El abogado Luis Mariano Rendón interpuso ante el 7° Juzgado de Garantía una querella contra los funcionarios de Carabineros que resulten responsables por la filtración a la prensa del audio de la denuncia, cuya atención terminó con el asesinato de un carabinero en Pedro Aguirre Cerda.
La querella imputa la comisión del delito contemplado en el artículo 246 del Código Penal, que sanciona la revelación indebida de información por parte de funcionarios públicos. Rendón señaló al respecto que «hay muchas cosas indebidas en este caso. En lo inmediato estoy interponiendo la querella por la divulgación del audio, lo que es grave, pues expone al denunciante, al ni siquiera haberse intervenido su voz para no hacerla identificable.«
La denuncia fue hecha por uno de los clientes de una barbería de Pedro Aguirre Cerda, por porte de armas en el recinto. La llamada al 133, que fue divulgada por Canal 13 el pasado viernes en la noche, relataba que habían al menos tres individuos al interior de la barbería, mientras otro sujeto esperaba afuera del recinto. Además, contaban con un automóvil estacionado en la calle.
«Son al menos tres (individuos) y tienen uno de ellos vigilando», señaló el denunciante, que solo vio a uno de los sujetos armado; «el que anda con el arma automática y cargador extendido».
La denuncia desembocó en un procedimiento policial, para muchos improvisado, que terminó con un carabinero asesinado. El cabo segundo David Florido Cisterna (33 años), falleció después de recibir un disparo en la cabeza. Todavía no hay detenidos por el crimen.
«Esto no solamente importa por poner en riesgo de venganza a un denunciante, sino que desincentiva en general las denuncias, por el temor que pueden tener las personas que estas sean difundidas públicamente por la policía. En medio de la crisis de seguridad que vive el país esto es gravísimo y debe ser investigado y sancionado para que no se repita», señaló Rendón.
El abogado finalizó indicando que «más allá de la filtración, estoy estudiando también acciones contra el mando policial responsable de haber ordenado un procedimiento absolutamente inadecuado para la gravedad de la denuncia. Si se denuncia a un grupo de sujetos portando armas automáticas, debió desplegarse un procedimiento que asegurase la superioridad numérica y de fuego de la policía por sobre los delincuentes. Al no hacerlo, se expuso criminalmente a los funcionarios, con el resultado que uno de ellos fue asesinado y los delincuentes se pudieran dar a la fuga. Sobre eso el mando policial y las autoridades de Gobierno guardan un inaceptable silencio, limitándose a plañideras declaraciones que no aportan nada a impedir que esto se vuelva a repetir.»