Según informe del Consejo Indigenista Misionario, durante el 2019 se contabilizaron al menos unos 160 casos de ocupación ilegal de tierras pertenecientes a los pueblos originarios incrementando también la violencia en esos espacios
Las invasiones a tierras de comunidades nativas se han multiplicado en lo que va de año y ya llegan a 160, según datos preliminares del informe «Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil», divulgado por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI).
Según este informe, en los nueve primeros meses de 2019, hubo un total de 160 casos de «invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio de los pueblos indígenas». Se trata de un fuerte crecimiento respecto a 2018, cuando en todo el año hubo 109 incidentes de este tipo.
Además, el organismo remarca que los casos se dan cada vez más en tierras indígenas y en más regiones del país: en 2018 hubo invasiones en 76 tierras de 13 estados, y en 2019 ya son 153 las afectadas en 19 estados.
La tendencia es al alza en todo tipo de agresiones contra los pueblos indígenas: en 2018 fueron 109 invasiones, frente a las 96 de 2017, pero el número de asesinatos también aumentó. En 2018 hubo 135, siendo los estados más peligrosos para los indígenas los de Roraima (62), en el norte; y Mato Grosso do Sul (38), en el suroeste; en 2017, se registraron 110 casos de asesinatos.
Según el CIMI, se está instalando un nuevo modelo de apropiación de las tierras indígenas que aún es más agresivo con sus derechos. «Generalmente, los invasores entraban en las tierras y robaban la madera, los minerales, la biodiversidad, etc (…) pero, en algún momento, se iban; ahora, sin embargo, en muchas regiones quieren el título de propiedad de la tierra y las invaden con el objetivo de permanecer en ellas», apuntan.
El informe cita casos graves donde invasores están intentando vender terrenos, en las tierras indígenas de Arariboia (Maranhao, noreste) y Karipuna y Uru Eu Wau Wau (Roraima, norte).
Otro caso grave de violación de derechos originarios de los pueblos indígenas es el de la tierra de los Munduruku (estado de Pará, norte) donde se estima que ya se instalaron más de 500 minas ilegales para extracción de oro y otros minerales.
El informe también apunta que en 2018 se registraron 101 suicidios y 591 casos de mortalidad infantil, en niños de cero a cinco años, pero que estos datos no están del todo cerrados por lo que es probable que sean superiores.
Cortesía de Sputnik
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