Tener más cuidado en la creación y promulgación de leyes, así como en la operación de nuevos organismos, sugirió el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, a los 41 integrantes del Congreso local, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) en el 2019.
El martes 7 de junio, el pleno de la SCJN invalidó diversas normas que impactan en los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas entre ellas las realizadas por la LX Legislatura en Puebla, por no consultar a los involucrados.
En rueda de prensa, Barbosa Huerta señaló que a pesar del fallo de la SCJN, los diputados que actualmente se encuentran en el Legislativo cuentan con 12 meses para corregir la reforma y garantizar el funcionamiento del IPPI, por lo que llamó a realizarlo lo más pronto posible.
“Tienen 12 meses para cumplir esas resoluciones. Hay que cumplir, se tienen que cumplir. Las resoluciones judiciales se cumplen, no se discuten”
Luis Miguel Barbosa Huerta
Recordó que tendrán que hacer consultas a las comunidades indígenas y a la sociedad en general, de acuerdo con los lineamientos que prevea la ley, y una vez que consideren que se encuentran resarcidas todas las omisiones, volverá a ser votada en el pleno y en caso de ser aprobada, se promulgará de nueva cuenta.
La SCJN le corrige la plana al Congreso de Puebla
El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó la reforma con la que se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), así como la Ley de Salud Mental, por no realizar las consultas previas a los grupos vulnerables.
En el primer caso, los magistrados invalidaron la reforma que se hizo en 2019 a Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, ya que se ignoró a la Constitución Mexicana, que obliga obligan a consultar a las comunidades indígenas sobre las medidas, políticas públicas o decisiones que se tomen respecto a ellas.
Para la Ley de Salud Mental –que se expidió el 12 de octubre de 2021– la SCJN determinó que el Congreso local no cumplió con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también sugiere consultar de forma “estrecha y activa” a los involucrados.
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