Acusan al gobierno de “empalamiento de la política indígena”

Imagen: Rafael Tuki, consejero Rapa Nui ante Conadi y Ariel León Bacián, asesor jurídico.

El Consejero Indígena Rapa Nui ante Conadi, Rafael Tuki, acusó al gobierno de Piñera de “empalar la política indígena”, en medio de un cese de funciones del Consejo de Conadi, del desvío de recursos para compra de tierras y de la falta de una política indígena con respecto a la pandemia, razón por la que acudió a la Contraloría General de la República denunciando los hechos.

Gobierno de Sebastián Piñera paraliza la política indígena en Conadi, lo que a juicio del consejero Conadi, Rafael Tuki, se vulnera la Ley 18575, ya que impide el funcionamiento regular de un órgano público.

El 24 de septiembre, a través de un correo electrónica informal, desde el mail de un funcionario (Rodrigo Francois), se distribuyó al Consejo de Conadi: “Por especial encargo del Director Nacional, Sr. Ignacio Andrés Malig Meza,  se adjunta circular que cita a sesión ordinaria del Consejo nacional de Conadi,  la cual se realizará el 30 de septiembre a las 16 horas, en modalidad de video conferencia, utilizando la plataforma zoom”.

Entre los puntos a tratar estaba el cese de funciones del Consejo de Conadi y luego, un correo con fecha 1° de octubre, de Eduardo Yañez, encargado de finanzas de Conadi, solicitaba “la devolución de equipos telefónicos y computacionales”.

Rafael Tuki señaló: “Octubre, el mes conocido por los pueblos indígenas, como el mes del genocidio de los imperios europeos en las américas, ha sido curioso que el gobierno lo haya elegido para empalar la política indígena, la representación de los pueblos, en una instancia del estado chileno. Esto es una situación muy grave, que debe ser denunciado, conocido y corregido”.

Por su parte, Ariel León, asesor jurídico, redactor de la denuncia ante Contraloría General de la República junto al Consejero Rapa Nui, Rafael Tuki, manifestó sobre estos hechos:  «La Conadi comete una ilegalidad manifiesta, pues vulnera lo establecido en la Ley N 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, las instituciones públicas deben tener un funcionamiento permanente, pues se deja de satisfacer la necesidad colectiva de manera regular y continua que implica la política indígena, mediante el Consejo CONADI»

El artículo señalado establece que: “Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua”. 

Al respecto, León indicó: “Todos sabemos que la CONADI no es perfecta, pero paralizar su funcionamiento a través de la suspensión del Consejo por razones meramente burocráticas, daña a los pueblos originarios”. Agrega: “Dando por terminando el mandato y la labor que desarrollan los Consejeros Indígenas sin tener listos los nombres de quienes los sucederán en el cargo, lo único que logra CONADI es paralizar por completo las políticas de ayuda a personas y comunidades indígenas, dejando en completo abandono a los pueblos que estos consejeros representan”.

El Consejero Tuki indicó: “Hay que recordar que  Conadi es la única instancia que existe en estos momentos de representación de los Pueblos Originarios, independiente de su necesaria modificación o restructuración, es la única representación reglada que tiene instancia de representación de los pueblos, entonces esto es de suma importancia y gravedad, porque el gobierno de Piñera empaló la política indígena, más encima en época donde se están revisando los presupuestos”.

Desvío de recursos para la compra de tierras

Consejeros de la Corporación Nacional de desarrollo Indígena (CONADI) desde hace tiempo vienen denunciando que los fondos destinados a la compra de tierras no se están ejecutando y que el presupuesto se estaría destinando a otros objetivos.

El Consejero Mapuche Lafkenche ante Conadi, Iván Carilao, denunciaba a medios de prensa a fines de febrero de este 2021, que “Desde 2019 que la ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas ha sido bastante oscura. Se ha ocultado información”, agregando que con el presupuesto del año anterior se habían gastado “casi $ 6 mil millones (5.8) para compra de tierras, de un total de $ 76 mil millones”, acusando que el gobierno busca hacer colapsar esta situación.

Por su parte, Rafael Tuki, señaló recientemente: “He denunciado por dos años seguido la política genocida del señor director Ignacio Malig y del gobierno, porque en estos dos años se han sacado miles de millones de pesos para la compra de tierras y se han desviado con destinos desconocidos”.

Además del freno a la ejecución para compras de tierras, Tuki señala que la institución recibe “un mísero porcentaje presupuestario en comparación a otras políticas sociales”, denunciando que es una abierta discriminación.  Asimismo, indicó la ausencia de una política indígena con relación a la pandemia, “dejando en completo abandono a los pueblos indígenas y sus comunidades”.

Denuncia ante Contraloría General de la República

El Consejero indígena Conadi del Pueblo Rapa Nui, Rafael Tuki y el asesor jurídico, Ariel León, ingresaron una denuncia a la Contraloría General de la República la que se encuentra en estado de tramitación.

Parte de los argumentos, se relacionan con lo dispuesto por la Ley N 21.244 que Prorroga el Mandato de los Miembros de las Directivas de Comunidades y Asociaciones Indígenas, y la Vigencia de los Actuales Representantes Indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el Impacto de la Enfermedad Covid 19 en Chile, el mandato establecido para que desarrollaran sus funciones los consejeros se modificó en tiempo y se extendió hasta el fin del estado de excepción, indicando la ley textualmente que:

Artículo 17° “Prorrogase el período por el cual fueron elegidos los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas a que se refieren los artículos 9 y siguientes y 36 y 37 de la presente ley, que cumplan el plazo por el cual fueron designados durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en el tiempo en que éste fuere prorrogado, si es el caso, o que lo hayan cumplido en los tres meses anteriores a su declaración”.

El Consejero Rafael Tuki indica en la denuncia: “A pesar de lo establecido en el artículo mencionado en relación al tiempo en que ejercerían el mandato una vez terminado el estado de excepción constitucional que se encontraba vigente por fines de resguardo de la salud pública, grande fue nuestra sorpresa cuando, en palabras del Director Nacional de la CONADI, don Ignacio Malig Meza, la labor de los consejeros debía llegar a su fin, siendo la instancia elegida para comunicar éste hecho una sesión ordinaria del Consejo Nacional por vía telemática mediante aplicación Zoom el día jueves 30 de septiembre del presente año, en donde se les indicó a todos los Consejeros Indígenas que su mandato había llegado a término en virtud del fin del estado de excepción constitucional decretado con motivo de la pandemia por el virus Covid 19”. 

También se fundamenta: “Asimismo, sostenemos que el mandato que nos vincula directamente con el cargo y la función que desempeñamos, no debería verse suspendido ni menos quedar vacante sin nadie a cargo, al menos hasta que se lleven a cabo las consultas vía votación, ya que no existe certeza de que éstas efectivamente puedan realizarse, por la serie de acontecimientos que por motivos de salud han influido de forma directa en la determinación del funcionamiento de algunas instituciones, y que podrían obligar a suspender ciertos actos o modificar ciertos periodos como ya se ha estado haciendo durante el tiempo que duró el estado de excepción”.

Al respecto, hacen mención a lo establecido en la Ley N 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, “las instituciones públicas deben tener un funcionamiento permanente”, en virtud del artículo 28 que establece lo siguiente: Los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua”.

Asimismo, dicha ley establece en su artículo 42 que Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio, solicitando a la Contraloría investigar los hechos.