Una gran confabulación es la lectura que el gobernador Barbosa Huerta realiza a partir de la información que ha recabado la autoridad desde su intervención en las oficinas de la UDLAP.
«En cuanto al capital de la Fundación Mary Street Jenkins, sí hay una gran colusión, una gran confabulación, que involucró a privados y a entidades públicas., Ahora se ha instrumentado un gran litigio, donde miembros del patronato litigan con enormes fondos. De ese litigio, seguramente saldrán responsabilidades personales de toda índole, acreditables a quienes ahí están presentes».
Miguel Barbosa Huerta
De acuerdo al mandatario, los miembros del patronato no se esperaban el giro que tomó su Fundación en días recientes, dado que la extracción de más de 700 millones de dólares ya era para ellos un hecho consumado. En la visión de Barbosa Huerta, la UDLAP estuvo en manos de personas que permanentemente abusaron de ella.
«Ese litigio se va a resolver con sentencias seguramente muy duras. Todos aquellos que caminaron por la vida con una enorme actitud de presunción, a ver dónde quedan. Más allá de las auditorías, lo importante es lo que ya está en manos de las autoridades.
Yo a lo que llamo es a un arreglo, que tengan un arreglo por el bien de la fundación Mary Street Jenkins y por el bien de la UDLAP. Que no se sigan escudando en el noble espíritu de la juventud universitaria para impedir que se sepan todos los actos ilegales que se han cometido».
Miguel Barbosa Huerta
La batalla por la UDLAP en una cáscara de nuez
El 29 de junio, elementos de la Policía estatal tomaron las instalaciones de la UDLAP para garantizar el acceso de un nuevo patronato, nombrado por el organismo del Gobierno de Puebla denominado Junta Para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.
Ello se debió a que los miembros del anterior patronato, conformados mayoritariamente por la familia Jenkins, se encuentran prófugos de la justicia ante una orden de aprehensión girada por un juez de Almoloya.
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Todos los miembros de la familia Jenkins, con excepción de Guillermo Jenkins de Landa, se encuentran en California, fuera del alcance de la justicia mexicana, que los busca en relación con el desfalco de 720 millones de dólares a las arcas de la Fundación Mary Street Jenkins.
Fue Guillermo Jenkins de Landa quien interpuso la demanda contra su madre, sus hermanos y dos de sus abogados que despachan desde Guadalajara, Jalisco. En un comunicado a la opinión pública, la señora Elodia Sofía de Landa de Jenkins, matriarca de la familia, llegó a llamar a su hijo Guillermo «un ser despreciable«.
El 1 de julio, estudiantes de la UDLAP se manifestaron afuera de la institución exigiendo la liberación del plantel por las fuerzas estatales.
El 7 de julio, el nuevo patronato promovido por el Gobierno de Puebla denunció penalmente al rector Luis Ernesto Derbez Bautista ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y delincuencia organizada. El gobernador Miguel Barbosa sentenció que los oficios de Derbez habrían resultado críticos en el desfalco a la Fundación.
El 14 de julio, el nuevo patronato destituyó a Derbez Bautista, quien había ejercido durante 13 años como rector de la UDLAP. En su lugar nombró a Armando Ríos Piter, quien de inmediato fue rechazado por la Fundación Mary Street Jenkins, que argumentó que por un tema de grado académico, Ríos Piter no cumplía con el perfil requerido.
El viernes 16 de julio, el juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla ordenó restituir al antiguo patronato de la UDLAP.
Hasta el momento, sin embargo, no se ha reportado el regreso al campus ni del rector ni del antiguo patronato.
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