente, como “inconstitucional” por parte del gobierno.
El coordinador Ballesteros plantea que estamos frente a un gobierno que ha puesto por delante la productividad y la rentabilidad, que no ha osado en implementar medidas de reducción al funcionamiento de la industria, acusando que ha preferido sacrificar vidas y las sigue sacrificando. “Entonces, nosotros ese es el cuestionamiento que hacemos, ¿acaso los ingresos valen más que las vidas humanas de quienes vivimos en las zonas de sacrificio?”, se pregunta el vocero de Calama Libre.
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