Agarrando activos a los manifestantes contra la guerra

Mientras fue presidente, G. W. Bush, firmó dos órdenes ejecutivas que facultan al departamento del Tesoro para apoderarse de los bienes de cualquier persona percibida –directamente o indirectamente– como una amenaza para las operaciones de EEUU en el Oriente Medio. La primera de estas órdenes ejecutivas, titulada «Bloqueando las propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Iraq» y firmada por Bush el 17 de julio de 2007, autoriza a la secretaría de Hacienda, en consulta con el departamento de Estado y el Pentágono, a confiscar los activos de los ciudadanos y de las organizaciones de EEUU que «directa o indirectamente» planteen un riesgo a las operaciones de EEUU en Iraq.

Las órdenes de Bush:

«He emitido una orden ejecutiva bloqueando las propiedades de determinadas personas 1) por haber cometido o planteado un riesgo significativo de confianza, un acto o actos de violencia con el propósito o el efecto de amenazar la paz o la estabilidad de Iraq o el gobierno de Iraq o de minar los esfuerzos por promover la reconstrucción económica y reforma política en Iraq… o 2) por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído financiamiento, material, logística o apoyo técnico, o las mercancías o servicios en apoyo de un acto o de actos de violencia o de cualquier persona cuyas propiedades e intereses sean bloqueadas conforme a esta orden…»

La sección cinco de esta orden anuncia que «… debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos instantáneamente, el aviso previo a tales personas sobre las medidas a ser tomadas conforme a esta orden haría estas medidas ineficaces. Y por lo tanto, se determina… no necesitarse ningún aviso previo sobre el listado o la determinación [de bloqueo de bienes]… »

El 1 de agosto Bush publicó otra orden ejecutiva similar, titulada «Bloqueando la propiedad de las personas que minan la soberanía del Líbano o sus procesos e instituciones democráticas». Aunque el texto de esta orden en su mayor parte es idéntico al de la primera, la orden respecto a El Líbano es más severa.

Mientras ambas órdenes eluden el derecho constitucional al debido proceso que establece la ley, otorga a la secretaría de Hacienda la autoridad de hacerse de las propiedades de esas personas que planteen un riesgo de violencia, o a lo que se entienda de cualquier manera vaga como oposición a la agenda de EEUU. La orden del 1 de agosto apunta a cualquier persona determinada por haber incurrido, o por plantear un riesgo significativo de tomar alguna acción violenta o no violenta que mine las operaciones en El Líbano. Autoriza a congelar también los activos «de un esposo o de un niño dependiente» de cualquier persona cuyos bienes se incauten y esta orden ejecutiva sobre El Líbano también prohíbe el abastecimiento de alimentos, abrigo, medicinas o cualquier ayuda humanitaria a quienes cuyos activos hayan sido confiscados, incluyendo a los «niños dependientes» referidos arriba.

Escrita de una manera vaga y peligrosamente abierta para la más amplia interpretación, esta orden inconstitucional permite apuntar arbitrariamente contra cualquier estadounidense para despojarlo de todas sus pertenencias y relegarlo al ostracismo de la sociedad. Bruce Fein, abogado constitucionalista y ex funcionario del departamento de Justicia en la administración Reagan, dijo de la orden: «Esto está increíblemente escalonando. Nunca he visto nada tan amplio. Se amplía más allá del terrorismo, más allá de intentar utilizar violencia o la amenaza de violencia para intimidar a la población».

En un editorial para el Washington Post, Fein dijo: «La persona sometida a una congelación de sus activos es convertida en un leproso. Las sentencias de muerte financiera son emitidas por secretaría imponiéndose sin aviso ni ninguna oportunidad de responder sobre la base del proceso debido. Desean dar el garrotazo como un relámpago. Cualquier persona cuyos activos se congelen inmediatamente enfrenta una atroz comprensiva. La víctima no puede recibir ayuda ni sus eventuales benefactores pueden proporcionarle fondos, mercancías o servicios de ninguna clase. Un abogado no puede proporcionar servicios jurídicos para desafiar la acción de bloqueo por secretaría. Un doctor no puede proporcionar servicios médicos en respuesta a un fallo cardiaco». Fein agrega: «El departamento de Justicia rutinariamente confía en que las órdenes ejecutivas que revisa sean consistentes con la Constitución. ¿Estará durmiendo el Abogado General?» (1).

*ACTUALIZACIÓN DE MATT ROTHSCHILD

Ésta es una historia que virtualmente no fue recogida –que se sepa– por ninguno de los grandes medios de prensa corporativos. Cuando viajé alrededor del país para dar conferencias el verano pasado y traje a colación el tema de esta orden ejecutiva, la gente no podía creerlo y se preguntaba porqué no habían oído hablar de él. Todavía estoy preguntando eso mismo.

Aquí hay un par de buenos lugares para ir a las ediciones relacionadas con esta historia: The American Civil Liberties Union, www. aclu.org y The Center for Constitutional Rights, www.ccrjustice.org.

Cita:

1. Bruce Fein, “Our Orphaned Constitution,” Washington Times, August 7, 2007

Fuentes:

Global Research, July 2007

Seizing War Protesters’ Assets
Por Michel Chossudovsky y Matthew Rothschild
Estudiantes investigadores: Chris Navarre y Jennifer Routh
Evaluador académico: Amy Kittlestrom, Ph.D.
Traducción: Ernesto Carmona