Por: Patricio Melillanca / El Ciudadano
Los prisioneros políticos mapuche (PPM), que llevan 52 días en huelga de hambre en las cárceles de la Región de la Araucanía, enviaron una carta al presidente Sebastián Piñera para que asuma su responsabilidad política y administrativa en la grave situación que los afecta como resultado de su encierro en contexto de pandemia. Exigen se aplique el Convenio 169 de la OIT y se termine con el racismo judicial ejemplificado que en tiempos de pandemia ningún preso mapuche ha sido liberado para descongestionar los recintos penales.
Los prisioneros exigen su libertad aduciendo la grave situación de habitabilidad en los penales y el inminente riesgo de contagio al interior de ellas. Esta demanda es en función de las recomendaciones realizadas a nivel internacional, incluso por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La situación peculiar es que el gobierno chileno ha otorgado libertad a varios prisioneros de delitos comunes, pero este beneficio no se le ha sido otorgado a ningún prisionero mapuche.
Lo más escandaloso es que dos asesinos de comuneros mapuche, el carabinero que disparo al peñi Camilo Catrillanca y el policía que mató al weichafe Alex Lemun, fueron liberados por el gobierno. Además, los policías involucrados en la operación Huracán también recibieron beneficios que implicaron su salida de prisión.
Rodrigo Curipan, werken (vocero) de la comunidad Ranquilco y vocero de los prisioneros Mapuche de la cárcel de Angol señala -en entrevista con El Ciudadano- que es necesario crear una mesa de alto nivel y resolutiva en la que participe el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, dado el poder que este tiene para aplicar el Convenio 169 y destrabar esta huelga de hambre.
Cabe consignar que este lunes 23 de junio la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones, un proyecto de resolución de la diputada mapuche Emilia Nuyado (PS), que busca modificar el régimen carcelario de los presos políticos mapuche (PPM) en huelga de hambre.
“Se pide agilizar el otorgamiento de beneficios carcelarios dispuestos en la normativa vigente o que se envíe un proyecto de ley especial para el caso de las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas, a fin de que cumplan su condena fuera de los recintos penitenciarios”, explicó Nuyado.
“Sabemos que (esta resolución) no es vinculante jurídicamente pero si es una respuesta política frente a una demanda de los prisioneros que nos respalda políticamente”, dice el werken Curipán.
PM: Este lunes 23 hubo una concurrida manifestación de apoyo a las demandas de los PPM, ¿Cuál fue el objetivo de esa actividad?
RC: Fue visibilizar la situación en que están los PPM de la cárcel de Angol, 8 de los cuales están en huelga de hambre y cumplen 52 días en esta condición. El otro objetivo fue entregar una carta al Presidente de la República, vía intendente de la Araucanía, para informar el estado de salud de los peñis y para buscar una salida política a esta huelga de hambre. Planteamos la necesidad de establecer una mesa de alto nivel político para poder resolver lo que está ocurriendo en Angol.
– ¿Cuál es el estado de salud de los prisioneros?
– La situación es crítica porque están pasando a los 52 días de huelga y ya van con un promedio de 22 kilos de pérdida de peso. No hubo una preparación para enfrentar una huelga de hambre. Esto parte luego de una serie de demandas que gendarmería no cumplió a lo que ahora suma la necesidad en tiempo de pandemia de estar fuera de la cárcel. Hay algunos prisioneros que están ya condenados y otros con detención preventiva. Hay situaciones de salud de los presos que a esta altura (días) en otras huelgas no se presentaron, como síntomas estomacales, generación de úlceras y vómitos con coágulos de sangre. Durante los primeros 35 días gendarmería se negó a que pudiesen entrar un médico de confianza y una Machi a ver a los peñis, eso generó que la situación se agravara, porque no había acompañamiento médico ni tampoco lawenes (medicina mapuche) que evitara se afectara tanto la situación de los peñi. Esa negativa generó que hoy la baja de peso haya sido muy drástica, los síntomas que genera una huelga de hambre se presentaron antes de tiempo, como las hemorragias internas; a esto se suma que estamos en una situación límite.
La situación requiere que el gobierno tome decisiones políticas cuanto antes. Y que esto se haga dentro del ámbito y de las competencias que le corresponde a las instituciones del Estado, que es aplicar el Convenio 169 de la OIT de manera efectiva.
– ¿Qué instituciones se han involucrado en esta situación?
– El médico que está atendiendo es del Colegio Médico, pero él está haciendo esta labor de manera personal. En el caso del INDH, esta institución ha estado desde el primer momento monitoreando la huelga y esto se ha mantenido. Incluso el director nacional del INDH (Sergio Micco) vendrá esta semana a hacer una visita. Cabe hacer notar que hay un reporte del INDH en que se afirma que esta es una huelga compleja, difícil de abordar del punto vista médico y que se deben tomar acciones políticas sobre demandas que son legítimas, que están dentro del marco legal y que solo requieren de voluntad política.
– ¿Que significa la demanda de establecer una mesa de alto nivel para dar solución a la huelga?
– Hemos planteado que primero se establezca una mesa seria políticamente. Que se aplique el Convenio 169 y para eso, alguien debe tomar la iniciativa y ese actor debe ser el gobierno. A nuestro juicio quien debe estar en esta mesa debe ser el Ministro de Justicia, a quien ya se lo planteamos el lunes pasado en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (de la Cámara de Diputados). Eso sería una mesa de trabajo seria. Pero si nos van a mandar a conversar con alguien que no tiene peso político, la situación se va a entrabar. Nosotros como mapuche no vamos a hablar con el director de Gendarmería, cuando este director depende del Ministro de Justicia, quien es en definitiva el responsable de tomar decisiones políticas y a la vez quien tiene la maniobrabilidad de que se aplique el Convenio 169 con personas que hoy están en detención preventiva. Y en el ámbito de la pandemia, que se hagan cargo de lo que ha recomendado la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana de DD.HH., la fiscal de la Corte Suprema, el Defensor Nacional y el director del departamento de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional Pública. Varias organizaciones del estado han recomendado buscar el desencarcelamiento en tiempos de pandemia. Buscamos una mesa que sea resolutiva y que tenga maniobrabilidad política.
Agrega Rodrigo Curipán:
Los peñis piden la libertad porque no se ha aplicado el Convenio 169 en los tribunales chilenos, sobre todo en el ámbito penal. Cada vez que hay un condenado mapuche solo se aplica la ley chilena nacional y no el Convenio 169. Esto se debe aplicar tanto para los condenados y para los que están en detención preventiva. Y, en segundo lugar, como estamos en situación de pandemia, el gobierno está tomando medidas para reducir la población penal, entonces nosotros demandamos que se aplique esto en conjunto con la aplicación del Convenio 169.
Todo esto lo estamos solicitando en el marco de la igualdad ante la ley, porque hemos observado que la situación del asesino de Camilo Catrillanca, él ahora está en libertad porque se argumentó que podría ser contagiado con Covid-19. Esto mismo está ocurriendo con los que montaron y facilitaron la operación Huracán. Y el carabinero que asesinó al peñi Alex Lamún también salió en libertad tras pagar 50 mil pesos que les pidió el tribunal para sanar los daños causados. Esto es un acto discriminatorio.
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