El Gobierno del Estado se encuentra en disposición de establecer una sinergia con las fuerzas federales para prevenir incidentes como el robo masivo que se implementó ayer por la noche en el kilómetro 215 de la autopista Arco Norte, cerca del borde de los estados de Hidalgo y Tlaxcala, en territorio tlaxcalteca.
En este sector de la carretera alrededor de 40 vehículos, muchos de ellos de carga, así como automóviles familiares, fueron asaltados con lujo de violencia por sujetos que después se dieron a la fuga en posesión de su botín.
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En su análisis, Barbosa Huerta determinó que urge más coordinación interestatal para llevar a cabo la supervisión de la autopista. Además, puntualizó que los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran establecidos en Puebla también cuidan esa parte de Tlaxcala.
Por ello, el gobernador anunció que promoverá una mesa de diálogo con las autoridades federales, dado que resulta inaceptable la evidente viabilidad para perpetrar un ataque de esta magnitud contra la ciudadanía que viaja por las carreteras.
Gobernador se pronuncia en torno a encarcelamiento de dos exfuncionarios morenovallistas
Barbosa Huerta hizo referencia durante su matutina a la vinculación a proceso de los dos funcionarios que ayer fueron encarcelados de manera preventiva por cargos de corrupción en referencia a una licitación de infraestructura para el Centro Expositor.
En torno al tema, el gobernador recordó que la licitación para las obras del Centro Expositor comenzó en 2010, por iniciativa de Mario Marín, la que se hizo a favor de una entidad tripartita constituida por una empresa asociada y dos asociantes. Como al final del mandato de Marín el proyecto aún no estaba concluido, fue retomado por el gobierno de Moreno Valle, que emprendió algunas ampliaciones presupuestales para instalaciones eléctricas.
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Después, para pagar lo que se debía a los proveedores constructores, se hizo un litigio. Más, adelante, la empresa asociante y las asociadas del Centro Expositor comenzaron a cometer irregularidades. Además, el gobierno de Moreno Valle habría realizado un pago irregular a la empresa asociante, en vez de a la empresa asociada, que es el procedimiento que marca la ley.
De estos ilícitos se habría desprendido la denuncia que terminó con Guillén Almaguer y Pedraza Bouchan en el penal de San Miguel.
El gobernador estimó el daño patrimonial al gobierno del estado en una cifra superior a 200 millones de pesos.
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