POR REDACCIÓN
Puebla, Pue. 20 de septiembre de 2021. Sin ofrecer ningún tipo de evidencias, la Fundación Mary Street Jenkins acusó ayer en un comunicado al gobernador de Puebla de haber “instruido la fabricación de varias órdenes de aprehensión sin pruebas, a través del dominio que ejerce sobre jueces estatales”.
Esta afirmación, que la Fundación no sustenta en prueba alguna, implicaría que el Ejecutivo estatal estaría extralimitando su esfera de poder a la actividad jurisdiccional reservada al Judicial estatal, lo que implicaría una contravención a las doctrinas previstas en la Constitución mexicana para evitar la sobrecarga de poder estatal en un solo individuo.
Además, el comunicado denomina “espurio” al patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que acusa de violentar “suspensiones de amparo vigentes para intervenir de forma ilícita en la UDLAP”.
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De la misma forma, la Fundación Mary Steet Jenkins acusa “violaciones a los derechos humanos en detrimento de los integrantes de la familia Jenkins” , entre los que citan la revocación por la Fiscalía General de la República (FGR) de una determinación de no acción penal dictada por la PGR en 2018; dobles juzgamientos y vicios en las órdenes de aprehensión; instrucción del Ejecutivo estatal de Puebla a determinados jueces para la “fabricación de órdenes de aprehensión”; y la evasión del “cumplimiento de un amparo vigente, otorgada desde el Poder Judicial de la Federación, que obliga la inmediata devolución del campus UDLAP.
Este comunicado se suma a otros en los que la Fundación Mary Street Jenkins ha desacreditado las acciones judiciales giradas contra miembros de la dinastía Jenkins (con excepción de Guillermo de Landa) por el desvío irregular de 720 millones de dólares de la Fundación hacia paraísos fiscales.}
El documento íntegro publicado por la Fundación se puede consultar en el siguiente enlace: